Por Juan José Rodríguez / Las Nueve Esquinas / San Luis Potosí, S.L.P.
Lo que sin duda representa un paso importante y en la dirección correcta para encontrarle salida a los añejos, complejos y múltiples problemas de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos -la entrega de los primeros 780 títulos individuales de propiedad de solares urbanos, de un total estimado en 15 mil- se encuentra en suspenso por una trámite judicial peculiar y desaprensivo, por decir los menos.
A lo largo de décadas enteras, en esa Comunidad se han producido múltiples conflictos internos que en más de una ocasión han tenido expresiones violentas, pero también obstáculos para el adecuado desarrollo urbano del sur y sur-poniente de la ciudad. Bien visto, la solución de este muy enredado asunto es de interés para toda la capital y no solo para los comuneros y avecindados.
Después de muchos años de hegemonía de un grupo de comuneros -los famosos “Juanes Perreros”- que se dedicó a traficar terrenos mediante simples y precarias cesiones de derechos entre individuos, finalmente en épocas más recientes nuevas autoridades comunales avanzaron en la celebración de asambleas calificadas, apegadas a derecho y validadas por las autoridades agrarias correspondientes. El objetivo principal en esta etapa ha sido ofrecer certidumbre sobre la propiedad o posesión de las tierras tanto a los 326 comuneros como a los miles de avecindados y adquirientes de buena fe.
En esa trayectoria, a finales del año anterior se llegó al punto en que sería posible que el Registro Agrario Nacional hiciera entrega de los primeros 780 títulos individuales de propiedad de solares urbanos. Esa habría sido la primera etapa de un proceso estimado en dos años para regularizar y dar certidumbre jurídica a los poseedores de terrenos adquiridos legítimamente en San Juan de Guadalupe, unos 15 mil.
Más adelante, varios miles de hectáreas de terrenos comunales que cada vez están más incorporados a la mancha urbana, podrían entrar –mediante una inmobiliaria comunitaria que prevé la ley- al mercado de tierras aptas para desarrollos habitacionales, con la esperanza de que ese hecho abaratara un poco el costo de las superficies urbanizables en esta capital, que es uno de los más altos en el país porque la oferta está concentrada en muy pocas manos.
EL PECULIAR ATORÓN
La Comunidad y el Registro Agrario Nacional llegaron en noviembre anterior al acuerdo de proceder a la entrega de esos primeros títulos el 11 de diciembre a las 12:00 horas, en un evento formal con presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno. La ceremonia se suspendió la víspera por el mandato de un Juez de Distrito de esta ciudad.
La historia, sintetizada, es la siguiente: según se desprende de constancias oficiales incorporadas al expediente del juicio de amparo número 1466/2013/II, el lunes 9 de diciembre pasado, a las 8 de la noche con 25 minutos, el señor José Luis García Granja y/o José Luis García, presentó ante la oficialía de partes común una demanda de amparo contra la entrega de los títulos de propiedad antes referida. 10 minutos más tarde, la oficialía turnó el asunto a uno de los juzgados de Distrito, donde se pusieron a trabajar las horas siguientes para emitir con esa misma fecha una resolución decretando la “suspensión de plano” del acto reclamado. Horas más tarde, a las 11 de la mañana del día 10, la Delegación del RAN fue notificada del mandato judicial y suspendió el evento previsto para el día siguiente.
Hasta aquí, las cosas resultan más o menos normales, salvo quizá por la prisa que mostró el juez de la causa para resolver en poco más de tres horas lo que la ley le permite tramitar en 24 horas a fin de que tenga algo de margen para estudiar con detenimiento la demanda y sus anexos.
Lo que viene después es lo que nos lleva a calificar de peculiar y desaprehensivo el actuar del juzgado federal correspondiente. El mismo 10 de diciembre que se comunicó a las partes la decisión del Juez de Distrito, a las 4 de la tarde con 39 minutos, de manera voluntaria compareció por escrito ante esa autoridad el señor José Luis García (así, sin segundo apellido), quien se acreditó debidamente como comunero y, en resumen, comunicó al juzgador que su sobrino José Luis García Granja, quien no pertenece a la Comunidad, suplantó (sin ser la primera vez) su personalidad para promover el amparo. Solicitó dos cosas: que se diera vista al Ministerio Público Federal por la posible comisión de delitos por parte de su sobrino, y que se levantara la suspensión de plano concedida la víspera. Ninguna de las peticiones fue atendida.
Como parte de proceso que corresponde, con fecha 11 de diciembre el Juez federal envió un comunicado a las autoridades comunales para que manifestara si hacían suya la demanda presentada por García Granja. Seis días más tarde, el 17 de diciembre, el Comisariado de Bienes
Comunales de San Juan de Guadalupe compareció en el juicio para manifestar, primero, que José Luis García Granja “no tiene la calidad de comunero titular de esa Comunidad”, y segundo, que esa autoridad comunal no hacía suya la demanda presentada por el mismo individuo.
