JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ / Las Nueve Esquinas / san Luis Potosí, S.L.P.
Ante la documentada acusación de que está violando la ley, el Auditor Superior del Estado, contador público José de Jesús Martínez Loredo construyó su defensa a partir de una premisa simple pero contundente: Todos los potosinos somos imbéciles. Todos, con él como única excepción: gobernantes y gobernados, príncipes y mendigos; jóvenes y viejos, hombres y mujeres, creyentes y ateos; ilustrados y analfabetas, justos y pecadores; empresarios y obreros, automovilistas y peatones, feos y bonitos. Todos, todos.
El jueves pasado señalamos en este mismo espacio que Martínez Loredo está violando la ley porque como socio principal del despacho Martínez Loredo y Zapata S.C. se está beneficiando económicamente del contrato suscrito el 29 de enero de este año con el Centro de Producción Santa Rita, S. A. de C.V. para auditar sus finanzas y operaciones, no obstante que es una entidad paraestatal que debe ser auditada por el propio JJML en su carácter de Auditor Superior del Estado. Aparte, el obvio conflicto de intereses y el eventual tráfico de influencias.
Las declaraciones con el que Martínez Loredo “dio respuesta” a esta imputación, son un catálogo de mentiras atroces, burdas e impúdicas.
Para comenzar, dijo que “si bien está fechado (el contrato) en enero del 2014, corresponde al ejercicio desempeñado por el despacho contable durante el año 2013” (Pulso, página 1-A, 13/06/14). Mentira. El propio documento establece con precisión que se contrata al despacho Martínez Loredo y Zapata SC para que audite el ejercicio 2013 de los invernaderos de Santa Rita, pero dicho trabajo lo cumplirá esa firma contable durante 2014 (absolutamente obvio, pues no hay manera de auditar operaciones o acciones que no se han realizado). Incluso se establece que debe concluirlo antes del 31 de julio del presente año, pudiendo solicitar una ampliación del término.
Es decir, el ejercicio 2013 a que hace referencia Martínez Loredo es el de su cliente Centro de Producción Santa Rita, no al plazo durante el cual su despacho contable cumplió la prestación de sus servicios a cambio de 580 mil pesos. Este último lapso está corriendo (y se está cobrando).
Declaró también Martínez Loredo que “aunque ya no existe ningún vínculo con dicho despacho, es preciso aclarar que las actividades que se realizan a través de él son de carácter fiscal, es decir, para el pago de impuestos, mientras que la labor que se desempeña en la Auditoría Superior del estado tiene que ver con el correcto ejercicio del gasto público” (idem). Otra mentira monumental y descarnada.
La cláusula primera del contrato CEPSAR-CPS-002/2014 establece: “EL DESPACHO” se obliga a prestar a “LA CONTRALORÍA” (las comillas y mayúsculas son del original) sus servicios profesionales con el objeto de realizar actividades que, de manera enunciativa más no limitativa, se mencionan a continuación: Auditoría sobre las operaciones realizadas por “SANTA RITA” identificándolas con la posición de sus estados financieros y presupuestales del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2013, la totalidad de recursos obtenidos y ejercidos. Enfocando la revisión con mayor alcance en los conceptos legales y financieros de contratación de obra o la realizada en forma directa, la nómina, prestaciones al personal y el importe total de los recursos aplicados al gasto corriente, incluyendo adquisiciones de bienes muebles para su función, todo ello por el período del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2013”.
Como se puede ver, la auditoría contratada a Martínez Loredo como contador en el ejercicio privado de su profesión, ni siquiera hace referencia al pago de impuestos. Debería de caérsele la cara de vergüenza por mentiroso. Pero también por incompetente: suponiendo que su dicho fuera cierto -que no lo es- de que su despacho auditaría el aspecto fiscal mientras que la ASE audita el ejercicio del gasto público, las preguntas son inevitables: ¿Qué los impuestos no se pagan con recursos públicos? ¿Qué su liquidación a Hacienda o a Finanzas no es parte del gasto público? ¿O será acaso que los impuestos de los invernaderos los paga de su bolsillo el director Juan Antonio Segura León? ¡Por favor!
En cuanto a que no existe ningún vínculo con su despacho porque desde el momento en que fue electo titular de la ASE (el 11 de febrero de este año, 13 días después de firmar el contrato) “notificó a la Junta del Consejo de Administración su separación”, muy bien puede tratarse de una mentira, pues en ningún momento Martínez Loredo exhibió documento alguno que respalde su dicho. Pero aún si fuera cierto, es irrelevante. Las diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios aplicables en este caso son muy claras: le prohíben conocer de asuntos en los que tenga o haya tenido relaciones profesionales o de negocios.
¿Y ENTONCES?
A lo mejor es una obviedad rayana en la bobería, pero no está de más recordar que el Auditor Superior del Estado es el funcionario designado por el Congreso local mediante mayoría calificada para que vigile y verifique que todas las dependencias estatales y municipales, sean de la administración central, descentralizadas o paraestatales, ejerzan correctamente los miles y miles de millones de pesos de recursos financieros que en conjunto les corresponde administrar y aplicar. Dicho más fácil: el titular de la ASE tiene la delicada encomienda de prevenir e impedir que alguien se robe, desvíe o haga mal uso de los dineros públicos.
