- ** Nuevos testimonios confirman que funcionarios de Gobernación traficaban con permisos de casinos. La exdiputada federal Lizbeth García Coronado lo denunció a los secretarios Gómez Mont y Blake.
Por Peniley Ramírez/ Reporte Índigo/ México, D.F.
Martes 15, enero 2013.- Gobernación sabía desde 2009 que en sus pasillos existía una mafia que otorgaba permisos falsos y que dejaba en operación casinos que no tenían permisos legales.
Desde mayo de 2011, tres meses antes de que las llamas en el casino Royale acabaran con la vida de 52 personas, lo sabía también la Procuraduría General de la República.
Estaban enterados el poder Legislativo y el Judicial, además de la Secretaría de la Función Pública. Todos tuvieron información y exhortos para clausurar los casinos ilegales, pero nada sucedió.
Se mantuvieron en un silencio cómplice en el que los permisos falsos iban y venían, en el que documentación salía de Segob a oficinas privadas y nadie parecía darse cuenta.
La respuesta de la autoridad se limitaba a que no sabía nada y que no tenía personal suficiente para inspeccionar.
La información que conoció Talía Vázquez Alatorre, gracias a una relación de matrimonio con el exfuncionario de Gobernación, Juan Iván Peña Neder, también la tuvo, por una investigación propia, Lizbeth García Coronado.
Entonces era diputada federal por el PRD y encargada del equipo de trabajo que vigilaba el funcionamiento de los casinos y el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, al interior de la Cámara.
En entrevista reitera lo que dijo a la autoridad, incluido el propio secretario de Segob después fallecido, Francisco Blake Mora: un grupo de exfuncionarios otorgaban permisos ilegales y Gobernación lo permitía.
Oídos sordos
Desde el 17 de septiembre de 2009 la Segob posee una lista de 46 casinos ilegales, la cual incluía al Royale de Monterrey.
La entregó públicamente en la Cámara de Diputados Jesús Zambrano, entonces diputado por el PRD, a Fernando Gómez Mont, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Gobernación.
“Le entregó una lista de establecimientos en los que operan casinos de forma irregular a lo largo y ancho del país, bajo la complacencia de su Secretaría. Esperamos que se investigue y se aplique la ley”, dijo el perredista al titular de Segob.
Esto consta en la versión estenográfica del encuentro.
Gómez Mont era entonces funcionario público, pero en su vida personal era –y lo sigue siendo– socio del bufete de abogados Zinser, Esponda y Gómez Mont.
Otro de los socios de este despacho es Julio Esponda Ugartechea, quien ha sido señalado como protector de la mafia de los casinos que ha revelado Reporte Indigo, aunque él lo negó en una carta dirigida a este diario.
La Segob no emitió respuesta sobre esta lista de casinos ilegales y al año siguiente, cuando el titular de esa dependencia era Francisco Blake Mora, nuevamente la Cámara de Diputados revivió el tema.
Lo hizo en voz de la diputada del PRD por el Estado de México, Lizbeth García Coronado, quien era secretaria de la Comisión de Turismo y coordinaba un grupo de trabajo sobre la operación de casinos.
“(La lista) era de los establecimientos que trabajaban de manera ilegal, que no tenían permisos federales, que no contaban con anuencias municipales o estatales, y presumíamos que estaban trabajando de manera irregular y que se tenía que hacer algo”.
“Esta lista se le entrega al secretario de Gobernación pero se hace caso omiso, se deja seguir trabajando a los establecimientos, no solamente a los que denunciamos, sino un sinnúmero de establecimientos que seguían operando así”, recuerda en entrevista.
El 2 de mayo de 2011, mediante una denuncia ante la PGR, la diputada dio cuenta de 16 casinos ilegales que operaban en Monterrey. El sexto era del Royale.
“No tiene permiso de la secretaría de Gobernación ni anuencia municipal (…) además se permiten juegos aún prohibidos por la ley como son naipes, ruletas y dados”, se lee en la averiguación previa AP/PGR/UEDICSPCAJ/SP/M-X/156/2011.
