Apenas el 0.6 por ciento de los reclusos tienen firme una sentencia, es decir, que un juez determinó que eran culpables de cometer algún delito, mientras que el resto no tiene sentencias firmes, según los datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del INEGI correspondiente al 2020.
De las 108 mil 655 personas encarceladas el año pasado en México, al 85 por ciento tampoco se les había probado que hubieran cometido algún delito, pero sí fueron encarceladas.
Aunque se había prometido que el nuevo sistema de justicia penal despoblaría las cárceles federales y estatales y que la prisión preventiva sería la última opción para ejercer la justicia, los números del INEGI reflejan que por el contrario se ha incrementado el número de personas detenidas en los penales.
El año pasado aumentó en 3.1% la población carcelaria con 14 mil nuevos internos. Organizaciones de abogados explican que gran parte de este fenómeno obedece a la reforma que impulsó el Presidente de la República en el año 2019 para ampliar a 20 los delitos por lo que se encarcela a una persona.
En el caso de San Luis Potosí, de acuerdo con información del Instituto de las Mujeres, de 86 mujeres que se encuentran recluidas en penales del estado, únicamente 30 tienen una sentencia firme.
México tiene 136 penales sobrepoblados, el sistema penitenciario nacional reporta 222 mil 018 presos en 288 cárceles del país.
Con AMLO, hay 24 mil 030 personas privadas de la libertad más que en diciembre de 2018.
El Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Baja California tienen la mayor población carcelaria, sólo el primero presenta hacinamiento, la sobrepoblación propicia carencias en atención y servicios, así como problemas de seguridad y autogobierno, refiere un experto.
Los penales federales tienen 42.33% de espacios disponibles.
Los llamados que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en forma reiterada a países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) son a disminuir la sobre población y hacinamiento de las prisiones, pero no hacen eco en México, por el contrario, cada vez hay más personas privadas de la libertad, pese a que desde la política criminal no se combate a la delincuencia organizada.