Ante tan elevada y delicada tarea, uno pensaría que al titular de la ASE le resulta aplicable la exigencia que los romanos hacían a la mujer del César: No sólo debe ser honesto sino parecerlo.
Hoy día, debidamente documentado y comprobado que José de Jesús Martínez Loredo suscribió un contrato bastante lucrativo con dependencias auditables desde la ASE cuando él ya sabía que sería nombrado en ese cargo (Ah, porque también la Contraloría General del Estado es fiscalizada por la ASE toda vez que maneja recursos públicos), ¿aparece como un hombre honesto?
Suponiendo sin conceder, que al momento de la firma del contrato todavía no supiera que iba a ser designado Auditor Superior del Estado ¿qué le impedía rescindir el contrato un día antes de tomar posesión para evitarse el conflicto de intereses y las violaciones a la ley? Nada, salvo la falta de escrúpulos. ¿Un inescrupuloso encargado de controlar a los inescrupulosos de la hacienda pública? Estamos jodidos.
Pero, ojo, si al momento de ser electo como titular de ASE Martínez Loredo no tuvo la honestidad de solicitar la recisión del jugoso contrato, la Contraloría General del Estado debió haberlo hecho para evitar la vulneración de la ley. En vez de hacerlo, optó por clasificar como reservada toda la información relacionada con esa contratación. No sé si haya alguna relación con el hecho de que el titular de la CGE es otro de los recaudadores de Cándido Ochoa Rojas.
¿Y los diputados, que en pleno y a través de la Comisión de Vigilancia son la instancia supervisora y garante del correcto desempeño del Auditor Superior del Estado? Una de dos, andan tan distraídos en sus delirios de ascenso político que ni en cuenta, o con ellos si acertó la premisa simple pero contundente de Martínez Loredo.
¿Y el superior del Contralor General del Estado y del Director de los invernaderos de Santa Rita, el gobernador nominal Fernando Toranzo Fernández? Pos saaabe.
Y que nadie se llame a sorprendido si las encuestas del INEGI nos dicen que tenemos el aparato gubernamental percibido como el más corrupto del país y que como entidad federativa estamos en el Top Ten de las más corruptas. No es de gratis.
Hay veces en que me asalta el presentimiento, duda, sospecha o no se qué, de que por algún vericueto mental, profundo resentimiento o enfermedad del alma, FTF ha decidido que su partido el PRI pierda las próximas elecciones de gobernador y para conseguir ese objetivo tiene tres operadores insuperables: el gran recaudador Cándido Ochoa, el imparable teniente coronel Urban y la fracción tricolor/ecologista en el Congreso del Estado. Nomás obsérvenlos con atención y díganme si no.
COMPRIMIDOS
Ayer miércoles, a eso de las 8:00 de la mañana, contactamos telefónicamente al tesorero municipal José Bolaños para preguntarle si el millón 889 mil pesos que se le entregaron al alcalde Mario García Valdez en los 15 meses que van de octubre del 2012 a diciembre del 2013 (equivalentes a 126 mil pesos por mes), eran adicionales a los 90 mil pesos que tiene fijados como sueldo mensual. Nos dijo que no, que era lo que se denomina salario integrado, o sea los 90 mil de nomina más 69 días de aguinaldo, más pago de vacaciones con su prima adicional. Nos aseguró que en el curso de la mañana saldría a los medios a precisar la situación. Hacía la una de la tarde que cerramos este texto, no había ninguna información al respecto en ningún medio electrónico.
El pasado 8 de diciembre, en esta misma colaboración, informamos que bajo el número de expediente 169/2014 la Secretaría de la Función Pública tramita una inconformidad contra los Servicios de Salud del Estado que encabeza el doctor Francisco Javier Posadas Robledo, por un fallo chapucero en la licitación de las obras de ampliación del Hospital General de Rioverde, con un presupuesto de casi 44 millones de pesos de recursos federales. Pues sucede que a finales de mayo, la SFP hizo un apercibimiento a los SSE por no haber entregado en tiempo y forma la documentación que le fue requerida, otorgándole un plazo perentorio de 48 horas para hacerlo. Según nuestra información, la dependencia también incumplió con el nuevo término, por lo que estaría metiéndose en camisa de once varas.
Según el Correo de las Brujas, en el Partido Acción Nacional hay quienes, con Marcelo de los Santos a la cabeza, andan promoviendo a Xavier Azuara para que sea su candidato a gobernador. Esto, porque según sus cuentas ni Sonia Mendoza ni Juan Pablo escobar han crecido lo suficiente; a Octavio Pedroza primero muertos que dejarlo pasar (y menos ahora que le fue mal en la elección de dirigencia nacional) y Alejandro Zapata ya tiene trazado su destino para el año próximo: diputado federal plurinominal y coordinador de la bancada panista. Nada mal, nada mal.
El terrible repunte de la inseguridad en esta capital, con crímenes horrendos, tiene muchas causas, motivos y explicaciones. A reserva de ver el tema más en detalle, no podemos dejar de mencionar que una de ellas es que centenares de agentes de la Dirección General de Seguridad a cargo del inefable Úrban, andan dedicados a extorsionar automovilistas (a ciencia, paciencia y complacencia del alcalde Mario García Valdez) en lugar de enfrentar la delincuencia. Sea por Dios.
Hasta el próximo jueves.
