Por Gabriel L. Gayosso Berman/ La Cicuta/ San Luis Potosí, S.L.P.
Domingo 11, noviembre 2012.- El próximo 18 de junio del año 2016, si las cuentas no me salen mal, se deberá incorporar el Sistema Procesal Penal Acusatorio, en todo el territorio nacional, es decir, la Federación, los Estados y el Distrito Federal “adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito”.
El plazo de ocho años, que otorga el artículo transitorio segundo del decreto que reforma los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2008, se cumple de manera inexorable y el término fatal se acerca cada día más y más.
Pero, se preguntaran: ¿y eso que nos importa? Bueno, pues será el nuevo sistema procesal por el cual se nos juzgará cuando seamos presuntos responsables de cometer delitos, y donde, aparentemente, tendremos «prontas» sentencias, más cercanía con la autoridad juzgadora, mayor oportunidad de defensa, y también, la víctima u ofendido participará de manera decisiva en el desarrollo del proceso.
Teóricamente, deberán capacitarse para el desarrollo de este nuevo sistema penal, todos los policías, los agentes del Ministerio Público estatales y federales, los jueces, los abogados, los peritos o forenses y hasta la ciudadanía para que conozca la investigación, procuración e impartición de la justicia con este nuevo modelo procesal.
Por ello, los estudiantes y los egresados de las escuelas y facultades de Derecho de todo el país, deberán y deberían estar capacitados para ello.
En el caso de nuestro Estado, se han realizado esfuerzos para lograrlo, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Tec Milenio y la Universidad del Centro de México, construyeron sus respectivas salas de juicios orales.
Están pendientes, toda vez que imparten la carrera de Derecho, la Universidad Tangamanga, en sus distintas sedes; la Universidad del Valle de México; la Universidad Potosina; la Universidad Cuauhtémoc; la Universidad Mesoamericana; la Universidad San Pablo; la Escuela Potosina Libre de Derecho; la Universidad Champagnat; la Universidad Comunitaria, en sus distintas sedes; la Universidad Indígena; la Universidad Justo Sierra de Ríoverde, S.L.P.; la Universidad de Tamazunchale; la Universidad de Matehuala; y el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de San Luis Potosí, entre otras.
En algunos de los casos, se ofrecen, a los egresados de licenciatura y abogados en general, diplomados, cursos y hasta maestrías en juicios orales, litigación y argumentación jurídica, con el consecuente costo económico, tanto en la Entidad como en estados circunvecinos, que ya tienen implementado el sistema procesal penal acusatorio.
Las distintas agrupaciones de profesionistas en derecho, al menos en la capital del Estado, han estado apoyando la capacitación al respecto, pero en el interior, la cosa es muy diferente, pues ha sido casi nula, especialmente para los litigantes y peritos no institucionales, incluso los policías no saben de qué se trata.
Si consideramos que tenemos trece distritos judiciales, en los cuales se substancian juicios de carácter penal, destacando los distritos de San Luis Potosí, Ciudad Valles, Matehuala, Ríoverde y Tamazunchale, y que en varios de estos, no se han realizado ninguna capacitación en el nuevo proceso penal, pues las condiciones de la defensa y la acusación en los juicios penales es realmente pobre, y en algunos casos nula, como lo comento el Lic. Juan José de León, dirigente del Colegio de Abogados de la zona media.
Con la excepción de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que sus capacitaciones, cursos y diplomados tienen un costo realtivamente económico, para los litigantes, funcionarios de las instituciones de procuración e impartición de justicia, todas las demás instituciones educativas locales y foráneas, hacen su jugoso negocio con esta capacitación.
Si bien, existe una secretaria técnica para la implementación de la reforma penal, a cargo del Licenciado Jaime Delgado Alcalde, no se tienen estadísticas de cuántos abogados litigantes, funcionarios estatales de las dependencias de procuración e impartición de justicia y forenses, han sido capacitados al respecto.
Independientemente de todo lo anterior, existe un cuestionamiento que se realizan los litigantes que no están conformes con la reforma penal, ¿Cómo capacitar a funcionarios, litigantes y peritos, si aun no existe el Código de Procedimientos Penales respectivo, siendo el instrumento que marcara el desarrollo del proceso?
El tiempo se agota, y llegará el momento en que el destino nos alcance y entonces los policías, los abogados, los ministerios públicos, los jueces, los peritos y todos los involucrados, harán lo que, por mucho tiempo ha hecho nuestro gobierno, IMPROVISAR!
