El enfrentamiento entre Martín, el hermano del gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, y la cúpula de su gobierno ya se ha convertido en un escándalo que acapara portadas y comentarios de medios nacionales. No se ve dónde vaya a parar, porque lo están tomando como una muestra del botón sobre complicidades, corrupción y descomposición del gobierno priista. Y la pregunta es la misma de todo el sexenio… ¿Dónde está el Gobernador?
Esta es la versión de Sin Embargo.
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Toranzo: Un escándalo entre hermanos evidencia al gobierno improvisado de SLP
El hermano del Gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, quien fuera delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Martín Toranzo Fernández, sorprendió el pasado lunes a los habitantes de esa entidad cuando, en conferencia de prensa, informó que había demandado por presunta extorsión ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a Roberto Naif Kuri, titular de la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno de su hermano.
El funcionario estatal dijo que Naif Kuri le exigió el pago de un millón de pesos a cambio de no generar “un escándalo mediático” ante un caso de corrupción en el que se encontraba involucrado. El encargado de la comunicación social de San Luis Potosí habría acusado al hermano del Gobernador de recibir el 10 por ciento de un contrato de obra con valor de 29 millones de pesos.
El funcionario federal incluso decidió dejar su cargo, de manera temporal, para ocuparse personalmente del proceso penal. Sin embargo, este escándalo no es el primero que sale a luz dentro de la administración del Gobernador Toranzo Fernández; otras situaciones han puesto en evidencia la falta de control que el Gobernador tiene en sobre su administración.
EL COSTO DE IMPROVISAR
Entre los más recientes, se encuentra el que involucra a su secretario de Seguridad Pública, Joel Melgar Arredondo, quien contrató como “consultores de seguridad” a varias empresas en el Distrito Federal que nada tenían que ver con el ramo y a la Oficialía Mayor del Estado a cargo de Benito López Lara.
El pasado 30 de agosto, el gobierno de Toranzo Fernández aprobó y contrató, con recursos federales, a un abarrotero, una empresa que vende aparatos eléctricos, una agencia de publicidad, una editorial, una compañía cuyo rubro principal es la venta de telas y una ferretera para que le ofrecieran “servicios de consultoría especializada” en seguridad. Todos ellos cobraron en el año 2013 al gobierno de San Luis Potosí casi 20 millones de pesos, provenientes del Programa Nacional de Prevención del Delito, en “servicios de consultoría especializada” en esa materia, solicitados por la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
En los contratos que la Oficialía Mayor del gobierno de Fernando Toranzo firmó con siete empresas de la Ciudad de México, además de datos de directorios de negocios y documentos sobre adquisiciones de dependencias federales y de otros estados, el diario potosino detectó que ninguna de esas empresas coincidía con el propósito especializado requerido por la SSP.
De acuerdo con esos documentos, todos los servicios fueron solicitados por Melgar Arredondo entre el 23 y el 28 de agosto de 2013. Y todos esos documentos fueron firmados por el director general de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, Benito López Lara; signados todos el 5 de septiembre del mismo año.
Esas operaciones obtuvieron además el visto bueno de la Auditoría Superior del Estado. En el reporte de la cuenta pública del año pasado, se señala que la Auditoría Superior aceptó los argumentos ofrecidos por la Oficialía Mayor con la que exentaron las compras del proceso de licitación.
Pues señalaron que todas esas empresas utilizaron el método de la adjudicación directa con la cual los proveedores tuvieron “la exclusividad” sobre esos servicios. Un ejemplo de ello, es la operación que se realizó con la empresa Fernández Educación S.A. de C.V., la cual está registrada como una editorial con sede en la colonia Xoco, de la capital del país, la cual cobró 6.2 millones de pesos. Sin embargo, esa empresa, de acuerdo con Compranet, el portal especializado de proveedores y licitaciones del gobierno federal, se dedica a la elaboración y comercialización de libros, diccionarios y obras editoriales.
Pese a ello, el gobierno de San Luis Potosí le compró a esta empresa servicios de consultoría en “la prevención del delito desarrollando soluciones que permitan resolver problemas complejos y que puedan tener un alto impacto social a través de talleres”. Estos talleres, de acuerdo con el contrato, se ofrecerían a niños, adolescentes y mujeres de varios municipios del estado para prevenir el uso de drogas, el bullying y la violencia intrafamiliar, de acuerdo con el contrato DGA-CAASPE-co118-AD-026-13. El contrato DGA-CAASPE-co241-AD-47-13 garantizó, también por la vía de adjudicación directa, a la empresa Gurmy S.A. de C.V. el pago de 3.7 millones de pesos por servicios “especializados” en seguridad, destinados a la reactivación de espacios a través de la creación de talleres de teatro, la proyección de películas, clases de danzón y ritmos latinos y hasta enseñanza de artes circenses.
Estas actividades contrastan con el rubro principal de esta empresa que ofrece el directorio digital pek.com: “comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneos”.
Además, Compranet revela que ha vendido miles de metros de tela a la secretaría de Marina y al IMSS.
Otras cuatro empresas de diversos ramos, como anuncios publicitarios y hasta refacciones, pasaron por diversos filtros del gobierno de San Luis Potosí y fueron aceptadas para dar servicios a la SSP.
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