Vienen días difíciles

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ / Las Nueve Esquinas / San Luis Potosí, S.L.P.

Si al endurecimiento del discurso le sigue el endurecimiento de las posturas y acciones del gobierno federal, en el futuro inmediato el país va a enfrentar días difíciles, días perros. Vamos a caminar por la cuerda floja.

Entre el presidente Peña Nieto que regresó el fin de semana de China y Australia declarándose dispuesto a agotar los recursos del diálogo y la conciliación, y el que vimos el martes advirtiendo de intentos desestabilizadores del país y atentados contra el proyecto (reformista) de nación que él alienta, hay una diferencia abismal. “No nos vamos a detener”, subrayó.

Una primera aproximación a ese cambio en lapso tan breve sugiere que Peña Nieto ha decidido retomar la iniciativa. Ojalá lo haga bien y para bien. Después de semanas de titubeos, azoro, abatimiento, pasmo, rostro desencajado y voz pesarosa, el martes recuperó presencia y habló con firmeza.

Uno desearía que el tono admonitorio fuera suficiente para disuadir de sus excesos a los radicales que han encontrado en la tragedia de Iguala el pretexto ideal para la violencia, la agresión a ciudadanos inocentes e inermes, pero es muy improbable que eso suceda. Invariablemente este tipo de movimientos lo que buscan precisamente es la reacción del Estado para enarbolar la bandera de la represión. Y si ésta produce víctimas fatales, tanto mejor.

En esa lógica, lo que cabe esperar es nuevos desafíos en forma de actos vandálicos. Lo que se pondrá a prueba no será la capacidad de la autoridad para contenerlos y sofocarlos, que la tiene de sobra, sino la posibilidad de que lo haga con destreza suficiente para evitar víctimas que retroalimenten el conflicto.

No entraña ninguna dificultad entender que frente a manifestaciones violentas y lesivas para la sociedad, una cosa es disuadir, contener, disolver, dispersar, sofocar, someter o arrestar, y otra muy diferente agredir, conculcar derechos, masacrar, asesinar.

Durante ya casi medio siglo, el llamado Síndrome de Tlatelolco ha sido un factor paralizante de las autoridades a la hora de aplicar la ley y mantener o restaurar el orden. Desde aquél fatídico 2 de octubre de 1968, en el país arraigó la equívoca idea de que no es posible aplicar la fuerza legítima del Estado sin reprimir con violencia letal; sin matar, pues. Nadie en las alturas del poder, desde entonces, ha querido exponerse a ser llamado el nuevo Díaz Ordaz.

Vista con objetividad y perspectiva, esa percepción es absurda. Entre otras cosas, porque las grandes, multitudinarias manifestaciones que se dieron en la Ciudad de México entre julio y octubre del 68, fueron en lo general pacíficas.

Además, desde hace decenios la televisión y más recientemente las nuevas tecnologías de comunicación nos permiten enterarnos de cómo, en las democracias más consolidadas e insospechables del mundo, en los países con los más altos estándares de respeto a los derechos humanos, las violaciones a la ley reciben siempre un tratamiento de la autoridad acorde a su gravedad. Lo hemos visto: en Inglaterra, Noruega, Estados Unidos o Australia, a los violentos se les reprime con firmeza. No se les asesina, claro; no se les masacra, pero tampoco se les ponen enfrente policías desarmados para que los agredan, les lancen fuego, les den de cadenazos, los lapiden o los agarren a patadas inmisericordemente frente a las cámaras. Diría Perogrullo: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Nadie en su sano juicio quiere un gobierno represor, gorilesco, brutal. Pero tampoco es en absoluto deseable un gobierno ausente. Uno como el de Guerrero que ante el vandalismo desatado que incendia edificios públicos y privados; que bloquea establecimientos comerciales, que impide a gente inocente ganarse la vida y acerca a la ruina económica ciudades enteras, decide acuartelar a sus policías “para evitar enfrentamientos”.

Está claro, finalmente, que en todo esto los menos exaltados han sido los familiares de los jóvenes desaparecidos y presumiblemente sacrificados. Ellos, los verdaderos dolientes del drama han sido firmes en sus exigencias de búsqueda, esclarecimiento y justicia, pero no han golpeado a nadie, no han incendiado nada, no han causado destrozo alguno, no han llamado a la violencia.

NI QUE FUERAN NUEVOS

Hace unas pocas semanas, aquí en San Luis Potosí el Partido Revolucionario Institucional estaba en condiciones de hacer una jugada astuta para ser el único partido de los tres grandes que llegara a las elecciones en asociación con otros, lo cual ampliaría sus posibilidades de triunfo el 7 de junio del año próximo. Hoy, no sabemos si por impericia jurídica o por un plan muy tortuoso, esa opción se ha esfumado.

Al anochecer del pasado 15 de octubre cuando venció el plazo para el registro de coaliciones entre partidos políticos, la única solicitud que se presentó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana fue la suscrita por el PRI, el Verde y el Panal. En tales circunstancias, a una eventual asociación entre el PAN y el PRD sólo le quedaba disponible la figura de “Alianza Partidista” que en opinión de expertos en legislación electoral es jurídicamente muy frágil. Es decir, si se llegara a concretar y fuera impugnada con buenos argumentos, puede echarse abajo.