La diputada se reunió con las directoras de Juegos y Sorteos, Guadalupe López Mares y Araceli Barroso Rodríguez; con el encargado de la Unidad de Gobierno, Carlos Reynoso Nuño, y con el subsecretario Obdulio Ávila Mayo, para pedir informes sobre la inspección a los casinos ilegales.
“Guadalupe López Mares nos decía: ‘hay 30 y tantos inspectores y es imposible verificar el sinnúmero de establecimientos que hay en el país, y no se puede, no pueden, inspeccionar los centros de apuestas’. Que se salía de control porque había muy poco personal.
“En el caso de Araceli (Barroso) sí te escuchaban, te daban un reporte de cuántos permisionarios habían, cuántos establecimientos, pero eso era todo, solamente reportes. Cuando de un momento a otro tú visitabas la página en internet de la Dirección de Juegos y Sorteos, veías otra cosa contraria a la que te decía la directora (…) era un discurso falso de los funcionarios de Gobernación”, recalca la política.
La otra respuesta de Gobernación era que la responsabilidad recaía en el poder judicial, porque eran los jueces quienes autorizaban ampliaciones repetidas a los permisos que tenían las empresas de casinos.
El 5 de agosto de 2011 la Comisión Permanente de la Cámara baja aprobó un punto de acuerdo para que el Consejo de la Judicatura Federal informara “sobre el número de sentencias que por juicio de amparo han sido concedidas a particulares o personas morales operadoras de casinos, casas de juegos o de apuestas remotas, y la relación de jueces que las han dictado”.
García Coronado asegura que nunca obtuvieron respuesta, como tampoco supieron los resultados de una auditoría que realizó la Secretaría de la Función Pública a Gobernación, sobre este tema.
Solo dijeron que la posible corrupción en los permisos emitidos había prescrito, por lo que no había posibilidad de que alguien fuera sancionado.
Mienten Todo, aseguran Sobrecargos.
La historia de Lizette Clavel, acusada por la exfuncionaria de Segob, Talía Vázquez, de proteger a Juan Iván Peña Neder, preso en un penal de alta seguridad por violación, resulta cada vez más inverosímil, más enredada y con más nexos políticos.
Tanto los pilotos como los sobrecargos consultados lo calificaron como una persona “amenazante y agresiva” que se ganó el temor y el recelo del gremio.
Coinciden en que la relación del exfuncionario de la Secretaría de Gobernación con la suplente de la senadora Luisa María Calderón aparentaba un noviazgo, aunque algunas de las compañeras de Clavel aseguran: “sabíamos que él era casado”.
Lo que es más, desmienten punto por punto las declaraciones de la sobrecargo da distintos medios a fines de la semana pasada y en este desmentido tocan al propio senador panista, Roberto Gil Zuarth.
Historia de conflictos
El paso de Lizette Clavel como secretaria general del Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) no estuvo exento de escándalo.
En agosto de 2009, a un año de su periodo como líder de los sobrecargos, Clavel fue destituida de su puesto por 585 votos a favor y 351 en contra en una junta sindical, de acuerdo con el acta de la reunión.
En julio de 2010 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la restituyó en su puesto y declaró ilegal la destitución. Los promoventes presentaron un oficio a la Secretaría del Trabajo haciendo notar que el caso se había resuelto “sorpresivamente” en menos de un año, cuando normalmente tardan hasta ocho.
Pero en enero del próximo año todavía su equipo de trabajo no tenía reconocimiento del gobierno como representantes sindicales.
A los agremiados les preocupaba que ASSA no estaría en posición de firmar un contrato en caso de que se concretara la venta de Mexicana por parte de Tenedora K a Med Atlantic.
“Estábamos buscando desesperadamente un abogado que nos ayudara para recuperar la toma de nota, porque se nos venía la firma de Mexicana y ella no podía firmar sin toma de nota (reconocimiento del gobierno)”, asegura una de las sobrecargos.
La fuente era entonces compañera de Lizette y aceptó dar su testimonio solo a condición de no ser identificada, pues asegura haber recibido amenazas de muerte de Peña Neder.
“Nunca lo contrató el sindicato”
Fue entonces, en enero de 2011, cuando el abogado relacionado con Gobernación y con los casinos entra en el escenario del gremio de sobrecargos.
