Por Armando Gallegos/ Villahermosa, Tabasco
“Es sumamente grave el que, según la última Encuesta Nacional de Cultura Política levantada por la Secretaría de Gobernación, casi el 70% de los mexicanos esté de acuerdo con la aseveración de que son los ciudadanos mismos quienes permiten que haya corrupción. El problema se agudiza cuando se comprueba que ese mismo porcentaje considera que en el país existe una “total corrupción”.
Declaró el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, en el marco de la inauguración del Foro Internacional Contra la Corrupción 2013 y explicó que en el caso específico del Estado de Tabasco, “he podido comprobar de manera dramática la devastación producida por acciones deliberadas y planeadas de abuso de poder”.
Dijo que los efectos son de toda índole. Desde la desconfianza e incredulidad social hacia la política y los políticos, hasta el daño en ocasiones irreparable en la vida de las personas que dependen de la prestación de servicios públicos, especialmente sensibles como el de salud. Y todo ello teniendo como trasfondo general el freno a las oportunidades de desarrollo y generación de bienestar social.
En términos esenciales, abundó, la corrupción es un atentado directo o indirecto contra la calidad de vida de las personas cuando no contra su supervivencia misma. Sobre todo en coyunturas de desastre natural como las que hemos vivido recientemente, salen a la luz los efectos de autorizaciones y permisos indebidos que permitieron edificar ahí donde no se debía, o que dieron vía libre al uso de materiales de mala calidad en obras diversas que ahora aparecen colapsadas.
Por eso, reiteró el mandatario estatal, frente al atentado contra el interés público y el quebranto de la moral social, no pueden caber ni el conformismo ni la pasividad justificada con la coartada de la estabilidad o los equilibrios políticos, amparados coloquialmente en ese imperativo insostenible del “no hacer olas” para transitar, sólo en apariencia, sin mayores contratiempos por las coyunturas difíciles.
Por último aseguró que la corrupción vulnera y debilita la estructura gubernamental. “Es necesario impulsar un servicio público basado en principios éticos, liderazgo comprometido con la rendición de cuentas y que pondere el bienestar social”, conluyó.
