Bienes Comunales, los Abusos en San Juan de Guadalupe

Por más que el bien sea el mismo para cada individuo, para la ciudad y el estado, es mayor y más perfecto cuando se alcanza y se preserva para la ciudad, es mas noble asegurarlo para  el pueblo: Aristóteles.

Antecedentes.

Leyes de Las Indias.

Cuando los indios vendieren sus bienes raíces y  muebles, conforme  a lo que se les permite, tráigase a pregón en almoneda pública en presencia de la justicia las raíces por término de 30 días y los muebles por 9 días; y lo quede otra forma se rematare, sea de ningún valor y efecto; y si pareciese el Juez por causa justa abreviar el termino en cuanto a los bienes muebles, lo podrá hacer. Ordenamos que esta ley se guarde y se ejecute en lo que no excediere de 30 pesos oro común y no en menor cantidad, y porque en este caso bastara que el vendedor indio aparezca ante el juez ordinario a pedir licencia para hacer la venta; y constándole por alguna averiguación que es suyo lo que quiere vender, y que no le es dañoso enajenarse de ello, le dé licencia interponiendo su autoridad en la escritura que el comprador, siendo mayor y capaz para el  efecto.

El Rey Don Felipe Segundo en Aranjuez, 24 de mayo de 1571.

En la Ley de 6 de Enero de 1915 promulgada por Venustiano Carranza, uno de los considerandos decía, que según se desprende de los litigios existentes, siempre han quedado burlados los derechos de los pueblos y comunidades, debido a que careciendo de ellos, conforme al Artículo 27 de la Constitución Federal, de capacidad para adquirir y poseer bienes raíces, se les carece también de personalidad jurídica para defender sus derechos. Entre  los párrafos importantes de la exposición de motivos de la iniciativa se encuentran los que a continuación se describen. Los  derechos de dominio concedidos a los indios, eran alguna vez individuales y semejantes a los de los españoles, pero generalmente eran dados a comunidades y revestían la forma de una propiedad privada restringida. Aparte de los derechos expresamente concedidos a los españoles, los reyes por espíritu de piadosa jurisprudencia  respetaban las  diversas formas de posesión de hecho que mantenían muchos indios incapaces, todavía, por falta de desarrollo evolutivo, de solicitar y obtener concesiones expresas de derechos determinados.

La Constitución General de la República en su Articulo 27, concede personalidad al ejido, representado por el Comisariado Ejidal, es hasta 1940 cuando se otorga personalidad a las comunidades en la figura del Comisariado de Bienes Comunales, durante años la comunidad recurrió a la figura una representación común para demandar la restitución de las tierras que habían sido invadidas por las haciendas Arroyos, La Pila y Jesús María. El Decreto Presidencial restituyó las tierras, vía dotación, para beneficiar a 328 jefes de familia, la ejecución se perfeccionaba con el acta de posesión y el plano definitivo, la cual debería ser firmada por la representación legal de los comuneros, para satisfacer este requisito, el comisionado agrario instó a los representantes comunes a constituirse en la única figura que contemplaba la ley, un Comisariado  Ejidal.

La Ley Agraria ofrece que las comunidades que deseen adoptar la figura del ejido, podrán hacerlo mediante el acuerdo de una asamblea  calificada, la misma oferta a los ejidos que quieran convertirse en comunidades.

En 1954, el Diario Oficial de la Federación publica el Decreto Presidencial que confirma los Bienes Comunales, en uno de sus resultandos  puntualiza que mediante Decreto Presidencial, les habían sido restituidas 4,504 hectáreas para beneficiar a 328 jefes de familia, el acta de posesión consigna que los colindantes fueron notificados en tiempo y forma, en el caso de Carlos López Martin del Campo, que se ostenta como propietario del Predio Casa Blanca, presentó una copia del plano, argumentando que el título de propiedad lo tenía en la Ciudad de México.

Los predios Casa Blanca, La Ladrillera y la Tiendita se ubicaban fuera del Plano Definitivo, ahora mediante el contubernio de delincuentes de cuello blanco, funcionarios agrarios, estatales y municipales, con el consentimiento de comisariados fueron excluidos arbitrariamente, violando el Decreto Presidencial, el acta de posesión, modificando el Plano Definitivo.

