Impuestos y Declaraciones

L Gabriel Gayosso Berman 250xPor L. Gabriel Gayosso Berman/ La Cicuta/ San Luis Potosí, S.L.P.
La propuesta presentada por el Ejecutivo local potosino sobre los ingresos para el próximo año ante el poder legislativo local, han generado una serie de declaraciones mediáticas que tienen su impacto en la sociedad y lógicamente en la política local.
Se destaca el Impuesto sobre la Tenencia de vehículos automotores que, siendo un gravamen federal, quedó en el ámbito estatal y muchas entidades lo derogaron por considerarlo antipopular, pero sobre todo, obsoleto toda vez que su aplicación inicial fue para costear los gastos de los juegos olímpicos del año 1968.
En San Luis Potosí desde el año próximo pasado se ha generado una corriente de inconformidad por la no aplicación o vigencia de este tributo, pero la legislatura local, de mayoría priísta, a propuesta del Ejecutivo, también emanado del PRI, han desoído esta inconformidad ciudadana, y lo han mantenido vigente.
En esta ocasión, y dado que 16 legisladores de los demás partidos políticos se han manifestado abiertamente en contra de este gravamen, se ha realizado una oleada de declaraciones que van desde los memes en las redes sociales, hasta la postura asumida por los dirigentes de las cámaras empresariales, pasando por las organizaciones civiles que han estado pugnado constantemente por la derogación de este impuesto.
Por su parte, el poder ejecutivo ha señalado, por boca del Secretario de Finanzas, que si no se aprueba el cobro de este impuesto las arcas estatales sufrirán un serio descalabro económico, conminando a los diputados a la aprobación de la Ley de Ingresos tal y como la ha presentado el gobernador, aunque en esta propuesta se hayan contemplado aumentos porcentuales a otros gravámenes.
La cuestión es que, si bien, los recursos económicos que recauda la entidad por impuestos y derechos significan un porcentaje amable del presupuesto contemplado para ejercer el próximo año, la mayoría depende de las participaciones y aportaciones que entrega la federación sobre proyectos específicos, y el problema no es que la población no entiende que es necesario un presupuesto para atender las necesidades de gobierno y su buena administración, sino la falta casi total de transparencia en el manejo de estos recursos públicos.
En primer término, dejemos claro que cuando hablamos de recursos públicos nos referimos al erario que forma con los impuestos, derechos y aportaciones de todos y cada uno de nosotros que, ya sea por la adquisición de bienes y servicios, o por la imposición tributaria, aportamos para que sean administrados por ese ente llamado Gobierno. Es decir, es dinero de todos.
El malestar es la opacidad y falta de transparencia, con lo que se maneja la aplicación del erario, y en su caso, el conocimiento del desvío de recursos, en favor de otro tipo de actividades, que van desde cubrir los excesos de los funcionarios en turnos, viajes de pesca y diversión en vehículos terrestres y aéreos oficiales, compra de combustibles, pago de florerías y demás, hasta el otorgamiento de dadivas a supuestas organizaciones sociales y pseudo lideres ampliamente conocidos por su corrupción e impunidad.
Viene al caso recordar la participación del Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, en el Congreso Internacional 2012, Política Criminal Internacional, hace un año en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales, quien manifestó que: “La corrupción en México, se puede medir en la iniciativa privada, pues en el sector público, corrupción es sinónimo de gobierno”
Los legisladores locales, sin distingo de color y partido, tienen la obligación moral y legal de velar por la aprobación de leyes que beneficien primordialmente a la población y la ciudadanía, por lo que, aunque parezca incongruente, pues son los servidores públicos mejor pagados y con más ingresos extraordinarios, deben analizar con cuidado y detenimiento la propuesta de ingresos presentada para el próximo ejercicio fiscal.
Así mismo, deben de vigilar la correcta aplicación de estos recursos, y sancionar a quienes realicen irregularidades, incongruencias y desvío de estos rubros para otros fines diversos a los determinados.- Pero tal parece que los integrantes de la actual legislatura, sino todos, al menos la mayoría emanada del Revolucionario Institucional, están a disposición de los caprichos del Ejecutivo, o en su caso del personaje que manda y determina desde la Secretaría General, que en cumplimiento de su mandato constitucional y moral.
No soslayemos que estamos a menos de 20 meses del cambio de legislatura local, alcaldías y la gubernatura del Estado, y que si bien, probablemente el medico gobernante no se postule a cargo alguno de elección popular pues se enfrentaría a una sonora y estrepitosa derrota electoral, muchos legisladores locales si pretenden postularse para los escaños federales o municipales, y una mala decisión legislativa podría ser el parte aguas de un nuevo cargo público o no.
Las supuestas opciones que se han filtrado para no desaparecer el gravamen de tenencia vehicular y que solo se aplique a automotores cuyo valor sea de más de 200 mil pesos o como lo propone la Iniciativa Privada que se aplique a vehículos cuyo valor de compra supere los 400 mil pesos, se apartan del sentido de la inconformidad social, que es la derogación absoluta de este impuesto, pero, que tampoco se eleven los porcentajes de los gravámenes existentes o se apliquen nueva cargas impositivas.
De manera paralela se exige celeridad, prontitud, claridad y justo castigo a quienes desviaron recursos o no comprobaron la aplicación de los mismos en las pasadas administraciones gubernamentales y municipales, de la capital y de varios ayuntamientos potosinos, así como el reintegro de las cantidades indebidamente aplicadas y, por lógica, la reparación del daño. Cosa que vemos más que imposible si entendemos que el actual gobernador y el alcalde capitalino son emanados del mismo grupo político, aunque de diferente color partidista.
Por lo pronto, como ciudadanos, responsables y preocupados por los destinos de nuestra entidad, hagamos campaña para hace sentir nuestra inconformidad por la propuesta presentada por el ejecutivo, tanto por mantener vigente la tenencia vehicular como por aumentar los porcentajes a la carga impositiva.
Aunado a lo anterior, exijamos una rendición de cuantas clara y precisa de la aplicación de estos impuestos, y tomemos conciencia de quienes legislan a espaldas de la población, para que, con verdadera memoria histórica y responsabilidad, emitamos nuestro voto el próximo proceso electoral del 2015.
Comentarios: Los partidos políticos con más presencia en nuestra entidad, andan de mal en peor. Ni azules, ni amarillos, ni tricolores dan muestras de civilidad, apego a derecho y cohesión. Las candidaturas independientes pueden tomar fuerza y ser un excelente nicho de oportunidad para personajes que busquen servir e incursionar en la política local. Al tiempo.

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