SE APRUEBA EN LO GENERAL REFORMA ENERGÉTICA; MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28 CONSTITUCIONALES

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Por Daniel Cardona/ México, D.F.
< Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.
< Se permitirán contratos con particulares en la explotación y extracción de petróleo y demás hidrocarburos.
< 120 días para regular contratos de servicio de producción y utilidad compartidas, y de licencias con transmisión onerosa de hidrocarburos.
< La reforma crea Fondo Mexicano de Petróleo para la estabilización y el Desarrollo.
< Diferencias de opinión entre legisladores: oportunidad para obtener mayor rentabilidad de recursos naturales, unos; obediencia del gobierno a empresas extranjeras, otros.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y con la mayoría calificada de 354 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones, la minuta que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia energética.
Con estas reformas se permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación, a fin de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo en el largo plazo. Tratándose de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones, se expone.
El dictamen precisa que se podrán llevar a cabo “las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria”.
Resalta que el esquema jurídico vigente en México necesita ser reformado, con el propósito de brindar un marco que permita un mejor aprovechamiento de la riqueza nacional, que potencialice la generación de empleos, el crecimiento económico y redunde en beneficios palpables para la economía de los mexicanos.
En el artículo 27 se deja en claro que “en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación”, y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación será inalienable e imprescriptible y “no se otorgarán concesiones”, añade.
La Nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de asignaciones de determinada superficie de terreno que hará a favor de empresas productivas del Estado, en el entendido de que Petróleos Mexicanos (PEMEX) transitará al modelo de empresa pública productiva, para que éstas puedan a su vez realizar dichas actividades, o bien contratar con particulares la realización de las mismas.
El dictamen precisa que la exclusividad del sector público sobre las áreas estratégicas, permanece intocado. Las actividades de exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos en el subsuelo, así como el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se mantiene bajo la exclusividad del sector público.
Menciona que se podrán crear empresas productivas cuya propiedad y control serán siempre del gobierno federal, a efecto de llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo, que se incorporan como áreas estratégicas.
Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá como objetivo, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.

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Además, en el régimen transitorio se especifica que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para “regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia”.
Entre los esquemas de contraprestaciones se deberán regular las siguientes: en efectivo para los contratos de servicio, con un porcentaje de utilidad y para los contratos de utilidad compartida.
De igual manera, se establece como contraprestación un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida. En tanto, se contempla la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo para los contratos de licencia o cualquier combinación de las anteriores.
Se faculta a la Secretaría de Energía (Sener) para que, con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se encargue de adjudicar a Pemex las asignaciones a las que se refiere el artículo 27.
El organismo deberá someter a consideración de la Sener la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción y en capacidad de operar, a través de asignaciones; para ello, tendrá que acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.
Para ello, Pemex deberá presentar la solicitud dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.
En cuanto al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se prevé que se conforme con cinco consejeros del gobierno federal, incluyendo al Secretario de Energía, quien presidirá este órgano y tendrá voto de calidad, y por cinco consejeros independientes.
Se modifica el artículo 28 para indicar que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.
También incluye la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de lo estipulado en el artículo 27.
De igual modo, se contempla cambiar el artículo 25 para que el sector público tenga a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan.
Especifica que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto en el artículo 27.
Se añade que en las actividades citadas “la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal”.

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Lo anterior, “para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas y determinará las demás actividades que podrán realizar”.
En los artículos transitorios se prevé que la ley establecerá la forma y los plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado.
En tanto se lleva a cabo esta transición, Pemex y sus organismos subsidiarios, así como la CFE “quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el presente decreto”.
Se establece que “dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de regular las modalidades de contratación para que los particulares, por cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.
Del mismo modo, se incluyó en el régimen transitorio que los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinen a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan en el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto, “que corresponden a la razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros de 2013”.
El Ejecutivo federal podrá sugerir al Congreso de la Unión un programa de sustitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos.
Lo anterior, con objeto de promover el aprovechamiento sustentable de la energía y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, así como el uso eficiente de recursos. Además, el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía.