En efecto, las compañeras de Clavel confirman lo declarado por ella misma a Carmen Aristegui en el noticiero matutino de MVS el pasado viernes 11, acerca de que supieron de su despacho por recomendación de una compañera.
“Nosotros nunca vimos a la esposa, ella fue al despacho de ellos y ahí los conoció, de repente él empezó a estar metido en ASSA todos los días”, aseguró una fuente.
La primera recomendación de Peña Neder a Clavel, aseguran, fue que intentara reelegirse como líder de los sobrecargos. El primer ofrecimiento: agendarle una cita con Roberto Gil Zuarth en Los Pinos para que mediara en la recuperación del reconocimiento de su equipo como representantes sindicales.
“No es cierto lo que dice el senador (Gil Zuarth) de que él conoció a Peña Neder cuando se reunieron en Los Pinos ni que la reunión fue por el conflicto de Mexicana.
“Fue el mismo Peña Neder quien le dijo a Lizette que podía acordar para que vieran a Gil (Zuarth) y él los llevara con Felipe, porque se refería al presidente como si fuera su amigo”, relató.
En febrero de 2011, posterior a esa reunión según la narración de la agremiada, la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en efecto entregó a Clavel la toma de nota del sindicato por un periodo de seis meses.
Esto le daba tiempo para firmar un pretendido reinicio de operaciones de Mexicana y la liquidación de los sobrecargos, los cuales no ocurrieron ya que no se concretó la negociación entre Tenedora K y PC Capital.
Los compañeros de Clavel recuerdan que posterior a estas primeras asesorías la líder sindical cambió, ya que llegaba a laborar con chofer y seguridad privada.
Sostienen que él nunca fue empleado del sindicato, ya que no consta registro alguno de un contrato o algún pago realizado a su nombre o el de su consultora en la contabilidad de ASSA.
En las reuniones para el conflicto de Mexicana, Clavel presentaba a Peña Neder como abogado de Click, la filial regional de la aerolínea, pero esto “tampoco era cierto”.
Un oficio dirigido a Clavel por la entonces secretaria de actas de ASSA, Ximena Garmendia, publicado en el blog Sobrecargo Informa en mayo de 2011, aseguró que la líder mentía al presentar a Peña Neder como representante de Click.
“En otro punto señala de manera por demás mentirosa que el Lic. Juan Iván Peña Neder es abogado del concurso mercantil de Click, lo cual es falso, quien llevó ese caso fue el abogado Enrique Galván”, asegura el documento.
Fechas cruzadas
El 10 de marzo de 2011, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una propuesta de reforma laboral.
Ocho días más tarde, según confirmaron varios sobrecargos, una delegación de ASSA se presentó en ese recinto para entregar oficios de posicionamiento con respecto a la reforma.
Era un viernes, incluso aseveran que fue Gerardo Fernández Noroña quien les gestionó la entrada. Ese mismo día supuestamente los agremiados estaban en un curso con Juan Iván Peña Neder, según ha declarado Lizette Clavel.
Al día siguiente habría ocurrido la violación tumultuaria que ha denunciado Talía Vázquez Alatorre y por la que su exesposo está sujeto a proceso penal y preso en Tamaulipas.
Operan Casinos Desde Prisión
Juan Iván Peña Neder, líder de la mafia de Gobernación que está preso en una cárcel federal, es uno de los socios de la empresa que recibió el permiso para abrir 94 centros de apuestas. La autorización fue concedida en los últimos minutos del sexenio de Felipe Calderón.
La empresa Producciones Móviles, favorecida por la Secretaría de Gobernación en el último minuto del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, con un permiso para operar 94 casinos en México, está ligada con Juan Iván Peña Neder, que actualmente se encuentra en una prisión federal.
El ex coordinador de asesores de la Segob está identificado como cabeza de una red criminal -protegida por el círculo calderonista- que traficaba con permisos falsos de casinos.
Autorizaciones como aquella con la que contaba el Casino Royale de Monterrey el 25 de agosto de 2011, cuando ocurrió la tragedia donde murieron 52 personas.
