Por Juan José Rodríguez / Las Nueve Esquinas / San Luis Potosí, S.L.P.
Los ocho integrantes del Ayuntamiento de Salinas de Hidalgo, encabezados por el presidente municipal Salvador Hernández Gallegos, serán sometidos a Juicio Político en el Congreso del Estado, lo que podría concluir con su destitución e inhabilitación para ocupar cualquier nuevo cargo público durante los próximos años.
En sesión secreta celebrada la semana anterior, el pleno de los diputados aprobó el dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y Justicia, mismas que después de diez meses de haber conocido de la correspondiente denuncia ciudadana consideraron procedente la instauración del juicio político. En esa misma sesión se integró la Comisión Jurisdiccional que conducirá todo el proceso, que se prevé dure varios meses. Dicha comisión quedó integrada por cinco diputados de partidos diferentes: Rosa María Huerta, del PRI; Miguel Maza, del PAN; Martín Álvarez, del PVEM; Eugenio Govea, del PMC, y Juan José Jover Navarro, del PT.
Hace muchos años que en nuestro Estado no se somete a juicio político a un Ayuntamiento completo. En 2008 se enjuició y destituyó al entonces alcalde de Cerritos Salvador Martínez Sifuentes, quien tuvo la ocurrencia de destituir al Cabildo. Más recientemente se decidió enjuiciar al anterior Ayuntamiento de Villa de Arriaga, pero sus integrantes recurrieron al amparo y el proceso quedó en suspenso.
Si el fallo les es adverso, se irán a su casa y quedarán inhabilitados además del alcalde Hernández Gallegos, los regidores María Magdalena Becerra Rivas, José Luis Romero Calzada (sí, ese mero); Héctor Manuel Pérez Alonso, Alicia Graciela Zamora Maldonado, Víctor Manuel Galaviz Hernández y Santana López Ruíz. También, el síndico José Octavio Reyes Hernández, que de alguna manera es de los principales causantes del infortunio colectivo.
El Ayuntamiento salinense es producto electoral de una coalición PRD-PT-PMC, aunque quien lo encabeza es un ex priísta que al no conseguir la candidatura por el tricolor, cambió de bando. Salvo Romero Calzada, que ostentó las siglas PRI/PVEM y Zamora Maldonado, del PAN, los restantes seis miembros del cabildo son del PRD, el PT y el PMC.
Imposible pasar por alto el hecho de que sea justamente este Cabildo el que hace escasas tres semanas rindió un homenaje por su trayectoria política o algo así al ex diputado y aspirante a la candidatura priísta a gobernador, José Ramón Martel. Es conveniente precisar que el dictamen de las comisiones de Gobernación y Justicia que dispone instaurar el juicio político tiene fecha del 3 de abril, o sea mes y medio antes del reconocimiento a Martel. De cualquier forma, queda la sensación de que difícilmente algún otro Ayuntamiento, del color que sea, se animará a rendir homenajes parecidos. No digo que haya una relación causa-efecto, pero ¡cómo lo parece!
La adversidad para los salinenses comenzó el 17 de julio del año pasado, cuando su paisano el abogado Miguel Ángel Paisano Parga acudió por escrito al Congreso para acusarlos de violar la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre otros ordenamientos. Las violaciones más importantes y por las cuales el proceso ha avanzado, son dos: la primera, nombrar tesorera del Ayuntamiento a la señora María del Rocío López Mancilla, cuñada del síndico José Octavio Reyes Hernández ya que es (era) la esposa de su hermano Guillermo, y, la segunda, por otorgar exenciones y subsidios a impuestos municipales, fuera de la ley.
Las leyes antes citadas disponen que el o la titular de la Tesorería de un Ayuntamiento no deberá guardar parentesco ni consanguíneo ni por afinidad con ningún otro integrante del cuerpo edilicio. Cuando en los prolegómenos del proceso se notificó a los hoy enjuiciados de la denuncia en su contra, el alcalde y su síndico mostraron una gran creatividad para evadir la ley: en lugar de remover a la tesorera, le ordenaron que se divorciara. Así lo hizo, pero como a todo el pueblo consta, sigue viviendo con su ex marido. Vivillos, pues.
El otro motivo de querella es que el año pasado el pleno del Cabildo, a iniciativa del Alcalde, autorizó una campaña para incrementar la recaudación el impuesto predial, consistente en perdonar todos los adeudos de años anteriores siempre y cuando se pagara lo correspondiente al 2013. Este tipo de promociones recaudatorias están permitidas siempre y cuando figuren en la ley de ingresos que aprueba el Congreso del Estado, y no era el caso.
También esto se le hizo ver a los salinenses desbalagados, pero su principal defensa fue que les estaba yendo muy bien con la recaudación. Es decir, se montaron en su macho.
La denuncia de Paisano Parga incluía otras cuestiones como despidos mal hechos que se convirtieron en indemnizaciones onerosas, pero fueron desestimadas por las comisiones de Gobernación y Justicia. Es decir, el Juicio Político que recién comienza versará únicamente sobre el ilegal nombramiento de la tesorera y las indebidas exenciones en el predial.
Quizá el interés mayor de este asunto lo constituya el hecho de que, si se resuelve en sanciones, siente un precedente para avanzar, por poco y lento que sea, en la consolidación de prácticas y hábitos ajustados a la legalidad en las administraciones municipales, muchas de ellas encabezados por alcaldes que se sienten soberanos.
