JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ / Las Nueve Esquinas / San Luis Potosí, S.L.P. / 25 Sep. 2014.
La renovación del Consejo Político Estatal del PRI debería ser un proceso más bien inocuo, pero hete aquí que alguien que no ha sido identificado con precisión tuvo la brillante idea de incluir en su larga lista de integrantes a quien probablemente sea hoy día su militante más desprestigiada y repudiada, social y electoralmente hablando -Victoria Labastida Aguirre-, lo que vino a agitar las aguas, incomodar a muchos y provocar inconformidades que no han estallado porque todavía hay esperanzas de que pronto se corrija tal despropósito.
Lo del repudio electoral y desprestigio social no es invento nuestro. Lo primero lo expresaron las decenas de miles de potosinos que le negaron su voto en las pasadas elecciones, particularmente en esta capital (El candidato a alcalde Mario García sacó 137 mil votos mientras que la fórmula senatorial de la que formaba parte VLA no llegó a 64 mil). Lo segundo está nítidamente reflejado en los resultados de la encuesta levantada hace un año por Consulta Mitofsky, y que dimos a conocer en este espacio el jueves 31 de octubre del año pasado.
Este fue el primer párrafo de esa columna publicada hace once meses: “Ocho de cada diez potosinos considera que los delitos que se le imputan a Victoria Labastida son ciertos; una proporción igual considera que ella sí es culpable de esos delitos, y un muy inusual nueve de cada diez cree que debe ser castigada. Además, también ocho de cada diez manifiestan que en caso de que no haya responsables en este asunto, ello ‘influirá en su voto a favor o en contra de algún partido en 2015’. A la pregunta ‘En caso de no haber castigo ¿a quién consideraría responsable de esta situación?’, la proporción mayor de los encuestados señalan a el Gobierno/el Gobernador. Los datos anteriores constan en una encuesta cara a cara en vivienda levantada por Consulta Mitofsky los días 31 de agosto al 3 de septiembre pasados (2013)”.
Cuándo la lógica política aconsejaría que si las autoridades persisten en otorgarle impunidad a la ex alcaldesa lo menos que podría hacer su partido es guardar distancia y hacer como que no la conoce, viene alguien o muy tonto o muy perverso a ponerla bajo los reflectores para que todo mundo refresque sus recuerdos del saqueo multimillonario que junto con su camarilla perpetró en esta capital. Justo cuando está por arrancar un proceso electoral que de ninguna manera tiene fácil el Revolucionario Institucional.
Y justo también a unos días de que el Procurador General de Justicia del estado anunciara que ya tiene listas para su ejecución varias órdenes de aprehensión contra funcionarios de la Administración Municipal encabezada por Labastida Aguirre. Nomás no hay manera de entender la jugada partidista.
Desde otra perspectiva, sucede que los mensajes dejados en su reciente visita por el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, fueron entendidos por el Gobernador del Estado y su entorno como la afirmación pública de que el único líder y responsable de la política priísta en San Luis Potosí es precisamente Fernando Toranzo. Bonita, encomiable, astutísima y deslumbrante manera de estrenar ese liderazgo. Cuídalos, Señor.
Esto de cómo fueron entendidos los mensajes de Camacho Quiroz no lo decimos nosotros. El propio mandatario lo ha comentado con algunos actores relevantes de la política local, con quienes ha iniciado acercamientos luego de años de distanciamiento.
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< CAÑONAZOS OBREGONISTAS Y AMPAROS.
Con la idea de someterlo al pleno el domingo, entre hoy y mañana las comisiones legislativas de Justicia y de Gobernación deberán tener listo el dictamen relativo al nombramiento de diez nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que sustituirán a (casi todos) los que han cumplido o rebasado los 15 años en el cargo.
Hasta ayer a mediodía, entre los diputados que integran estas comisiones había consenso en el sentido de no ceñirse al formato de ternas utilizado por el Ejecutivo para presentar sus propuestas. Esto, no obstante que en el transcurso de la semana pasada el Secretario General de Gobierno se reunió, primero, con la fracción panista y, después, con la priísta, para darles línea en el sentido no sólo de ajustarse a las ternas sino de designar a quienes ocupan el primer lugar en cada una de las diez enviadas.
Si no varían de postura a última hora y efectivamente designan de entre la totalidad de los 30 nombres recibidos y no a chaleco de entre cada tres, es muy probable que el Ejecutivo vea cómo se quedan en la orilla varios de sus elegidos.
Los legisladores que se pusieron a hacer su trabajo y no sólo revisaron curriculums sino que indagaron entre la gente que sabe, detectaron rápidamente las trampas de las ternas. Por ejemplo, los que probablemente sean los tres mejores candidatos, los amontonaron en una sola, para que dos no llegaran. También, que elementos experimentados, competentes y con buena fama procedentes del Poder Judicial Federal, fueron incluidos en segundos y terceros lugares para que ni los tomaran en cuenta.