Hoy Peña Neder está recluido en el penal de máxima seguridad de Matamoros, pero desde esta prisión federal opera con sus cómplices y socios los permisos para abrir centros de apuestas que Segob entregó a Producciones Móviles minutos antes de que concluyera el sexenio pasado.
El vínculo de Peña Neder con Producciones Móviles es la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta, denunciada penalmente por la misma Secretaría de Gobernación a raíz de los hechos del Casino Royale.
El 21 de septiembre de 2011, la Segob presentó ante la PGR una denuncia por la violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos en el caso del Royale, acusando a Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta, Entertainment Enterprises, Ferrocarril Endige y Atracciones y Emociones Vallarta.
El Casino Royale, propiedad de Raúl Rocha Cantú y Javier Vázquez Ruiz, no contaba con permisos de Segob para operar como centro de apuestas, pero sí con una resolución administrativa cedida a esta casa de juego de manera ilegal por la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta.
La conexión entre Producciones Móviles y Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta está demostrada en el proceso de apertura que tuvo el Casino Royale en la ciudad de Querétaro, entre el 2010 y 2011.
Este centro de apuestas intentó abrir en octubre del 2010, primero con el permiso ilegal que contaba la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta, sin embargo, las autoridades municipales no otorgaron el aval municipal por la autorización irregular.
El martes Reporte Indigo publicó que la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta era el instrumento que utilizaba la mafia ligada a Segob para traficar con autorizaciones falsas y abrir casinos en México, como el Royale en Monterrey.
Esta red criminal es encabezada por el excoordinador de asesores de la Segob, Juan Iván Peña Neder; por el ex titular de la Unidad de Enlace Federal de la Segob, Guillermo Santillán Ortega, y por el ex director de Juegos y Sorteos Roberto Correa Méndez.
También se denunció que este grupo contaba con la protección de funcionarios y personajes del primer círculo del ex presidente Felipe Calderón, como el senador panista Roberto Gil Zuarth y el abogado Julio Esponda Ugartechea.
De acuerdo a documentos en poder de Reporte Indigo, el 1 de octubre de 2010, Jorge Abraham Contreras Zárate, representante legal de Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta, comunicó a Gobernación la instalación y operación del Casino Royale en la ciudad de Querétaro.
Sin embargo, las autoridades municipales, encabezadas por el hoy senador del PAN, Francisco Domínguez, desconocieron los supuestos permisos que presentaron los dueños del Royale y no concedieron su anuencia.
Pero en febrero de 2011, una vez más los propietarios del casino Royale intentaron comenzar operaciones en la ciudad de Querétaro, ahora utilizando un supuesto permiso de la empresa Producciones Móviles.
El 1 de febrero de 2011 Lino Armando Vázquez Mata, representante de esta empresa, informó a Segob la celebración de un contrato de asociación en participación con la empresa Servicios Emergentes, S.A. de C.V., para la operación del casino Royale en la ciudad de Querétaro.
Hoy, Lino Armando Vázquez Mata, quien firmó este aviso de apertura, está detenido en el Penal del Topo Chico de Monterrey acusado por narcotráfico.
El contrato fue ilegal porque la Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe a los operadores de casinos ceder los derechos del contrato a terceros sin contar con la autorización de la permisionaria, que era Entretenimiento de México.
Es precisamente por este conflicto generado por el Casino Royale de Querétaro por el cual el hoy senador Roberto Gil Zuarth, entonces secretario privado del expresidente Felipe Calderón, fue acusado de recibir 800 mil dólares de parte de Juan Iván Peña Neder.
El vínculo entre Producciones Móviles y Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta está claro para Talía Vázquez Alatorre, exesposa de Juan Iván Peña Neder, quien en abril del año pasado presentó una denuncia ante Gobernación por estos hechos.
Hay más conexiones entre ambas empresas.
Uno de los casinos que el 30 de noviembre de 2012 legalizó Segob es el Trípoli, ubicado en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, propiedad de Peña Neder, actualmente detenido en el Cefereso No. 3 de Matamoros, Tamaulipas, acusado de violación por su exesposa Talía Vázquez Alatorre.