La Ley Agraria promulgada por el presidente Carlos Salinas de Gortari, en su capítulo Reforma, Justicia y Libertad, dice:

Ampliar justicia y libertad son los objetivos de esta iniciativa, como lo han sido las luchas agrarias que nos precedieron. Busca promover cambios que alienten una mayor participación de los productores del campo en la vida nacional, que se beneficien con equidad de su trabajo, que aprovechen su creatividad y que todo ello se refleje en una vida comunitaria fortalecida y en una nación mas próspera. Para lograrlo, los cambios deben proporcionar mayor certidumbre en la tenencia y en la producción para  ejidatarios y comuneros y pequeños propietarios. Parte esencial del propósito de justicia, es revertir el creciente minifundismo en el campo; éste proviene en gran parte de la obligación de seguir repartiendo tierras y de la falta de formas asociativas estables. Los cambios deben por ello, ofrecer los mecanismos y las formas de asociación que estimulen una mayor inversión y capitalización de los predios rurales, que eleven producción y productividad y abran un horizonte más amplio de bienestar para los campesinos. También deben fortalecer la vida comunitaria de los asentamientos humanos y precisar los derechos de ejidatarios y comuneros de manera que se respeten sus decisiones que tomen para el aprovechamiento de sus recursos naturales.

Los poseedores de parcelas podrán constituirse en asociaciones, otorgar su uso a terceros, o mantener las mismas condiciones presentes. La mayoría calificada del núcleo de población que fije la ley podrá otorgar al comunero el dominio de su parcela, previa regularización y definición de su posesión individual. Hay que precisarlo con claridad, los comuneros que quieran permanecer como tales recibirán el apoyo para su desarrollo. No habrá ventas forzadas por la deuda o por la restricción: La Ley prohibirá contratos que de manera manifiesta abusen de la condición de pobreza o de ignorancia. Sostenemos el ejercicio de la libertad, pero jamás puede confundirse con la carencia de opciones: Nadie quedará obligado a optar por alguna de las nuevas alternativas; dejarían de serlo. Se crearan las condiciones  para evitar que la oportunidad se confunda con la adversidad..

La Ley Agraria en su Artículo 75 dispone: en los casos de manifiesta utilidad pública para el núcleo de población comunal, éste podrá TRASMITIR  EL  DOMINIO DE SUS TIERRAS DE USO COMUN A SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES EN LAS QUE PARTICIPEN  LA  COMUNIDAD O LOS COMUNEROS.

Cuando participen socios ajenos al ejido, éste o los ejidatarios, en su caso, tendrán el derecho irrenunciable de designar un comisario que informe directamente a la asamblea del ejido, con las funciones que sobre la vigilancia de las  sociedades prevé la Ley  General de Sociedades Mercantiles. Si el ejido o los ejidatarios no designaren comisario, la Procuraduría Agraria bajo sus responsabilidades deberá hacerlo.

En las sociedades Desarrollos  del Pedregal, Cima y La Tenería, la Procuraduría Agraria consintió que el c.p. Marcelo de Santos Fraga se asumiera el carácter de  comisario.

En su Artículo 100  nos dice: la  comunidad determinará el uso de sus tierras, su división en distintas porciones según distintas   finalidades y la organización para su aprovechamiento de sus bienes. Podrá constituir sociedades civiles o mercantiles. Asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento. La asamblea con los requisitos de asistencia y votación previstos podrá trasmitir el dominio de uso común a estas sociedades, en los términos previstos en el Artículo 75 de esta ley.

El Artículo 126 dispone en su fracción II.—Su objeto social deberá limitarse a la producción, transportación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objeto.

En San Luis Potosí se constituyeron las primeras sociedades mercantiles con objetivos ajenos a la producción agrícola, ganadera o forestal, una vez aportadas las tierras y trasmitido su dominio, los Consejos de Administración, acreditando sus facultades de dueños de las tierras, que habían recibido en aportación, las otorgaron en garantía hipotecaria para obtener capital de trabajo.

La vecindad con los Ejidos Garita de Jalisco, Arroyos, Terreros, La Pila, Emiliano Zapata, Rodrigo y Laguna de San Vicente, y la interrelación familiar entre comuneros y ejidatarios les permitió mantenerse actualizados del desarrollo y resultados de la aportación de sus tierras de uso común, en los que únicamente tres ejidatarios que se opusieron a entregar sus tierras resultaron beneficiados por la plusvalía, enajenándolos en valores del mercado. En síntesis, crecieron las fortunas de unos cuantos y la pobreza de muchos.

La comunidad enfrenta un problema emanado desde 1743, cuando fueron compradas las tierras a la corona española; la Cédula Real dice “en la Ciudad de México, a los 23 de diciembre de 1743, Don Francisco Antonio Echevarri, oidor de la Real Audiencia de México y Juez Privativo, hizo merced de los cinco sitios poseídos por mucho tiempo a los indios tributarios, zacateros y leñeros de los Barrios de Nuestra Señora de Guadalupe y San Miguel, en $250.00 mismo que pagaron por conducto de su apoderado Don Nicolas Flores de Valdez.

