JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ / Las nueve esquinas / San Luis Potosí, S.L.P. / 2 Oct. 2014.
No están faltos de razón quienes dicen que la elección de los diez nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia pudo salir peor (sobre todo en el caso de haberse llegado a una segunda lista), pero más razón tienen quienes piensan que pudo haber salido mucho mejor. Personalmente estoy convencido de que si el Congreso hubiera sido más responsable y no renunciado tan fácilmente a su independencia, el resultado final habría sido más satisfactorio.
Los señores diputados hicieron bien en romper el candado de las ternas, pero de poco sirvió ese hecho positivo al aprovecharlo para hacer una sola modificación en la lista de los favoritos del Ejecutivo. Como lo comentamos la semana anterior, los 21 legisladores priístas, verdes y panistas, más Chogono, fueron instruidos por el Secretario General de Gobierno de que se debía respetar el formato de ternas y elegir a los primeros de cada una de ellas.
En los hechos, al dictaminar en comisiones los diputados se desentendieron de los tríos y formularon una sola lista de los 30 propuestos en riguroso orden alfabético. Eso les permitió en el Pleno sacar del primer lugar de la octava terna a Abel Pérez Sánchez (de muy escasa experiencia) y sustituirlo por Juan Paulo Almazán Cué (uno de los mejores perfiles), quien era segundo en la séptima terna y en los planes del Ejecutivo estaba condenado a no ser elegido.
Pero eso fue todo. El otro movimiento, el de Graciela González Centeno que ocupaba el segundo sitio de la décima terna y sustituyó a Álvaro Elías Loredo como favorito, fue producto de las grillas internas del PAN. La propuesta original de Elías Loredo fue de Héctor Mendizábal y nunca agradó del todo a los legisladores panistas. Utilizando como pretexto que el cinco veces ex diputado nunca los buscó ni para saludarlos, lo bajaron de la lista “buena” y ni siquiera se preocuparon de proponer a alguien más en su lugar. La otra posición panista, María del Rocío Hernández Cruz, siempre estuvo considerada. Ocupaba el primer sitio de la sexta terna.
Todavía un día antes de la sesión dominical, varios diputados intentaron eliminar de los elegibles a Juan José Méndez Gatica, de mala fama no sólo por llevar años como juez de consigna del Ejecutivo sino por resoluciones poco acertadas. Fue imposible, Cándido Ochoa hizo berrinche, pataleó, grito y amenazó para sostener a Méndez Gatica, con el argumento de que había prestado valiosísimos servicios al Gobierno y había que compensarlo.
Por otra parte, si cualquiera de los 27 diputados se hubiera preocupado de hacer mejor las cosas, por ejemplo solicitando al Consejo de la Judicatura del Estado informes detallados sobre el desempeño de los jueces propuestos para magistrados, seguramente habría descubierto que por lo menos uno o una de quienes fueron elegidos no tiene su hoja de servicios muy impoluta que digamos.
En resumen, pudiendo haber hecho tres o cuatro cambios para eliminar las propuestas más débiles o cuestionables y elevar el nivel general de los perfiles seleccionados, los señores legisladores se fueron por el camino fácil e hicieron sólo uno y solucionaron otro imprevisto.
Por lo demás, el argumento favorito para defender el listado final –que se privilegió la carrera judicial- es cuestionable. Ciertamente, nueve de los diez magistrados electos el pasado domingo tienen carrera judicial: ocho eran jueces y una era secretaria de la Tercera Sala del STJE.
¿Es sano que prácticamente todos los integrantes de la cúpula de un aparato impartidor de justicia provengan de sus propias filas? Pienso que no. Creo que la variedad de formaciones en su seno -la academia, el ejercicio libre de la profesión o el servicio público en áreas jurídicas- fortalecería su capacidad para cumplir mejor su elevada responsabilidad.
De hecho así había sido siempre. Basta revisar los currículums de los diez que se fueron y de los seis que se quedaron para constatar la diversidad de sus orígenes y formaciones profesionales. Más aún, basta leer las fichas biográficas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para constatar que allá también se ha buscado ese tipo de diversidad.
Pero además, si en los prolegómenos de este relevo colectivo se habló mucho de que la impartición de justicia en San Luis Potosí está desacreditada por corrupta, incompetente e improductiva, cabe preguntar si todos esos males son exclusivos de su instancia más alta, el pleno del Supremo Tribunal. ¿Magistrados corruptos, inmorales, improductivos e incompetentes (Fernando Toranzo dixit) comandando y supervisando a puros jueces inmaculados, honestísimos, competentísimos y casi canonizables? ¡Por favor!
Finalmente, los tres diversos juicios de amparo promovidos contra la elección de los nuevos magistrados siguen vivos. El primero, desechado de inmediato por un juzgado de Distrito, ya está a revisión en un Tribunal Colegiado. El segundo y el tercero fueron admitidos por diversos juzgados federales y aunque se les negó la suspensión provisional, están en trámite para resolver el fondo. En uno de estos últimos se interpuso el recurso de Queja por la negativa de la suspensión provisional. Se llevarán su tiempo antes de llegar a resoluciones definitivas.
< MALOS PRESAGIOS.