Así, en el ámbito tricolor se acariciaba la posibilidad de que una vez aprobada por las autoridades electorales su coalición con el Verde y el Panal, en enero o febrero que eventualmente se forjara la alianza PAN-PRD-PT-MC, de inmediato la impugnaría, ya fuera por sí mismo o a trasmano, para obligarlos a ir por separado.

Ese venía a ser el escenario ideal para el Revolucionario Institucional: ir a las urnas aliado con dos partidos que le pueden aportar entre 3 y 5 puntos porcentuales (repetimos: Fernando Toranzo ganó con 3.4 por ciento), en tanto que el PAN iría sólo y el PRD con el PT y el MC.

Ahora, el panorama se muestra mucho más complicado para el tricolor. El Tribunal Electoral del Estado anuló la coalición PRI-PVEM-PNA, y salvo que en las instancias superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación logre revertir ese fallo, ya sólo podrá aspirar a ir en Alianza Partidaria. Esto no es malo en sí mismo, pero sí por cuanto que entonces ya no podría impugnar la que llegaran a concretar PAN-PRD y demás, pues sería escupir al cielo, o hacerse el harakiri.

Ya se han difundido las cifras, pero conviene recuperarlas en lo esencial: tomando como base los resultados de la elección de gobernador celebrada en el 2009, los bloques PRI-PVEM-PANAL y PAN-PRD-PT-MC, tendrían unas expectativas de votación casi idénticas, prácticamente empatadas: 459 mil votos contra 454 mil, en su orden.

En cambio, de haber prosperado la estrategia contemplada hace apenas cinco semanas, el Revolucionario Institucional y sus aliados habrían enfrentado por separado a los restantes partidos, con lo cual sus posibilidades de triunfo habrían sido mucho más amplias. Que a estas alturas de su historia y del calendario el PRI no sepa armar coaliciones, es muy pero muy sospechoso.

COMPRIMIDOS

• De última hora, la tarde del martes, la dirigencia priísta incluyó en el orden del día de la sesión del Consejo Político Estatal prevista para ayer a las 18:00 horas un punto: la integración de la Comisión de Postulación de Candidatos, a cuyo cargo quedará definir quiénes serán los postulados para diputados locales. Esto resulta muy extraño, pues todavía el fin de semana pasado se daba por descontado que dicha comisión sería constituida hasta después de que hubiera candidato a Gobernador. Están pasando cosas muy extrañas en el otrora invencible.
• Ayer debió comenzar el levantamiento de la encuesta contratada por la dirigencia local del Partido Acción Nacional para definir quién será su candidato o candidata a la gubernatura. Como ya se sabe, el acuerdo alcanzado por los aspirantes es que quienes ocupen los dos primeros lugares se enfrentarán en una elección interna reservada a los militantes (unos 11 mil con derecho a voto), salvo que la diferencia entre el primero y el segundo sea de cinco puntos porcentuales o más, en cuyo caso la postulación será automática. Estas no son buenas noticias para Mario Leal Campos, quien hasta el final intentó que el sondeo de opinión se pospusiera hasta enero para seguir avanzando en el conocimiento y las preferencias de la gente. El Circulo Azul fue irreductible. Los resultados se conocerán a fin de mes.
• Como usted seguramente recordará, en mayo pasado el Auditor Superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo, hizo una “coperacha” entre sus principales colaboradores para reunir el millón cien mil pesos que se entregó, junto con un permiso de venta de bebidas alcohólicas, a Néstor Garza, para que se desistiera del amparo interpuesto contra su elección que estaba por ganar. Los cooperantes fueron media docena, con cantidades fluctuantes entre 80 y 200 mil pesos. Sucede que ya sólo uno de ellos permanece en su cargo. Todos los demás fueron despedidos por una u otra razón. Ni tardos ni perezosos, exigieron la devolución de su dinero. Por supuesto que Martínez Loredo no se los reintegró de su bolsillo sino que le ordenó al Coordinador de Administración Pedro Almendárez Robledo que lo hiciera con recursos del presupuesto de la ASE, o sea con dinero público que no se puede utilizar para esas cosas. Lo interesante es que para evitar encuentros enojosos, no obstante su larga experiencia en estos menesteres PAR depositó el dinero en las cuentas bancarias de los interesados. Es decir, dejó huellas imborrables. Ya los alcanzará el destino.
• Hace varias semanas que en la calle donde vive Servidor abrieron zanjas para introducir o reparar tuberías de agua, hecho lo cual las taparon con cascajo, sin repavimentar, dejándolas convertidas en trincheras rompe suspensiones. He tratado de avisarle al director de Interapas, mi compadre el Caco García, pero es más fácil comunicarse con Obama que con él. Si alguien se lo encuentra por ahí, díganle porfa que no sea así y ya deje esa horrible manía de cambiar de teléfonos cada semana. Cuando regrese al sector privado podrá cambiarlos dos veces al día si se le antoja, pero se supone que es funcionario y servidor público. Digo.

Hasta el próximo jueves.