En 1975 el Comisariado de Bienes Comunales solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la creación del censo comunal para identificar a los 328 comuneros que citan los Decretos Presidenciales, en asamblea general el comisariado informó a los “supuestos” comuneros la necesidad de recursos económicos para solventar los gastos de la recién integrada Comisión Investigadora de los Sucesores de Comuneros para integrar el Padrón Comunal, solicitando se les autorizara vender algunos lotes para obtener recursos. Ahí nació la mutilación del suelo comunal, práctica que continúa hasta este día, propiciada por las lagunas legales de la Ley Agraria y la omisión de la Procuraduría Agraria primero  y después  del Tribunal Agrario, al no exigir que la calidad  de avecindado y la asignación de solares exhiban el acta de la asamblea en la que se acordó su petición. Las superficies segregadas con estos vicios es superior a 500 hectáreas.

Los hechos internos y las voces de inconformidad de los ejidatarios que en Asamblea de Formalidades Especiales en las que asistió la Procuraduría Agraria, con la obligación y responsabilidad de asesorar a los  ejidatarios, prevenir y denunciar la violación a las leyes agrarias y hacer respetar el derecho de sus asistidos, especialmente en la aportación de sus tierras a sociedades mercantiles, sus omisiones propiciaron el despojo y la ruina de los aportadores, estos hechos se tradujeron en múltiples demandas ante el Tribunal Unitario Agrario.

Ante esta realidad experimentada, hacía preciso ofrecer a los comuneros medidas estratégicas para protegerse de los frecuentes actos de abuso, no solo de los que provienes de la delincuencia, sino de aquellos que en su contra cometen instituciones y autoridades, creando nuevas esperanzas.

Habría que comenzar por abatir las injusticias que han dado paso a la pobreza extendida y lacerante, al tiempo que han sembrado un hondo sentimiento de rechazo, ahí donde la injusticia ha sido el germen del desacuerdo, solo la equidad será capaz de reencontrar la  armonía, esta  situación hacia indispensable tender un puente que hiciera posible cruzar de apropia experiencia hacia una nueva  posibilidad.

En procuración de este objetivo se realizó una intensa labor para establecer lazos con grupos que pensaban diferente, analizando las demandas y carencias compartidas y partir de su reconocimiento, sumarlas a un movimiento participativo.

Logrado el  consenso, se tradujo en el acuerdo de ampliar la zona urbana y el aparcelamiento sobre una superficie de 4,600-00 00 (cuatro mil seiscientas hectáreas, en las que se incluían 100-0000  para ser donadas a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este acuerdo de la  asamblea calificada, tenía como objetivos principales, iniciar el procedimiento para la Delimitación, Asignación y Destino de las Tierras de Uso Común y su Régimen de Explotación, la obtención de Certificados Parcelarios, la Adopción del Dominio Pleno y la dotación de títulos de propiedad, con la certeza que extinguido el indiviso, la ubicación y certeza que le brinda el título de propiedad, la posesión y custodia de sus solares y parcelas serán de su exclusiva responsabilidad, así sería eliminado el trafico ilegal de constancias y asignación de solares, la propiedad colectiva queda reducida al área natural protegida. La donación de tierras para la construcción de la ciudad universitaria, formalizará el compromiso de la Máxima Casa de Estudios de brindar asesoría técnica, administrativa y  legal. En el aspecto educativo la universidad se compromete a becar a los hijos de los comuneros.

El  cambio de destino del suelo y la adopción del dominio pleno  acreditado con el titulo de propiedad, brinda libertad al comunero para decidir sobre su patrimonio, vender, heredar, rentar, donarlas o aportarlas a una sociedad de producción rural, civil o mercantil, con el propósito de blindar el patrimonio de los propietarios de las tierras, se promovió la organización y constitución de una Sociedad Inmobiliaria, con observancia a lo dispuesto en los artículos de la Ley Agraria y nuestro Estatuto Comunal y la Ley General de Sociedades Mercantiles, su membresía está integrada exclusivamente por comuneros titulares, su representación por un Consejo de Administración, con facultades de administración de pleitos y cobranzas, los actos de dominio son de la exclusiva competencia de una asamblea calificada, la validez de sus acuerdos deben estar validados en la asistencia de tres cuartas partes del censo de accionistas y sus acuerdos por las dos terceras partes de los asambleístas.

En todo tiempo fueron informados los inversionistas con los que había pactado un contrato de prestación de servicios y un derecho  preferente de asociación, por escrito manifestaron su  conformidad.

