Como parte de las acciones preventivas contra la extorsión telefónica, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) brinda recomendaciones para que la ciudadanía esté informada y evite ser víctima de este delito.
Uno de esos consejos es desconfiar de las llamadas y mensajes de números no registrados o que se desconozcan. Si fuera el caso es preferible no contestar; tampoco se debe proporcionar ninguna información personal como nombres y apellidos completos.
Evitar dar los números de tarjetas de crédito, incluido el de tres dígitos que se encuentra en la parte reversa del plástico; si se comienzan a recibir amenazas debe colgarse de inmediato para no caer en ese juego delictivo.
No realizar ningún tipo de depósito cuando se solicite o exija y denunciar para que se brinde la asesoría respectiva.
La FGESLP también señala que es muy importante que no se pierda la comunicación con la familia y que estas temáticas se platiquen con amigos y compañeros de trabajo para que no los sorprendan.
Otro de los aspectos a considerar para prevenir la extorsión telefónica es en la información que se publica en redes sociales, pues se debe evitar presumir bienes o recursos económicos, ubicaciones o rutas por las que se desplazarán. De preferencia mantener perfiles privados o con los candados de las propias plataformas.
Hay que tener vigilancia constante en las páginas web que visitan los menores de edad.
En caso de ser víctima de extorsión se puede acudir cualquier agencia del Ministerio Público en las 16 delegaciones del interior del estado o llamar al 911 o 089.
Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, México registró cerca de siete mil 800 casos de extorsión telefónica en 2020.
Uno de los métodos más empleados es el conocido como La patrona. Con este modus operandi, los delincuentes se comunican con un domicilio o negocio con el objetivo de obtener información del patrón o la patrona.
Con una segunda llamada telefónica suplantan la identidad de abogados o funcionarios para hacer creer a los trabajadores que su patrón o patrona tiene problemas legales y que para que no sea encarcelado, necesitan aportar una elevada cantidad de dinero.
