COMUNICAR EN TIEMPOS DEL DOCTOR

Por L. Gabriel Gayosso Berman/ La Cicuta/ San Luis Potosí, S.L.P.
“El utilizar la violencia como medida de intimidación institucional puede despertar el clamor social y por consiguiente la movilización de la población”.
Muchas veces se ha dicho que cuando alguna persona no tiene la razón, se enoja, alza la voz, utiliza el insulto y hasta la violencia física para imponer su criterio o su verdad, acallando a quienes con razonamientos y fundamentos validos opinan de manera diferente.
Y la política o el quehacer gubernamental no quedan fuera de esta práctica. Primeramente se pretende cooptar por medio de apoyos económicos, así se hizo famosa aquella frase que se le atribuía al General Álvaro Obregón, “No hay quien resista un cañonazo de 50 mil pesos (oro)”.
En tiempos actuales, se le ha dado en llamar cochupo, (Término coloquial mexicano que se usa para designar un acuerdo deshonesto, implícito o tácito, mediante el cual dos personas o más resultan beneficiadas de una acción al margen de la legalidad y/o de los intereses de la sociedad), chayo, embute, coco y otras denominaciones a la acción que se hace para que no se denuncie o se acalle una irregularidad, especialmente proveniente de las esferas del poder.
Si la puja económica no consigue el efecto deseado, se recurre a la intimidación verbal o psicológica amparado con el uso legal de la fuerza, es decir, por medio de las instituciones de seguridad con las que cuenta la autoridad para ejercer su acción coercitiva, y se este paso falla, si el receptor de la agresión mantiene su intención original, se acude entonces a la violencia física como una alternativa de la intimidación institucional.
Uno de los segmentos sociales que ha sufrido de estas acciones intimidatorias provenientes de las esferas gubernamentales es el medio periodístico. Específicamente los reporteros, columnistas, editorialistas, fotógrafos, locutores, comentaristas, editores y todos aquellos que se han dedicado a la tarea de informar o comunicar, particularmente las malas acciones o determinaciones de quienes detentan el poder.
Recordemos al famoso mimo y comediante Jesús Martínez Rentería, (a) “Palillo”, quien fuera encarcelado muchas veces por su sátira política en contra del sistema, particularmente los priístas; o la muerte del columnista Manuel Buendía, asesinado arteramente por sus denuncias públicas sobre la actuación de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad.
Las agresiones y muertes de periodistas no ha sido una novedad, Jesús Blancornelas, director del semanario “Zeta”, que en noviembre de 1997 sufrió un atentado presumiblemente a manos del crimen organizado. La periodista y conductora Lilly Téllez, sufrió en junio del año 2000, un atentado también atribuible a la delincuencia organizada.
Y en el ámbito local, tenemos ejemplos como el homicidio, aun sin esclarecer del reportero y columnista Rafael Ibarra Morales, (a) “Ibarrita”, quien cubría la fuente policial de un diario capitalino; y últimamente las agresiones sufridas al entonces encargado del área de comunicación social de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a un novel reportero del diario “Pulso”, a un locutor de radio y, recientemente, al reportero Guillermo Arturo Moreno, conocido por su columna periodística “El Calabozo” bajo el seudónimo de “Condenadito”; cuya constante es que las agresiones fueron propiciadas por elementos policiales, es decir, por servidores públicos que tienen por deber y obligación velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos.
O el caso del columnista y Fedatario Público Leonel Serrato Sánchez, quien ha denunciado, en reiteradas ocasiones, las amenazas que ha recibido por parte de oficiosos y otros no tanto, por sus comentarios y editoriales en contra de las acciones gubernamentales de pasadas administraciones y la actual encabezada por el medico Toranzo.
Muchos personajes conocidos del medio periodístico han sido agredidos e intimidados, habiendo desde las amenazas telefónicas o en persona, los daños a sus vehículos o sus domicilios, hasta las lesiones físicas y las detenciones sin fundamento legal.
Así en el mes de mayo de 2013 se publicó la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo en el Estado de San Luis Potosí, como un ordenamiento que garantizaría el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad, libertad y respeto, acorde con las disposiciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Ley para la Protección de las personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de competencia federal.
En este sentido, es importante clarificar a que personas se les define como periodistas, ya si la fracción II del artículo 2 de la legislación local, señala literalmente: “Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.
El meollo es que se tiene la percepción social que cuando un medio de comunicación, o una persona emite su opinión crítica, la cual no es del agrado de las esferas del poder, se opta, como mejor opción de entendimiento, por la intimidación violenta, por la amenaza anónima o por el descredito social del escribiente, en muchas ocasiones orquestada desde los más altos niveles del gobierno, verbigracia, el “lodazal” que ejerció el anterior Director de Comunicación Social del gobierno del médico ejecutivo, Juan Antonio Hernández Varela (a) “El perro tragauñas”.
Se espera que las agresiones a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación se acentúen; que la impunidad con que se amenaza, intimida, detiene, encarcela o agrede sea una constante en los meses que le quedan a la presente administración del galeno gobernante.
Así también, se prevé que las denuncias públicas sobre el mal desempeño que ha tenido el actual gobierno estatal se incrementen y sean de mayor profundidad e investigación, y lo más probable es que la ciudadanía sienta empatía por el gremio periodístico, pues esta hasta la coronilla de las acciones lelas y las corruptelas de los funcionarios y servidores públicos.
No olvidemos que el pueblo se cansa, se fastidia, se harta de tanta corrupción, indolencia y desvergüenza, emite su sabio juicio histórico, que en el mejor de los casos se refleja en el resultado electoral, cuando no se opta por un camino más acorde a su gobierno, el camino violento.
Comentarios: La huasteca es una tierra que parece no tener ley ni gobierno. No es privativo de San Luis Potosí, Tamaulipas o Hidalgo. En un pequeño poblado de la huasteca veracruzana fueron arteramente asesinados un matrimonio de gente trabajadora, humilde y querida. La autoridad y la seguridad es solo una expresión en el discurso político. Descansen en paz Eyra y Roberto. Resignación a la familia.