En el Casino Trípoli, hoy legalizado a través de Producciones Móviles, también está involucrado Guillermo Santillán Ortega, extitular de la Unidad de Enlace Federal de la Secretaría de Gobernación.
También legalizaron con Producciones Móviles la operación de los casinos Riviera, en el municipio de Guadalupe, y Fantastic, en el municipio de Escobedo, que operaban bajo el amparo de la empresa de Juegos de Entretenimiento y Videos de Cadereyta.
El casino Play Win de la ciudad de Mazatlán, clausurado por Segob por falta de permisos el año pasado, también hoy se legalizó gracias al permiso concedido a Producciones Móviles el 30 de noviembre de 2012.
Sobornos al Círculo Calderonista
Por Reporte Índigo/
Miércoles 9, enero 2013.- Involucran al abogado Julio Esponda en pagos a funcionarios cercanos al exmandatario. Exesposa de coordinador de asesores de Gobernación presenta los cheques. Gil Zuarth niega haber recibido dinero de casineros.
Los sobornos que pagaron casineros a la mafia de la Secretaría de Gobernación implica a personajes del primer círculo del expresidente Felipe Calderón.
El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, no es el único panista cercano al ex mandatario involucrado en esta red criminal que operó para que el casino Royale de Monterrey funcionara ilegalmente.
El abogado Julio Esponda Ugartechea, amigo cercano de Calderón y socio del despacho del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, enfrenta la acusación de haber recibido dinero producto de los casinos ilegales.
Reporte Indigo tiene en su poder cheques, fichas de depósito bancario y correos electrónicos que comprueban los pagos que recibía de casineros, Juan Iván Peña Neder, cabeza de la mafia de Gobernación que traficaba con permisos falsos para operar casinos en México.
Pero este, a su vez, también depositaba a gente cercana a Calderón, como es el caso de Julio Esponda.
El casino Royale en Monterrey, donde el pasado 25 de agosto de 2011 se registró el mayor atentado del crimen organizado contra la población civil, funcionaba con una de estas autorizaciones ilegales de la Segob.
Reporte Indigo tiene copia de un cheque firmado por Peña Neder por la cantidad de 262 mil 500 pesos, elaborado para que lo cobrara el abogado Julio Esponda Ugartechea.
El cheque tiene fecha del 23 de agosto de 2011, dos días antes de que se registrara el ataque al casino Royale en Monterrey, donde murieron 52 personas.
En entrevista con Reporte Indigo, Talía Vázquez Alatorre, exesposa de Peña Neder, asegura que no sólo Roberto Gil Zuarth recibió en el 2011 dinero de los casinos ilegales, justo cuando se desempeñaba como secretario particular del expresidente Felipe Calderón.
Esta mujer sostiene que Julio Esponda también recibió parte de los sobornos que los casineros que operaban centros de apuesta ilegales en México entregaban a su exmarido, hoy recluido en el penal federal de Matamoros.
“Julio Esponda, el compadre de Calderón, ganó mucho dinero con los casinos y con Juan Iván. Él cumplía con desayunar en el Four Seasons y decir que actuaba por Gómez Mont. Yo creo que Gómez Mont nunca supo. Tampoco Blake, que en paz descanse. Ellos pidieron mucho dinero a nombre de Blake y me consta que jamás lo recibió”, señala Vázquez Alatorre.
“Pero no lo necesitaban (a Blake) porque para entonces ya era subsecretario Roberto Gil Zuarth. Ese sí se sentaba con todo el mundo. Abraham González mandaba a su personero Juan Iván con los casineros, tenía esa precaución, no iba él, pero Roberto Gil sí iba”.
Julio Esponda fue compañero del ex presidente panista Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho y forma parte del poderoso despacho de abogados Zinzer, Esponda y Gómez Mont, del cual forma parte el exsecretario de Gobernación Gómez Mont.
A Julio Esponda en varias ocasiones se le mencionó como uno de los candidatos de Calderón para encabezar la Procuraduría General de la República durante el sexenio pasado.
