Saltillo, Coahuila de Zaragoza / LA BRECHA / Julio 15 de 2023.- En denuncia pública quedó el reclamo señalado en la sesión del lunes pasado por el consejero Óscar Daniel Rodríguez contra el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes, por abrir la posibilidad a un pago de seis millones 435 mil 750 pesos a 21 presuntos trabajadores del extinto Partido Joven, y por contratar a un despacho externo para resolver este asunto, sin notificar a los miembros e instancias del Consejo, además, pidió que se interpongan denuncias ante las autoridades correspondientes, porque es éste el segundo caso donde se podría presumir algún delito.
En sesión extraordinaria este día, los integrantes del IEC conminaron al consejero Presidente a informar sobre todo lo que se haga para evitar malos manejos, sobornos y extorsiones, toda vez que, con éste son dos los casos, el otro fue el presunto pago de 900 mil pesos a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado por un recurso extraordinario.
Como contexto, en la sesión del lunes pasado, el consejero Óscar Daniel Rodríguez exigió una explicación al consejero presidente Rodrigo Paredes por el presunto pago, sin notificar al Consejo, de seis millones 435 mil pesos al Partido Joven, que hace años perdió su registro, con el argumento de que la Junta de Conciliación y Arbitraje exigía en un plazo de tres días, liquidar a 21 trabajadores, aunque no eran del IEC, aunque posteriormente la JLCA notificó que había quedado sin efecto la liquidación laboral, porque el caso había prescrito.
Sin embargo, criticó que de manera oficiosa la Presidencia el IEC se haya personado y revivido un caso del 2017 en la Junta de Conciliación y Arbitraje y pidió a la Secretaría Ejecutiva un informe pormenorizado de parte de la Presidencia, toda vez que casi nadie tenía información sobre este pago que presuntamente afectaría al bono que se le debe a los trabajadores del IEC por las horas extras ejercidas en el periodo electoral.
Pidió que se interponga una denuncia ante las autoridades correspondientes, porque aseguró que no es la primera vez que se intenta cometer un fraude. La primera ocasión, narró, fue hace un par de meses cuando a la Presidencia le hablaron supuestamente de la Secretaría de Finanzas, diciendo que tenían que depositar 900 mil pesos para que les liberaran un recurso, pero como consideró que no estaba claro, decidió enviar un oficio a la Dependencia para saber si podía denunciar por intento de extorsión; sin embargo, la Presidencia le explicó que había sido en lo particular y no en carácter de presidente, pero reiteró que se trató de una estafa y se quedó sin resolver.
“Esto sobrepasó muchos límites, quisiera que se investigara y se llegara hasta el fondo del asunto, porque sino entonces van a estar siempre siendo víctimas de extorsiones de diversas formas y no haremos nada, como generalmente sucede ante esas circunstancias. Vamos poniendo las denuncias ante las autoridades correspondientes”, concluyó.
En la sesión extraordinaria de este viernes, la Secretaría Ejecutiva presentó el informe respecto al expediente identificado con el número 13385/2017-1 en trámite, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Saltillo.
El Secretario Ejecutivo en el informe explica que todo inició el 27 de junio, cuando se le informó a la Unidad Técnica de Vinculación, respecto de un acuerdo emitido por parte de la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Saltillo, donde se informa que se había notificado un acuerdo con fecha 26 de junio, en el cual se le requería al Instituto el pago en un plazo de 3 días de seis millones 435 mil 750 pesos y en el apercibimiento que en caso de que no se hiciera se procedía a hacer un embargo.
Precisa el informe, que también en esa fecha, a raíz de lo acontecido, el 30 de junio la presidencia de la JLCA advirtió que los convenios estaban prescritos y que dejaba sin efecto el requerimiento que inicialmente había ordenado.
“En mesa de consejeros se dio la recepción de este cambio, donde nos avisa la Junta de Conciliación de la nulidad del cobro de estos 21 convenios, quedando a salvo los derechos de uno de ellos por cuestiones de amparo, por lo cual también el expediente aún no ha sido concluido. En ese sentido, tan es así que ya no es necesario el pago de estos recursos y ya se aprovecharon estos recursos para el pago respectivo del bono electoral”, argumentó Rodrigo Paredes.
Mencionó que desde el 2018 se decretó la pérdida del registro del partido político en mención, pero que durante el 2019, 2020 y 2021 de acuerdo al expediente que obra en la Secretaría Ejecutiva y del cual se debe integrar al informe de referencia, siguieron realizándose actuaciones dentro de éste, por el cual, el juicio laboral aún no está concluido.
Y que debían ser cuidadosos en lo que señalan e informan, sobre todo tener en cuenta la protección de datos personales. Pidió omitir del informe el nombre de dos personas que forman parte del expediente como demandantes.