Argumenta que en 2012, el país contaba con una producción diaria de 2.5 millones de barriles de petróleo crudo y sólo se refinaron 1.2 millones de barriles al día, teniendo que importar aproximadamente la mitad de las gasolinas y una tercera parte del diesel que se consume.
Mientras que en 1997 las importaciones de gasolinas representaban el 25 por ciento del consumo nacional, para 2012 alcanzaron el 49 por ciento. “De seguir por el mismo camino, México llegaría pronto a un escenario insostenible, en el que tendríamos que importar los combustibles que alimenta a la industria”, puntualiza.
La reforma sienta las bases que permitirán a México acelerar su crecimiento y aprovechar al máximo sus recursos. Se podría incrementar la producción de petróleo en cerca de 1.5 millones de barriles de crudo diarios adicionales para 2025, lo que representa un aumento de 60 por ciento respeto de la producción actual.
En el caso del gas natural, la producción podría aumentar para ese mismo año, aproximadamente a 7.3 miles de millones de pies cúbicos diarios, más del doble de la producción actual. Además, el incremento en la inversión podría generar un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 1 por ciento anual en 2018 y hasta 1.6 por ciento anual antes de 2025.
El dictamen prevé en su régimen transitorio que las leyes respetarán en todo momento los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseoso, así como en las distintas actividades a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Dicha medida tiene el objetivo de evitar afectar a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios tanto en Pemex y sus organismos subsidiarios, como la CFE; ello, con miras a sentar las bases de una adecuada interrelación entre dichos organismos y las empresas privadas, que a partir de la entrada en vigor del decreto podrán participar en la ejecución de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación.
Asimismo, en el artículo 25 constitucional se incluyó el concepto de sustentabilidad que debe acompañar a los criterios de equidad social y productividad con los que se apoyará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, en beneficio general.

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Posicionamientos
Luego de que el Pleno rechazó tres mociones suspensivas presentadas por los legisladores Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD), Lilia Aguilar Gil (PT) y Carol Antonio Altamirano (PRD), dio inicio la discusión de la minuta del dictamen en materia energética en lo general.
En representación de Nueva Alianza, José Angelino Caamal Mena, consideró urgente aprobar la minuta en materia energética porque de lo contrario, señaló, se retrasaría el crecimiento y desarrollo del país. El diputado afirmó que es una oportunidad para que el Estado mexicano obtenga una mayor rentabilidad en los recursos extraídos del subsuelo.
“Valoramos positivamente que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se conviertan, ahora sí, en industrias productivas del Estado mexicano. Este cambio de naturaleza jurídica permitirá a ambas empresas competir por los contratos en el sector, y operarán con una visión de productividad y ya no con una visión política”, dijo.
El diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) manifestó su rechazo a la minuta porque las compañías petroleras extrajeras y en manos de particulares recibirán, por parte del gobierno, consideraciones, en agravio del país. “Esta reforma implicará obediencia del gobierno hacia las grandes compañías petroleras extranjeras”, indicó.
Benavides Castañeda aseguró que con la reforma energética la soberanía de la Nación quedaría expuesta a simples “maniobras” del capital extranjero con la posibilidad de incrementar sus ganancias “de manera indignante, y todo facilitado por las condiciones de poca transparencia y corrupción que existen dentro del gobierno”.
A su vez, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Monreal Ávila, señaló que modificar tres artículos constitucionales y establecer 21 transitorios es una informalidad jurídica, ya que mientras el 27 constitucional sostiene la prohibición de otorgar concesiones, el 4º transitorio admite el contrato de licencias que es sinónimo de adjudicación.
Expresó que los transitorios establecen cuatro tipos de contratos: los de servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencia. De esta forma, resaltó, “mientras la Constitución niega las concesiones, los transitorios las reintroducen de contrabando. Esta reforma regresa a la privatización de Porfirio Díaz, es privatizadora y se traducirá en mayor riqueza sólo para algunos”, acotó.
