CURULEROS RECULOS

Por L. Gabriel Gayosso Berman/ La Cicuta/ San Luis Potosí, S.L.P.
De conformidad con lo establecido por el artículo 35 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo ciudadano tiene derecho a ser votado a cargos de elección popular, con la sencilla cualidad de ser mayor de edad y haber adquirido la ciudadanía. Esto no asegura que su actuación como servidor público sea idónea, suficiente, plena y aceptable; mucho menos que el interfecto sea capaz, honesto e inteligente.
En nuestro ámbito local, hasta el próximo proceso electoral del 2015, ciudadanos potosinos, de manera independiente de los partidos políticos, podrán postularse para ocupar cargos de elección en la administración municipal, el legislativo y ejecutivo local, pues esta prerrogativa o facultad era exclusiva de los institutos políticos hasta antes de la reforma a la Ley Estatal Electoral, ocurrida en el año que transcurre.
Es el caso, que hemos tenido alcaldes, regidores, síndicos y diputados locales, que a pesar de tener aparente aceptación por la población, carecen del mas mínimo conocimiento de lo que es la administración pública, la aplicación del derecho, el manejo honesto de los recursos o la facultad de legislar. De esos y sus acciones anecdóticas tenemos un gran repertorio para platicar a propios y extraños por mucho tiempo.
Independientemente de lo anecdótico y chusco que resultan algunos legisladores, alcaldes y regidores, también son los más inverosímiles, faltos de credibilidad y honestidad; cargan un desprestigio social, que los coloca debajo de los delincuentes y maleantes comunes.
Si de acuerdo con el artículo 39 Constitucional todo poder público se instituye para beneficio del pueblo y, si el poder legislativo es un poder público, podemos entender que todos los actos que realicen nuestros diputados deben tener como objetivo principal (leyes y decretos) el beneficio del pueblo mexicano, y de manera particular el potosino.
Así mismo, la Constitución General y la particular del Estado, establecen la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) independientes y autónomos entre sí, por lo que es incongruente, se extraña, asombra y hasta resulta ilegal, que uno de los poderes estén subordinados a otro.
Viene al caso, las recientes reformas y acuerdos tomados por el Congreso del Estado, otorgando aumentos a la tarifa del servicio del agua potable, al impuesto sobre la nómina, la verificación vehicular, la reforma energética y, particularmente, la tenencia de vehículos automotores.
Como la propuesta la realiza el Ejecutivo, medico gobernante emanado del PRI, era lógico y natural que los diputados priístas apoyaran a raja tabla esta iniciativa, en contraposición de la postura del autodenominado “grupo de los 16”, integrado por los legisladores del PAN, PRD, Nueva Alianza, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Conciencia Popular, quienes suscribieron previamente un documento público fijando su postura de rechazo al impuesto de la tenencia.
El cambio de postura de los verde ecologistas Jorge Aurelio Álvarez Cruz y del paletero Martin Álvarez Martínez, en favor de la aplicación de la tenencia no resulto sorpresiva, sorpresiva hubiese sido que sostuvieran su palabra y su dicho, fajándose los pantalones como hombres de palabra y no esbirros del gobernador o del PRI.
El que realmente sorprendió fue el ex presidente municipal priista de Tampacán, S.L.P, ex diputado federal, ex dirigente magisterial (de los allegados a Elba Esther Gordillo), y ahora legislador plurinominal por Nueva Alianza, Crisógono Sánchez Lara, padre del también diputado local verde ecologista Christian Joaquín Sánchez Sánchez, reculara en su previa manifestación y argumentando que el recurso se aplicaría en educación y que los maestros potosinos están tan jodidos que no tienen vehículos con un valor mayor a los 200 mil pesos, se decidiera apoyar la aplicación de este gravamen obsoleto y arcaico.
El monto de lo que percibirá el gobierno estatal por este concepto se estima alrededor de 340 millones de pesos, que no son significativos para los 34 mil millones de pesos que contempla el presupuesto gubernamental para el 2014.
Lo que es verdaderamente significativo es la percepción de sumisión, de falta de credibilidad y empatía con la población por parte de los representantes populares, resaltándose la excelente oportunidad que tuvo el Congreso local para demostrar la independencia, autonomía y separación del poder legislativo ante el Ejecutivo y no quedar como unos agachones, pusilánimes, incongruentes, mentirosos, falsos y demás calificativos que usted pueda considerar.
Es conocido públicamente de los desplantes, desaires, desprecio y falta de respeto que el médico gobernante ha tenido para con los diputados locales, no solo en conjunto, como poder autónomo, sino en lo individual y hasta los de su propio partido; de esto último puede dar buena cuenta Fernando Pérez Espinosa, ex dirigente priísta.
Para aquellos diputados que apoyaron las propuestas del gobernador, permítaseme decirles que el futuro político inmediato del ejecutivo galeno es obscuro, incierto y probablemente, después de esta gestión, inexistente; así que si esperan que en un tiempo no muy lejano les devuelva el favor, lo más probable es que se queden con la esperanza y las ganas, amén de que el médico no es afecto a mostrar su agradecimiento a sus allegados, amigos y menos a sus extraños.
Los costos políticos de estas decisiones se verán próximamente, de eso estoy seguro; y las muestras de repudio, desacuerdo y rechazo de la población, ya las están sintiendo los diputados, aunque tengan dos madres, pues en las redes sociales, los corrillos palaciegos y de café, no se comenta otra cosa, más que los recordatorios afectuosos a las progenitoras de los diputados, así como la necesidad de ir a “plaquear” y obtener las licencias de conducir en las entidades vecinas.
El costo económico también se verá reflejado en los montos que se obtendrán por estos conceptos, tanto que los señores concesionarios de las marcas de autos existentes en la entidad, están preocupados por la posibilidad de la baja de sus ventas, y culpan indistintamente al gobernador y a los diputados que aprobaron el cobro de la tenencia.
Por su parte, la población acudirá nuevamente a la compra de vehículos de procedencia extranjera con más de 10 años de antigüedad, y solo un reducido sector de la población económicamente activa, pugnara por tener un vehículo con un costo menor a los 220 mil pesos., pues si la posibilidad económica lo permite, se podrá adquirir uno de mayor costo pero en alguna entidad vecina.
El descrédito, el desaliento, la decepción, el coraje, la impotencia y muchos sentimientos negativos permean el tejido social, aunado al próximo aumento del servicio del transporte urbano serán los elementos de una amarga navidad para los potosinos.

Comentarios: Las acciones de las policías estatal y municipal en contra de los manifestantes el pasado fin de semana, demuestran la incapacidad de cabildeo, negociación, dialogo y prevención por parte de las autoridades de seguridad y de quien maneja la política interior del estado. Este último, abogado de profesión, hubiese cuidado la calidad de la situación de mayoría de los legisladores que aprobaron la reforma constitucional energética, pues al parecer, es ilegal.