RICARDO HOMS / Irreverente-mente / México, D.F.
¿De qué lado está la CNDH? ¿Del lado de la sociedad?
¿Vigilando los derechos de la mayoría ciudadana, compuesta por la gente productiva, esforzada, trabajadora y responsable?
¿o está preocupada por los derechos de unos cuantos ciudadanos que con sus manifestaciones, movilizaciones, marchas y plantones pasan por encima de los derechos fundamentales y básicos del ciudadano común?
¿Quién defiende hoy a la ciudadanía?… porque la CNDH de plano no lo hace al promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un trámite de inconstitucionalidad para impugnar algunos artículos de la Ley de Movilidad del DF, -publicada el pasado 14 de julio-, con el fin de regular las marchas y manifestaciones en la Ciudad de México, ley que fue promovida por el Gobierno del Distrito Federal y fue desarrollada por la Asamblea Legislativa del DF.
El artículo 212, -que es uno de los más impugnados por los detractores de esta ley-, simplemente exige dar aviso a las autoridades capitalinas 48 horas antes de la movilización.
Seguramente esta información permitiría al GDF instrumentar planificadamente operativos para minimizar el impacto en la ciudadanía y eliminar el riesgo de caos vial.
Sin embargo, la CNDH interpreta que «eso implica que para llevar a cabo cualquier tipo de concentración humana es obligatorio un aviso previo, lo que sin lugar a dudas resulta una carga injustificable que obstaculiza y desincentiva el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los particulares». Por tanto, la CNDH considera que lo anterior «se traduce en la trasgresión a los derechos a la libertad de tránsito, de expresión, de no discriminación, a la seguridad jurídica y de asociación».
No hay nada más disparatado que esa interpretación.
¿Qué sucedería si un grupo de tianguistas de forma pacífica y ordenada, de buenas a primeras se instalara en Paseo de la Reforma e impidiera la vialidad?.
Por supuesto que serían desalojados de inmediato pues las vialidades no fueron creadas para ello. ¿Y si un grupo de muchachos se pusiera a jugar futbol en uno de los carriles de Insurgentes?. Seguro llegarían las patrullas a retirarlos y ni la CNDH, -ni ninguna organización de activismo social-, intercedería a favor de ellos.
La razón es obvia, si no hay intereses políticos detrás, no merecen apropiarse del espacio público. ¿Por qué unos sí y otros no?
La actual administración de la CNDH hoy busca el aplauso fácil y éste es el de los que más ruido hacen cuando se manifiestan en las calles y en la prensa. Mostrarse como protectora de los activistas políticos es muy rentable.
Sin embargo, la experiencia cotidiana nos muestra que al margen de los idealismos políticos y sociales, los derechos de los activistas callejeros vulneran y pisotean el derecho a la movilidad de la mayoría callada, de esa que no se puede dar el lujo de salir a la calle a manifestarse por alguna causa (legítima o no), sin correr el riesgo de perder su empleo o dejar de atender su micro o pequeño negocio. El aplauso fácil siempre es populista.
Hoy las marchas y plantones, -excepto algunas que debemos reconocer son legítimas en sus demandas-, por su forma de exigir respeto a sus derechos particulares, terminan siendo manipuladas por intereses políticos, por grupos sindicales o por gente que utiliza causas y demandas legítimas para sacar beneficios personales, ajenos a los de aquellos a quienes dicen representar.
Hoy no es transparente el origen de muchísimas manifestaciones públicas, marchas y plantones que generalmente son realizadas por gente manipulada, que desconoce la causa que da origen a las marchas y plantones en las que está participando.
¿Dónde quedan según la CNDH los derechos de los ciudadanos anónimos, esos que necesitan llegar a tiempo a su trabajo, la escuela, negocio o simplemente moverse a donde le dé en gana, sin correr el riesgo de que haya un grupo de revoltosos que secuestren calles y vialidades?.
¿Es equitativo que los derechos de una minoría deban tener prioridad sobre los de una mayoría ciudadana ajena al problema?.
La ley propuesta por el GDF y la Asamblea Legislativa del DF de ningún modo intenta impedir o reprimir el derecho ciudadano a manifestarse públicamente, a favor o en contra de una problemática ciudadana.
Simplemente pretende poner orden al caos urbano de hoy, agravado por quienes se apoderan de calles y vialidades simplemente para retar a las autoridades.
El orden y la disciplina es una necesidad urgente para generar justicia y equidad en los derechos ciudadanos. Sin embargo, hay una gran manipulación para hacer creer a la sociedad que se pretende reprimir el derecho a la manifestación social.
Todo derecho que reivindique una persona o grupo en un espacio público, de algún modo afecta los derechos de otros ciudadanos ajenos al problema. Lo que se mueve aquí seguramente repercutirá allá o en algún otro lugar.
No es viable intentar garantizar justicia a unos, a costa de los derechos de los otros.
Sin embargo, intromisiones populistas como las de la CNDH enrarecen el ambiente social y lo contaminan, porque generan confusión. Hoy la CNDH, -como nunca había sucedido antes-, parece «chivo en cristalería», está donde no debiese estar y en cambio está ausente donde su presencia es urgente y necesaria.
La CNDH debe dejar de hacer política y convertirse en instrumento ciudadano para garantizar justicia y equidad para los sectores más vulnerables.
La única forma de equilibrar el derecho a la manifestación pública de unos, -con el derecho ciudadano a la movilidad-, es a través de reglas claras que garanticen orden vial.