< DONDE MÁS LES DUELE.
La flamante Ley General de Partidos Políticos (LGPP), de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, incluye nuevas disposiciones en materia de financiamiento público a los partidos que aquí en San Luis, a nivel de titular del ejecutivo y secretario de finanzas, pueden ser causa de infarto, de profunda depresión, de ánimos suicidas o, mínimo, de gran encabronamiento.
La historia, muy sintetizada es la siguiente: actualmente el financiamiento con dinero público a los partidos políticos aquí está regulado por la Ley Electoral del Estado, y su monto total se define con la siguiente fórmula: el 33.3 por ciento ($21.25) del salario mínimo general ($63.77), multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores (1 millón 764 mil 653 al 30 de mayo pasado, según cifras del INE), lo que se traduce en un gran total para este año de 37 millones 498 mil 876 pesos. La cifra real sería un poco menor, porque se toma como referencia el listado nominal del 2013.
Esta bolsa se distribuye entre los partidos de la siguiente manera: el 40 por ciento se prorratea a partes iguales entre todos, y el 60 por ciento restante se asigna según los porcentajes de votación alcanzados por cada uno en la elección inmediata anterior.
Lo que ahora ordena la LGPP, que existe desde el pasado 23 de mayo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es que la bolsa a repartir debe constituirse con el 65 por ciento ($41.45) del salario mínimo, multiplicado por el número de registrados en el Padrón Electoral (1 millón 981 mil 470, también al 30 de mayo), lo que significa que para el año próximo el monto a entregar a los partidos será del orden de los 82 millones de pesos. Más del doble de lo presupuestado para este año.
Una precisión: el Padrón es siempre mayor que la Lista Nominal, en este caso un 12.4 por ciento, porque en aquel figuran todos los que se inscribieron y solicitaron su credencial para votar, mientras que en ésta figuran únicamente los que recogieron esa acreditación y son, por tanto, los que realmente podrán emitir su voto.
Pero todavía falta. Las sumas manejadas párrafos arriba se refieren a lo que se denomina Gasto Ordinario de los partidos, que es el que se les entrega en partidas mensuales para pagar sus nóminas, renta de locales, combustibles, teléfonos, agua, etc. En los años electorales, las cifras se disparan por los llamados Gastos de Campaña. Como están actualmente las cosas en nuestra legislación electoral, en 2015 se preveía un desembolso de las finanzas estatales del orden de los 140 millones de pesos. Con lo que dice la nueva ley, la erogación será de entre 210 y 220 millones de pesos. Todo esto, hay que subrayarlo, es solo financiamiento a partidos. Aparte están los aproximadamente 40 millones anuales que cuesta el funcionamiento del Ceepac.
Parece que estoy viendo a Toranzo y a Conde jalándose los pelos. Con lo marros que son, a ver si no se infartan.
COMPRIMIDOS
Con el tema ese del impedimento que establece nuestra Constitución para que quien haya sido gobernador con cualquier carácter no pueda volver a serlo con ninguna denominación, los diputados estaban condenados de antemano al destino del cohetero: si lo dejaban (como sucedió) les iban a chiflar y alguien se iba a enojar (en este caso Teófilo Torres Corzo) y si lo quitaban, igual los iban a criticar por legislar ad-hoc, con destinatario específico, y entonces se les iban a enojar los otros aspirantes.
Lo que si pudieron haber hecho pero no quisieron por indolentes, baquetones, carentes de imaginación y todo lo demás ya sabido, fue mostrar una poquitita de inteligencia (aunque les diera migraña) y derogar la prohibición, pero con un artículo transitorio para que el decreto respectivo entrara en vigor pasadas las elecciones del 2015. En el fondo el efecto habría sido el mismo, pero el acto legislativo se hubiera podido defender mejor. No les alcanza para tanto, ni modo.
Por lo demás, la polémica suscitada tiene mucho de fuegos fatuos: si Torres Corzo realmente quiere ser candidato y su partido le hace el honor, todo se reduce a invocar la Constitución General de la República y sanseacabó. Además, y no es por amarrar navajas, pero antes de su aprobación en comisiones el dictamen fue conocido en Palacio y en Casa de Gobierno, y les pareció bien. Otro dato: no hay un diputado de ningún partido que haya recibido algún telefonazo, mensaje, carta o recado de don Teófilo.
A como se ven las cosas, el presidente o la presidenta del club de fans de Mario García Valdez trabaja en la Auditoría Superior del Estado. Queda la impresión de que nuestro Alcalde no revisó como debía la cuenta pública ante de enviarla a la ASE. Digo, igual y sí.
Pocos registraron que el viernes pasado, cuando vino a anunciar la prórroga del mandato de Ángel Castillo Torres por 90 días, el Secretario de Organización del CEN del PRI puntualizó que se trata de días hábiles. O sea, casi 120 días naturales. Saquen cuentas.
Recibimos un escrito de alguien que mencionamos en nuestra columna del pasado 22 de mayo, en relación con la problemática de San Juan de Guadalupe, que prometemos responder en cuanto logremos entenderle. No citamos el nombre porque justamente ese es el meollo de su reclamo: que no podemos mencionar a nadie sin antes pedirle autorización.
