Sobrerrepresentación

Cualquier sobrerrepresentación mayor al 8 por ciento parece incompatible con lo previsto en el artículo 54 constitucional. Según el precepto, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputaciones, por ambos principios, que representen un porcentaje total de la Cámara que exceda el límite referido.  De inicio, el dispositivo constitucional no da lugar a medias tintas, aludir a ningún caso equivale a cerrar toda posibilidad.

Dado que los triunfos de mayoría relativa son irreversibles, sería probable que un partido tuviera una representación que exceda en ocho puntos el porcentaje de su votación nacional emitida. En tal hipótesis, carece del derecho a la asignación de diputaciones bajo el principio de representación proporcional, pero sus victorias electorales son definitivas y no existe manera de retirárselas, ya que la base constitucional no se aplicará al partido, cuyos triunfos en distritos uninominales, supere la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8 por ciento.

Imponer un límite a la sobrerrepresentación pretende garantizar un principio democrático elemental, que todos los votos cuenten igual. De no ocurrir así, la conformación de un órgano legislativo pierde simetría entre los porcentajes de votación y los porcentajes de representación. No solo la Constitución, sino el sentido común, exige que exista una relación adecuada entre votos y escaños.

Demandar una representación proporcional estricta es más que pertinente, lo ideal es que cada partido tenga un porcentaje idéntico al porcentaje de sus votos. Mientras no sea posible, pues no hay sistema democrático perfecto, es razonable equilibrar la representación con la gobernabilidad. Detrás del precepto constitucional hay una idea clara, la composición de la Cámara debe respetar, en términos generales, la voluntad del electorado.

Invocar el apego a la Constitución no es mero formalismo. Ataja muy bien las dudas Jacqueline Peschard cuando señala que cumplir con las disposiciones constitucionales no es una expresión retórica, sino la única vía para protegernos frente a la edificación de un poder concentrado y autoritario, por más respaldo que haya obtenido en las urnas. Asegurar que la representación política debe cumplir de forma cabal con el respeto a la pluralidad y a la proporcionalidad entre sufragios y curules, es una posición coherente y sensata. El problema de la sobrerrepresentación excesiva es que provoca una distorsión y trastoca la voluntad de los electores, al no traducir su expresión en una composición equilibrada del Congreso.

¿De qué depende la distribución de escaños en la Cámara? Por supuesto, de los resultados de la votación, pero también de las reglas del juego electoral que deben ser claras y apegadas a la Constitución. Es decisión de los votantes la integración del Congreso, por eso es tan importante que su voluntad se traduzca en una representación correcta, que impida las prácticas de simulación. Tolerar la sobrerrepresentación más allá del 8 por ciento no solo vulnera el texto constitucional, también trastoca la decisión soberana en favor de la limitación al poder.

Aquello que hagan las diputaciones una vez protestado el cargo, ya sea que permanezcan en su fracción parlamentaria o migren a otra, es un tema que se mueve en el ámbito de una decisión personal y ajeno a la sobrerrepresentación. Es estricto sentido, impedir que un partido político o una coalición rebase el 8 por ciento de su porcentaje de votación nacional recibida, pretende contrarrestar la astucia y la eficacia de una maniobra clara que tiene como propósito eludir la Constitución.

Saúl Mandujano, académico, fue consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México.

La ilustración que acompaña a esta entrada muestra la composición actual de la Cámara de Diputados de México. La autoría es de LuisRiera Wiki97 .