Indudablemente que el arribo de Rodolfo Aguilar Gallegos a la presidencia del nuevo órgano electoral local habría sido muy inconveniente, pero la forma como se evitó no puede ser ni avalada ni cohonestada. Al contrario, es absolutamente condenable por cuanto confirma el uso perverso y tendencioso de la justicia potosina. Nadie puede sentirse seguro en un lugar donde la justicia sirve como garrote del gobernante en turno para ajustar cuentas. Desde otra perspectiva, este asunto evidenció fallas en el nuevo modelo de centralización encarnado en el Instituto Nacional Electoral.
Aguilar Gallegos concluyó hace cuatro años su ejercicio como presidente del hoy desaparecido Consejo Estatal Electoral envuelto en el escándalo, la desaprobación y fuertes dudas sobre su integridad personal.
Lo que todo mundo recuerda de su actuación en las elecciones del 2009 fue el fallo en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la manera errática como se condujo para solventarlo y su afán de echarle la culpa a otros, en particular a la Universidad. Sin embargo, el rencor que le guarda Fernando Toranzo y que le acaba de cobrar tiene un origen distinto: Durante larguísimas 48 horas posteriores a los comicios, RAG se negó injustificada y sospechosamente a reconocer que había una clara tendencia favorable al candidato priísta.
Cualquiera que sea la razón por la que lo haya hecho (unos dicen que a petición del gobernador Marcelo de los Santos y/o del candidato panista Alejandro Zapata dizque para abrir espacio a un posible manipuleo de los resultados, y otros que fue por iniciativa propia con propósitos hasta ahora desconocidos), lo cierto es que no obstante que en las otras entidades donde hubo elecciones ese mismo día de inmediato se reconocieron y declararon las tendencias, aquí Aguilar Gallegos se negó hasta que recibió un ultimátum, y aún entonces puso una condición muy chabacana: que reporteros de un solo medio se hicieran los encontradizos con él en una cafetería donde estaría la tarde del martes 7 de julio y lo interrogaran sobre el particular.
Que por esa y otras muchas razones no debería ser presidente y ni siquiera consejero del nuevo órgano electoral potosino, es correcto. Que para evitarlo se haya forzado la ley y torcido la justicia, es inadmisible, reprobable.
Desde otra perspectiva, la centralización en el INE de las facultades para designar integrantes de los organismos electorales estatales se sustenta en una sola premisa: evitar que los gobernadores hagan y deshagan con esos cuerpos colegiados. Con lo de Aguilar Gallegos ya se vio que la intención hizo agua en las primeras de cambio. Además enfrentan otra falla monumental: el financiamiento que les permitirá funcionar se los tienen que entregárselos los gobiernos estatales. Ya se sabe: el poder es de quien tiene el garrote y la chequera. El primero ya se utilizó. ¿El otro? No tarda.
< COMPRIMIDOS.
Con estricto apego a la ley, los nueve magistrados que aceptaron su Haber de Retiro (que huele, sabe y tiene forma de soborno) debieron recibir en conjunto entre 8 y 9 millones de pesos. Para que no pelearan su permanencia les entregaron 28 millones de pesos, en número cerrados. El diferencial (unos 20 millones) no tiene sustento legal. Será interesante ver en la cuenta pública 2014 de las finanzas estatales de dónde se sacó ese dinero, cómo se justificó su entrega y qué normas legales se invocaron. A Rodolfo Aguilar Gallegos lo andan buscando para meterlo a la cárcel porque no recuperó para la hacienda pública 36 mil pesos. ¿A quién andarán persiguiendo en un futuro no muy lejano por haber dispuesto indebidamente de 20 millones de pesos?
A los señores diputados locales del PAN no hay manera de entenderlos. No van al Informe para mostrar su rechazo al Ejecutivo estatal, y dos días después le aprueban su propuesta de magistrados. El informe ciudadano es un acto simbólico, protocolario y a veces útil para mandar mensajes políticos, pero absolutamente intrascendente. Me explico: nuestra calidad de vida, nuestros niveles de seguridad, la solidez de las finanzas públicas y las expectativas de progreso del Estado no mejoran para un solo potosino porque se rinda ese informe; como tampoco empeoran ni un gramo si deja de rendirse. En cambio, la integración del STJE es un hecho relevante y crucial para la correcta impartición de justicia a todos los ciudadanos. Peculiar el sentido de oposición que alientan estos legisladores.
No obstante los años que llevo en esto, muchos, hay cosas que nomás no logro descifrar. Por ejemplo, la noche del jueves 11 de agosto el dirigente nacional del PRI viene y dice que el único líder político de los priístas potosinos es Fernando Toranzo. 24 horas después, el mismo César Camacho gira instrucciones para que se resucite políticamente a Victoria Labastida, encarnizada y declarada enemiga de Toranzo. O sea que viene, le coloca la corona y enseguida se la escupe. Es una burla cruel. Y por cierto, perdón por la asociación de ideas, el poderoso FTF trae jodido a Aguilar Gallegos por 36 mil pesos y no toca ni con la escama de un pescado a quién se clavó varios millones ¡de dólares! No, pos sí.
En la CEGAIP anda todo mundo encantado porque un tribunal federal ordenó readmitir y analizar a fondo un amparo interpuesto contra la elección como comisionada de Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, a quien ya no aguantan por engreída, majadera y prepotente. La tumben o no por esa vía, por lo pronto ya tiene días apaciguada. Es ganancia.
Hasta el próximo jueves.
