Por: José Ignacio Dávila Álvarez/Ida y Vuelta/San Luis Potosí, S.L.P.
Jueves 31, enero 2013.-La comisión legislativa que aprobó el aumento a las tarifas del trasporte urbano, encara el rigor del escrutinio público y el rechazo de una buena parte de la sociedad potosina que se siente molesta, que se dice ofendida, que se ve traicionada.
Las expresiones ciudadanas de inconformidad, se manifiestan y crecen. El desgaste público de los diputados que aprobaron el aumento al transporte urbano es evidente, es notable y por la misma razón admisible y hasta justificable.
Una clase popular que confió a los legisladores su voto a la espera de una promesa para dignificar su calidad de vida, a cambio recibió una respuesta humillante, una respuesta vergonzosa, una respuesta insultante.
Las sinrazones del diputado Jaén y de sus aliados priistas
Los favores de tres de sus compañeros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del cuerpo legislativo local, fueron suficientes para que al diputado de Nueva Alianza, Jaén Castilla Jonguitud, le alcanzara para echar adelante su “noble” propuesta de encarecer el servicio.
Los votos de los priistas, ecologistas y aliancistas, Federico Ángel Badillo Anguiano, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Delia Guerrero Coronado y el del propio Jean Castilla Jonguitud, fueron fulminantes, contundentes y desde luego suficientes.
Fueron cuatro votos a favor y tres en contra los que estuvieron en juego en esa comisión. Votos a favor que debieron calar hondo en la precaria economía de las clases más necesitadas. Debió doler.
Jaén propuso entonces subir de 6.60 a 7.50 pesos en el pasaje general pagado en efectivo, de 7 pesos en el modo de prepago y de 3.50 pesos para estudiantes y adultos mayores.
La jugada estaba hecha con la complicidad de legisladores al servicio del Gobernador Fernando Toranzo a decir de Gerardo Salim Assaf Llamas, dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional.
La generosidad panista y perredista
En esta circunstancia, el que pareció ser un gesto de “generosidad social” matizado quizá con el deseo de atraer futura inversión política, es el que eligieron Socorro Herrera Orta y Juan Pablo Escobar Martínez, de extracción panista y el perredista José Francisco Martínez Ibarra al votar en contra de la medida impuesta por el nieto del ex gobernante potosino Carlos Jonguitud Barrios.
Su bondad y solidaridad social quedó a la vista de todos. Los intereses político- partidistas estaban plenamente representados en esa comisión legislativa. Las cartas del juego estaban echadas.
Anterior a la autorización de la nueva tarifa, el legislador Juan Pablo Escobar decidió dejar a un lado los vehículos que lo mueven y abordó un camión urbano como muestra de “adhesión” con las clases populares y para dejar en claro que su voto iba en contra del aumento.
Así entonces, si otra cosa no ocurre, a partir del próximo 9 de febrero los permisionarios verán con gusto como se abultan sus ganancias con la nueva tarifa que les fue bondadosamente obsequiada.
Habrá que esperar las reacciones de las agrupaciones civiles y de otras fuerzas sociales que ya han expresado su inconformidad. Seguramente lo harán con rigor ante lo que se considera una injusticia.
Por lo pronto el dictamen aprobado hoy, reposará unos días en la diputación permanente que convocará a una reunión extraordinaria tentativamente el próximo miércoles para dar entrada definitiva al incremento de la tarifa.
Otra más de las sinrazones de nuestra clase política. ¿La merecemos?
José Ignacio Dávila Álvarez es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí donde cursó la carrera de Diseño Gráfico. Es periodista desde 1985. Fue titular de XHSLS TV Canal 9 en San Luis Potosí, (México) y ejecutivo de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, A.C. Ha sido catedrático universitario y funcionario público. Es directivo del Colegio de Periodistas y Comunicadores de San Luis, A.C.
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