Reporte Indigo publicó ayer que el casino Royale, donde el pasado 25 de agosto de 2011 murieron 52 personas, tras un ataque del crimen organizado, operaba gracias a una mafia ligada a Segob que traficaba con permisos falsos.
Esta red criminal era encabezada por Juan Iván Peña Neder, actualmente recluido en el penal federal de Matamoros, acusado de violación y amenazas contra su ex esposa.
También estaba involucrado Guillermo Santillán Ortega, ex titular de la Unidad de Enlace Federal de la Subsecretaría de Gobernación, junto con Roberto Correa Méndez, ex director adjunto de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.
Vázquez Alatorre aseguró que le consta que Roberto Gil Zuarth, exsecretario privado del presidente Felipe Calderón, recibió en el 2011 de Peña Neder 800 mil dólares en una maleta por su intervención para abrir el casino Royale de la ciudad de Querétaro.
Esta aseveración fue negada ayer por el ahora senador del PAN, quien calificó como una calumnia esta acusación y aseguró no conocer a Vázquez Alatorre.
Vázquez Alatorre reveló también que Peña Neder y sus cómplices cobraban entre 80 y 400 mil pesos mensuales a casineros de México por la utilización del permiso irregular que obtuvo la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta.
Este periódico tiene copias de un correo electrónico en el cual Raúl Rocha Cantú, socio principal del casino Royale de Monterrey, le envía a la cuenta de Juan Ivan Peña Neder dos fichas de depósito.
“Depósito Asesoría”, es el título del email con fecha del 19 de julio de 2010.
Los documentos bancarios enviados a Peña Neder por Rocha Cantú revelan pagos a la cuenta 0583073855, que el ex coordinador de asesores de la Segob tenía con la institución de Banorte.
Uno de los depósitos es por la cantidad de 148 mil 875 pesos y lleva escrita con pluma la palabra Fantastic y otro más por 99 mil 250 pesos con la palabra Acuña escrita con letra.
En el municipio de Escobedo opera el casino Fantastic, ligado a Rocha Cantú, y que también fue abierto con la misma estrategia que se utilizó para mantener abierto el casino Royale de Monterrey.
Los pagos de Rocha Cantú a Juan Ivan Peña Neder continuaron hasta un año después, de acuerdo a copias de correos electrónicos que intercambió el dueño del casino Royale con Roberto Correa, exdirector de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.
La Mafia de Gobernación Protegía al Royale
Por Reporte Índigo/
Martes 7, enero 2013.- Esposa de exfuncionario revela ante las cámaras de Reporte Indigo que desde el primer círculo del expresidente Calderón se operaron autorizaciones ilegales en Bucareli para legitimar el trágico casino donde murieron 52 personas.
El casino Royale operó gracias a una mafia de ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación en complicidad con panistas del primer círculo de Felipe Calderón.
Entre estos panistas cercanos al ex presidente están el actual senador panista Roberto Gil Zuarth y el abogado Julio Esponda.
Así lo revela ante las cámaras de Reporte Indigo Talía Vázquez Alatorre, ex esposa del ex coordinador de asesores de la Segob Juan Iván Peña Neder.
De hecho el Royale no tenía por qué estar operando el día del atentado, cuando una célula criminal ligada a Los Zetas lo atacó y asesinó a 52 personas.
Y no debía funcionar por una sencilla razón: no contaba con permisos para su operación en la ciudad de Monterrey.
Sin embargo, pese a la falta de autorizaciones expedidas por la Secretaría de Gobernación, las puertas del casino Royale estaban abiertas la trágica tarde del 25 de agosto de 2011.
La historia es conocida: un grupo de sicarios irrumpió en el establecimiento para incendiarlo y perpetrar el mayor atentado del narcotráfico contra la población civil en México.
Hasta el momento la Procuraduría de Nuevo León ha detenido y consignado a 13 sicarios del grupo criminal de Los Zetas como responsables directos de esta masacre.
Pero Raúl Rocha Cantú, propietario del casino Royale, continúa prófugo de la justicia refugiado en su lujoso departamento en la ciudad de Miami.
Y tampoco hay ninguna persona ni ex funcionario público federal detenido, cuando el casino el Royale funcionaba sin las autorizaciones de la Secretaría de Gobernación.