Casi tres meses más tarde, el 6 de marzo del presente año, como el juicio seguía su trámite y seguía en suspenso la entrega de las constancias de propiedad, las autoridades comunales solicitaron formalmente al Juez que decretara el sobreseimiento del asunto, insistiendo en que el demandante, García Granja no es comunero. Tampoco se obsequió esta solicitud.
Semanas después, el 15 de abril, el Juez decide excusarse de seguir conociendo el asunto porque, no sabemos si lo recordó o alguien se lo hizo notar, sucede que el 10 de enero del año 2000, el propio juzgador, en una operación privada, adquirió varios predios dentro de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, mediante cesión de derechos, y uno de los testigos de ese acto fue nada más y nada menos que José Luis García Granja. Reconocida esta circunstancia cuatro meses después de concedida la suspensión de plano que frenó la entrega de los casi 800 títulos de propiedad, el expediente del juicio es enviado al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito para que califique la excusa y decida a que nuevo juzgado se remite. Este trámite no se había cumplido, por lo menos hasta el martes pasado.
Han pasado cinco semanas desde que el asunto llegó al Tribunal Colegiado sin que se dicte la resolución que corresponda, lo cual es muy poco usual, pues habitualmente este tipo de trámite no lleva más de dos semanas. Un ejemplo: en abril pasado, el juez que conocía del juicio de amparo promovido por el contador Néstor Garza contra la designación de titular de la Auditoría Superior del Estado, decidió excusarse porque hace algunos años el propio Néstor lo asesoró para hacer su declaración fiscal, y el Tribunal Colegiado que conoció del asunto lo resolvió en menos de 10 días.
¿Qué va a pasar? La respuesta la tienen, en primer término, los señores magistrados del Tercer Tribunal Colegiado y, posteriormente, el nuevo juez que vaya a conocer del juicio.
COMPRIMIDOS
Por cierto, al fin una buena noticia para Pepechuy El Apechugador Martínez Loredo: con fecha del martes pasado, el contador Néstor Garza se desistió de la impugnación que vía juicio de amparo había promovido precisamente contra la elección de Martínez Loredo en la ASE. Se desconoce la razón. Sólo existen versiones no confirmadas de que a Garza lo venían presionando desde hace rato a través de sus principales clientes particulares. No hay certeza sobre el origen de las presiones, pero tienen tufo a oficinas de gobierno.
A reserva de disponer de espacio para intentar un análisis más detallado, por ahora nos parece que los resultados de la elección interna del Partido Acción Nacional no modifica mayormente la correlación de fuerzas a nivel estatal. Si acaso el segmento identificado con Alejandro Zapata Perogordo recibe un poco de oxígeno, pues no hay que olvidar que hasta el pasado 2 de marzo cuando renunció para buscar su reelección, Gustavo Madero llevaba más de tres años como presidente nacional del PAN, siempre con AZP muy cercano.
Una vez aprobadas las leyes secundarias en materia político-electoral por el Congreso de la Unión, nuestros señores diputados tienen despejado el camino para hacer las adecuaciones correspondientes. Comenzaran la próxima semana con las reformas a la Constitución Política del Estado. Si no reculan a última hora, una de las modificaciones más novedosas y que seguramente sentará precedentes a nivel nacional, es la contemplada para la fracción I del artículo 73. Actualmente su texto dice: “Para ser Gobernador del estado se requiere: I. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos”. La reforma consiste en el añadido “Cuente con una certificación profesional de no sufrir ningún padecimiento que afecte su salud física o mental”.
Sobre este mismo tema, algunos diputados locales se mostraron originalmente reticentes por el temor de vulnerar derechos de los ciudadanos, pero ya los autores de la iniciativa, abogados muy competentes que trabajaron en el marco de la Fundación Luis Donaldo Colosio, les hicieron ver que no existe tal riesgo. Un soporte a esta afirmación es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José) suscrita por México en 1969, cuyo artículo 23 relativo a los Derechos Políticos establece que: “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (…) c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucciones, capacidad civil o mental, o condena por juez competente, en proceso penal”. Como es sabido, la propia Constitución General de la República establece que los tratados y convenios internacionales firmados por nuestro país con el aval del Senado, tienen rango constitucional. O séase…
A principios de semana, en el CEN del PRI se tomó el acuerdo de que en vísperas del próximo día 30 venga a San Luis un enviado especial para hacer el anuncio formal de que ese órgano ha decidido prorrogar por 90 días el mandato de Ángel Castillo Torres como presidente del CDE.
Antes, estará aquí para otros menesteres la secretaria general Ivonne Ortega, a quien los mandos políticos locales tienen planeado informarle de los desmadres que utilizando su nombre anda armando acá Salomón Rosas.
Creo que si algún respeto le merece la institución que lo ha cobijado la mayor parte de su vida, más pronto que después el padre Eduardo Córdova deberá salir a dar la cara, sea para aceptar culpas o para rechazarlas. Su silencio a estas alturas ya es inadmisible.
Hasta el próximo jueves.