Es casi seguro que las dos propuestas del PAN negociadas con Cándido Ochoa Rojas (Álvaro Elías Loredo y María del Rocío Hernández Cruz) sean elegidas, para evitar que el bloque panista vote en contra y ponga en riesgo de devolución todo el listado, lo que permitiría al Ejecutivo enviar una segunda relación de los que a fuerza, porque así lo determina la ley, saldrían los nuevos magistrados, ya sea que los eligiera el Congreso o los designara el Gobernador (es decir, Cándido). Un dato para el registro: hasta donde pudimos investigar, ninguno de los diez propuestos en primer lugar de cada terna es del conocimiento personal de Fernando Toranzo. Eso sí, todos conocen a Ochoa Rojas o a Eduardo González Sierra. Y el ¿Gobernador? Bailando tango con Victoria.
A la vista de un cheque por 3 millones 200 mil pesos para cada uno, nueve de los diez magistrados salientes se olvidaron de los maltratos, descalificaciones y denuestos recibidos unas semanas antes. Ante esos millones de razones, los calificativos de amorales, flojos, improductivos, ineficientes y poco honestos que les espetaron en su cara, se transformaron en dulces palabras de amor.
El único que resistió la tentación de tanto dinero fue Salvador Ávila Lamas, quien ayer presentó una demanda de amparo ante la justicia federal. Hoy se sabrá si es admitida o no, y en caso de serlo si se le concede o no la suspensión provisional.
Por otra parte, nuestros amables lectores recordarán que el jueves pasado comentamos aquí que un día antes el abogado litigante Luis González Lozano había solicitado amparo contra el envío de las ternas del Gobernador al Congreso. Ese recurso fue de inmediato desechado por el Juez Cuarto de Distrito, con un razonamiento muy peculiar: Si llegara a otorgarse la protección constitucional solicitada, se proporcionaría un beneficio no solamente a quien la demandó “sino también a otras personas, como serían el resto de los pobladores y residentes del Estado de San Luis Potosí”. (¿Será acaso que todos los 2 millones 600 mil habitantes de esta entidad somos abogados mayores de 35 años con título expedido hace más de 10 años, sin antecedentes penales y con buena reputación?).
González Lozano ya interpuso el recurso de queja, que será conocido y resuelto en un plazo impredecible por una instancia superior. Al mismo tiempo, el lunes pasado la abogada Bárbara Zermeño Nava introdujo otra demanda de amparo, similar a la de Luis González, que se turnó al Juzgado Tercero de Distrito, cuyo titular no la desechó de inmediato sino que solicitó información adicional, para lo cual concedió un plazo de cinco días. En resumen, los litigios en tribunales federales motivados por la renovación de magistrados son varios y va a ser muy interesante ver en qué terminan.
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< COMPRIMIDOS.
Hace una semana ofrecimos que hoy continuaríamos con nuestros comentarios en torno a lo que viene ocurriendo en el Partido Acción Nacional (que comenzaba a parecer un deja vu de los tiempos de Arreola y Micalco en la dirigencia estatal del PRI), pero súbitamente se modificó todo el escenario y nos parece que lo más sensato es dar algo de tiempo a que se asiente la polvareda. En menos de una semana, Héctor Mendizábal dijo que el PAN podía postular para gobernador a un candidato ciudadano; que había acercamientos al respecto con el empresario Luis Antonio Mabhub; que las encuestas no eran un método estatutario de nominación; que cuando se hiciera el proceso interno podría participar quien quisiera aunque no hubiera sido encuestado y, por último, pidió licencia por 90 días, se llevó a casi todo el comité directivo estatal y dejó un tiradero.
A últimas fechas Cándido Ochoa Rojas ha sido visto un par de veces en las oficinas centrales del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México. Fuentes confiables nos informan que aprovechando su amistad /sociedad /complicidad con Manuel Barrera Guillén anda negociando una candidatura a diputado plurinominal. Pensábamos que local, pero alguien que sabe cómo está el abarrote nos dijo “la quiere federal, porque sabe que el fuero de una local no le alcanzaría”. Y lo de que la ande buscando por el Verde se entiende mejor luego de lo que pasó el sábado en la CNC: su inclusión como consejero político estatal por ese sector partidista fue repudiada por el respetable. Gerardo Limón tuvo que hacer malabares y tragar sapos para sacarlo adelante.
No andan tan desbordados quienes califican a Ricardo Gallardo Cardona de “fenómeno político”. Un par de encuestas que conocemos lo sitúan por las nubes. Desde luego que vivo como es no está pensando dar un salto al vacío lanzándose para gobernador el año próximo. Tiempo le sobra. Lo que (creo) puede resultarle pronto un obstáculo muy serio a sus aspiraciones, es que su partido le va a quedar chiquito.
Si cualquiera de estos días aparecen fotografías de Salomón Rosas con camisa de fuerza, nadie se va a extrañar. Lo suyo ya no es asunto político, es siquiátrico. Mucho cuidado, mi estimado Juan Carlos ¿Qué va a pensar nuestro amigo Enrique de semejantes compañías?
Hasta el próximo jueves.