Por el PVEM, el diputado Ricardo Astudillo Suárez detalló que las reformas a la Constitución generarán desarrollo económico, tecnológico y mayor competitividad, ya que abre las puertas a la seguridad energética, da transparencia y claridad a la explotación y exploración de los hidrocarburos y el destino final de los recursos; asimismo, fortalece a Pemex y CFE.
Expresó que es momento de modernizar y transformar a México, porque los ciudadanos esperan que los legisladores sean capaces de buscar soluciones y mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Agregó que en el tema del medio ambiente, se sube a rango constitucional el término sustentable para todo lo que tenga que ver con explotación, lo que es un gran avance.
El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD) manifestó su voto en contra porque la apertura que se propone “conduce a la extranjerización del sector energético”, entrega el petróleo y la electricidad a especuladores profesionales que operan en los mercados, privatiza y desnacionaliza los recursos petroleros, gas natural y en hidrocarburos, campos de producción y áreas de interés del crudo.
Señaló que se desmantelan las infraestructuras de PEMEX y CFE y se entregan a los empresarios para su operación en comodato, alianza y otras formas de asociación. “Es una privatización directa, absoluta y total, pues sus actividades productivas podrían transferirse al sector privado mediante diversas figuras jurídicas y el Estado podría ser desplazado”.
De la bancada de Acción Nacional, Juan Bueno Torio se pronunció a favor de la reforma en virtud de que “beneficiará a todos los mexicanos y fortalece la soberanía”. Asimismo, dijo, “es nacionalista y de vanguardia, pues proporciona una mayor competitividad para que México crezca económicamente”.
Sostuvo que no es posible transformar al sector energético “haciendo lo mismo que se hace desde hace más de 70 años” y advirtió que el modelo de producción vigente en el país “está, evidentemente, agotado”, lo que se refleja en la importación del 51 por ciento de las gasolinas, el 35 por ciento del gas y el 75 por ciento de los petroquímicos que se usan en el país.
El diputado Eloy Cantú Segovia (PRI) enfatizó que su grupo parlamentario reafirma su posición a favor de esta reforma que parte de un diagnóstico objetivo sobre el sector energético, “que mantiene la propiedad de los hidrocarburos del subsuelo en manos de la Nación mexicana y que no privatiza a las empresas petrolera y de electricidad”. Destacó que la reforma energética tiene cuatro grandes cualidades: “responsable, nacionalista, moderna y limpia”.
Explicó que es responsable, porque busca financiar el desarrollo de la industria de exploración y extracción del petrolero y gas sin poner el riesgo la economía del país. Nacionalista, agregó, porque reduce la dependencia que hoy se tiene del extranjero y fortalece la soberanía energética. Es moderna, porque contarán con instrumentos apropiados para impulsar su crecimiento y competitividad, y es limpia, porque promueve la utilización del gas natural como combustible de transición, y fomenta el uso de fuentes de energía limpia, renovable y no convencional.
Al pronunciarse a favor, el diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) resaltó que “no se está entregando un cheque en blanco” y advirtió que “con la misma convicción que ahora apoyan la reforma, será también la firmeza con la que se exigirán resultados al Ejecutivo. Estas modificaciones son profundamente nacionalistas y permitirán impulsar el progreso del país”.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) consideró que se está dando un cheque en blanco para una dictadura presidencial, pues este dictamen representa un golpe de Estado y de traición a la patria. “Están entregando el petróleo y el gas de México; va haber un saqueo horrible; no es un acto para generar un nuevo modelo de desarrollo petrolero y energético, sino un negocio corrupto. No vamos a estar del lado de la infamia y de la traición”, afirmó.
Por el PVEM, el legislador Arturo Escobar y Vega aseguró que con esta reforma en los próximos cinco años México será otro país y esta legislatura será reconocida como una de las más grandes de la historia. “No puedo entender cómo se defiende una estructura energética absolutamente rebasada. Es inadmisible no ir a una reforma constitucional. La soberanía nacional de poco sirve enterrada en el fondo del mar. Hay que sacar estos recursos para dar bienestar, educación, seguridad y una mejor vida a la población”.