Operaba al momento de la tragedia con permisos falsos que una mafia vinculaba a la misma Segob traficaba entre los casineros de México.
Esta red criminal era encabezada por Juan Iván Peña Neder, Guillermo Santillán Ortega y Roberto Correa Méndez, los tres ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.
Éstos utilizaban sus altas influencias con panistas que integraban el círculo cercano al ex presidente Felipe Calderón como son el abogado Julio Esponda y el actual senador del PAN Roberto Gil Zuarth.
Santillán Ortega, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Enlace Federal en la Subsecretaría de Gobernación, era el responsable de fabricar jurídicamente estas autorizaciones que eran firmadas por Roberto Correa Méndez, quien fuera titular de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob.
Pero el líder de este grupo era Juan Iván Peña Neder, ex operador político de Manuel Camacho Solís, que se desempeñó por un tiempo como coordinador de asesores del ex subsecretario de Gobernación, Abraham González, en los tiempos de Francisco Ramírez Acuña.
Peña Neder era el responsable de vender y cobrar por los permisos ilegales, como con los que operó el casino Royale a partir del año 2008.
La asociación delictuosa de este grupo ha sido denunciada ante la misma Secretaría de Gobernación por Talía Vázquez Alatorre, ex esposa de Juan Iván Peña Neder.
Hoy Peña Neder está recluido en una prisión federal en Matamoros, Tamaulipas, acusado de violación contra su ex mujer, pero no por su responsabilidad en la tragedia del casino Royale.
Lo mismo ocurre con sus cómplices Guillermo Santillán Ortega y Roberto Correa Méndez.
El Royale inició operaciones en el 2007 con un permiso federal de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, cuyos socios principales son los hermanos José Francisco y Ramón Agustín Madero Dávila.
Pero en el 2008 la empresa Entretainment Enterprises of México, S.A. de C.V., de Rocha Cantú, terminó su asociación con la empresa Atracciones y Emociones Vallarta por diferencias entre los socios.
Es entonces donde entra en operaciones esta red ilegal encabezada por Peña Neder, Santillán Ortega y Correa Méndez, para “regularizar” la operación del establecimiento con documentos falsos.
Los ex funcionarios federales promovieron la creación de la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos de Cadereyta, S. de R.L. de C.V., una empresa que nació de la nada con los derechos de la llamada “Resolución Rojas”.
La Segob, a través de este procedimiento administrativo, acepta que las máquinas tragamonedas que operan en algunos casinos de México no son juegos de azar, sino “máquinas de habilidad y destreza”.
La resolución no es un permiso federal de Segob, pero es algo mucho mejor que una autorización para operar un casino en México.
Es prácticamente una patente de corso para que el propietario de estos derechos instale un casino en cualquier lugar de México sin la regulación de la Segob.
Los derechos de esta resolución los tenía la empresa Juegos y Entretenimiento y Video de Monterrey, ligada a Juan José y Arturo Rojas Cardona, propietarios de los casinos Palmas en México.
Pero Peña Neder junto con Santillán Ortega fabricaron un convenio donde la empresa de Rojas cedía sus derechos a la naciente Juegos de Entretenimiento y Videos de Cadereyta, S. de R.L. de C.V.
“La empresa Juegos de Entretenimiento y Videos de Cadereyta es una empresa de papel, fraudulenta y que ha sido ya denunciada por la misma Segob”, denuncia Talía Vázquez Alatorre, ex esposa de Peña Neder.
Esta mujer sostiene que su ex marido Peña Neder cobraba entre 300 y 500 mil pesos mensuales por la venta de estos permisos falsos, como los que utilizaba el casino Royale para su operación en Monterrey.
La Ley Federal de Juegos y Sorteos establece que estos derechos son intransferibles y que no pueden ser cedidos entre los particulares.
Pese a esto la empresa Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta celebró el 11 de abril del 2008 un contrato de asociación en participación con la empresa Entretainment Enterprises of México, S.A. de C.V., propiedad de Raúl Rocha Cantú para continuar operando el casino Royale en la avenida San Jerónimo.
