Primero fueron los taxistas, después fueron los policías estatales y ahora, inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quienes se suman a las agresiones contra unidades de ciudadanos y choferes de Uber.
No solo los conductores de plataformas digitales están en peligro, resulta increíble que ahora cualquier automovilista que lleve en la parte trasera a su familia, a un amigo o un conocido, corra el riesgo de ser bajado a punta de golpes por inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Las imágenes que se observaron en los videos donde los servidores públicos golpean a un conductor, denota una falta de protocolos que debió costar no sólo su separación inmediata, sino también la de sus jefes.
No resulta nuevo decir que la demanda por solicitar ubers ha rebasado a la SCT. La pregunta es: ¿Por qué habiendo tantas irregularidades en los camiones urbanos (unidades viejas, choferes conduciendo sin permiso, etc.) y con los taxistas (participación en robos y asaltos o cobros excesivos) la dependencia estatal enfoca sus esfuerzos en perseguirlos peor que a delincuentes?
Tras esta penosa acción de los inspectores, bien podría ser la última oportunidad que tiene el secretario Ramiro Robledo para justificar su permanencia en la dependencia.
Podrán haber cientos de programas de austeridad o recortes a salarios tanto a nivel federal como estatal, pero hay algunos que se mantendrán intocables pase lo que pase: los sindicatos.
Pruebas hay muchas, como por ejemplo instalaciones que envidiaría cualquier organización civil, sueldos para mozos o secretarias sindicalizadas que no se pagan ni en la iniciativa privada, o dirigentes con propiedades en los fraccionamientos más exclusivos de la capital.
El último ejemplo del despilfarro de dinero volvió a presentarse, como cada año ocurre, durante la fiesta decembrina que se organizó el sindicato de Bernanrdina Lara, donde se rifó un automóvil de agencia para sus agremiados. Oídos sordos a los discursos de austeridad.
Resulta inverosímil lo que ocurre en la Comisión del Agua del Congreso del Estado. Casi la totalidad de sus integrantes se han enredado de una manera de la que resulta difícil salir limpio. Hay varios factores que se han sumado para que las cosas no sean claras, pero el elemento principal es uno solo: la falta de conocimiento legislativo en la mayoría de ellos.
La comisión está conformada por tres diputadas de Morena, de ellas ninguna sabe siquiera qué significa aprobar un dictamen en comisiones, es más, ni siquiera sabían que ya habían votado a favor de aumentar un 14% las tarifas para el Interapas en el 2019, para ripley. Y el presidente de la Comisión va por las mismas.
A eso habrá que añadirle que partidos como el PRD se sumó a la fiebre de las consultas y ahora pregunta a los capitalinos, con una metodología que sólo ellos conocen, sobre el posible aumento a las tarifa del agua. Con factores políticos y sociales en contra,ç no se ven grandes posibilidades de que Xavier Nava obtenga el incremento del 39%, ni soñando.
Hablando de copiarle acciones a la nueva administración federal para congraciarse con la población, como la venta del avión presidencial, el Ayuntamiento anunció que venderá camionetas de lujo. Contabilizan al menos 12, unas hasta con quemacocos.
Cuando el viejo parque vehicular del Congreso se vendió hace un par de años, muchos asesores y trabajadores del legislativo “estrenaron nave”, pagando un precio de ganga. A ver si no ocurre lo mismo en el Ayuntamiento y que sean los mismos funcionarios, familiares o amigos quienes adquieran tan lujosas camionetas a un precio muy por debajo del mercado.
Be the first to comment