En contra, el diputado del PRD, Jorge Salgado Parra, sostuvo que se atropellan los derechos de los mexicanos respecto a recursos que son de la Nación, como los energéticos. La razón de Estado ha sido sustituida por la de empresa, como un aspecto ideológico para privatizar sectores estratégicos, advirtió.
A favor, el diputado del PRI, Javier Treviño Cantú, destacó que el país no puede mantenerse en el inmovilismo petrolero cuando hay una revolución energética global, en la que México puede reafirmarse como actor relevante; apuntó que la era del petróleo fácil se acabó. Ahora se requieren recursos y mejor tecnología, y debe actuarse para garantizar la seguridad energética, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (Movimiento Ciudadano) señaló que no estaba de acuerdo con la reforma por la premura con que estaba tratando y porque van a surgir muchos errores en ella. Además, dijo, la palabra “renta” significa que “sigues siendo el dueño, pero ya no puedes entrar a esa casa, solamente vamos a ver lo que pasa por la puerta del frente, pero no vamos a saber cuántos barriles salen por la puerta de atrás, y esto es un verdadero problema, porque las leyes secundarias no están elaboradas”.
De Acción Nacional, el diputado Luis Alberto Villarreal García enfatizó que la reforma traerá grandes beneficios como la creación de 100 mil empleos bien remunerados cada año; crecimiento económico adicional anual de hasta un 2 por ciento del PIB; soberanía energética, porque se dejará de comprar y de importar de otros países la mitad del gas y de la gasolina que se consume, y sostuvo que el precio de la energía eléctrica y el gas pueden llegar a disminuir hasta en un 40 por ciento.
Al hablar en contra, el diputado Silvano Aureoles Conejo (PRD) dijo que la reforma representa la entrega del patrimonio nacional, de los energéticos, hidrocarburos y electricidad a manos privadas que traerá una enorme concentración del ingreso, el estancamiento del desarrollo y enriquecimiento de los ya de por sí ricos, a costa de los bienes de la Nación. Por ello, resaltó, “para el 2015 iremos a la consulta popular, para echar abajo esta reforma que va en contra de los intereses nacionales”.
El diputado Nabor Ochoa López (PVEM) exhortó a dejar las indiferencias y construir una patria “impecable y diamantina”, para el país que necesitan los mexicanos, ya que existen más de 50 millones en pobreza y 7 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian. “Recordemos la obligación que tenemos -los legisladores-, cuando hay millones que esperan más de este Congreso. Vamos trabajando juntos y correspondamos a este momento histórico”, afirmó.
En contra, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (Movimiento Ciudadano) aseguró que la debilidad de Pemex se debe al saqueo, la corrupción y el robo del que ha sido objeto por parte de quienes lo controlan. De aprobarse la Reforma Energética, sostuvo, “se hará más débil a la Nación, se irá en contra de nuestra historia, de las leyes y del pueblo”.
A favor del dictamen, la legisladora Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI) afirmó que en la propuesta de reforma no hay punto donde se asevere que Pemex se privatizará. Contrario a ello, dijo, “habrá una gran conveniencia al emplear la tecnología de punta de otros países y la inversión, para explorar yacimientos a grandes profundidades”.
Javier Salinas Narváez (PRD) mencionó que su voto sería en contra, ya que esta reforma “es una afrenta y atraco a la Nación; rescata la redacción del gobierno Cardenista, pero omite impedir la intervención de los particulares en la explotación de los hidrocarburos. “Nos recetan ahora un dictamen privatizador que si bien no se propone vender un sólo tornillo, es obvio que los contratos de utilidad compartida van a sacar de la jugada a Pemex”.
Posteriormente, hicieron uso de la palabra para rectificar hechos los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Purificación Carpinteyro Calderón, Amalia Dolores García Medina, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Julio César Moreno Rivera y Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD; Ricardo Cantú Garza, del PT, y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.
Enseguida, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, informó que para la discusión en lo particular se reservaron todos los artículos del decreto.
El secretario de la Mesa Directiva, diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza), detalló que estos son el 25, 27 y 28 de la Carta Magna, así como los transitorios del uno al veintiuno por 73 diputados del PRD, 20 de Movimiento Ciudadano y 8 del PT.

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