El asambleísmo hizo posible construir acuerdos mayoritarios para abandonar la mesa de diálogo, por el incumplimiento a los acuerdos pactados sobre la incautación de las tierras de uso común, ocupadas por la vía Rocha Cordero, el cumplimiento al convenio de exclusión del Predio Casa Blanca y el posterior contrato de Donación Gratuita y Condicionada, pactado en el Gobierno del Estado y la Sociedad Mercantil Casa Blanca, S.A., para que por conducto del primero, hiciera entrega de nueve hectáreas para dar cumplimiento al convenio  pactado con la Comunidad. En el caso de la Colonia Magisterial Graciano Sánchez, la compensación en obras de beneficio colectivo entre otras, por acuerdo de la asamblea, se articularon las demandas de nulidad de los acuerdos de exclusión de los Predios La Tiendita, La Ladrillera, Casa Blanca, Prados Satélite I y II, y Primavera. En el caso del Boulevard Rocha Cordero, de igual manera se trataría el caso de la expropiación a favor de la Corett. Con estos hechos los comuneros pasaron de ser objetos, a ser sujetos.

La certificación de los bienes comunales y la obtención de los certificados de derechos comunales que los acreditan como COPROPIETARIOS de las tierras comunales, las que una vez realizado el procedimiento establecido en la Ley Agraria, sobre la Delimitación, Asignación y Destino de las Tierras de Uso Común y su Régimen de Explotación y a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Comunales y Titulación de Solares, serían aportadas a la sociedad mercantil Inmobiliaria Comunal Malchinalli, en la que los comuneros-accionistas, mantendrían el control de su patrimonio, blindado por el asesoramiento administrativo, legal y técnico, y el acceso de sus hijos a un centro de enseñanza superior, para derrotar la ignorancia, reconocer la verdad del momento presente para enfrentarla con las herramientas de la razón y la voluntad.

Los proyectos de los comuneros constituidos en una sociedad mercantil, en la que las tierras aportadas constituían un capital  fijo que los hacia “sujetos de crédito” ante la banca comercial o de desarrollo, y el inminente riesgo que el Tribunal Agrario emitiera sus sentencias a las demandas nulidad a los acuerdos de exclusión de los predios La Ladrillera y Casa Blanca, y sobre la nulidad o cumplimiento al convenio de exclusión del predio Casa Blanca, consistente en la entrega de 9-00-00 hectáreas, el cumplimiento a la sentencia del Poder Judicial de la Federación que declaró la nulidad del acuerdo de exclusión de la colonia magisterial Graciano Sánchez y la restitución de las hectáreas invadidas por la Promotora del Estado. En el caso del Boulevard Rocha Cordero, litigado en siete años, concluyó con la sentencia del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, favor del comunidad, causaron la alarma de aquellos que asociados con funcionarios y representantes sociales corruptos lucraron con ignorancia y pobreza condenaron a la ruina a las familias de los ejidatarios que aportaron sus tierras, mediante esta patraña, vieron acrecentada su posición económica, social y política, monopolizando el mercado del suelo  urbano.

Con urgencia se dieron a la tarea de reestructurar sus antiguas y fructíferas alianzas (Gobierno del Estado, desarrolladores y ex comisariados), iniciando sus acciones con la consigna de dividir y detener las acciones reivindicatorias y propalaran lo conveniente de elegir a un comisariado que apoye la aportación de tierras a la sociedad mercantil.

  • “Descalificar sin miramientos a las personas que estorban sus proyectos, satanizarlos para que la gente no tome en cuenta sus ideas”.
  • Exaltar los “resultados y bondades” de los Desarrollos del Pedregal, Peña Blanca, Arroyos, Capulines, El Terrero, Laguna de San Vicente, Cd. Maderas, (donde haciéndolo mal, todo salió bien).
  • Bloquear los procesos de pago del Boulevard Rocha Cordero para desgastar por agotamiento a los opositores, para que aporten sus tierras y les trasladen su dominio pleno a favor de los desarrolladores.
  • Archivar el acta de asamblea en la que se acordó donar 100 hectáreas a favor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
  • Declinar las demandas de reversión del decreto expropiatorio sobre 232 hectáreas a favor del Corett,
  • Revocar el mandato de la asamblea para ampliar la zona urbana y la creación de una reserva territorial para ampliar la zona urbana.
  • Repudiar el amparo que nulifica el acuerdo de exclusión de la colonia Graciano Sánchez.
  • Desistirse de la restitución de las superficies comunales, que han sido enajenadas por la Promotora del Estado.
  • Eliminación de la Comisión de Regularización de los  Asentamientos Humanos.

Los resultados de esta estrategia, transparenta que el Gobierno del Estado está empeñado en proteger los intereses de una minoría, por encima de sus gobernados.

La obstrucción o diferimiento en formalizar la donación de una superficie a la Universidad Autónoma de San Luis  Potosí, refleja su conveniencia de mantener sumida en la ignorancia y cautiva de la pobreza a los comuneros.

Las consecuencias de esta actitud se trasladan a los ciudadanos del área metropolitana, especialmente a directivos, técnicos y obreros   que transitan diariamente la vía Rocha Cordero a sus centros de trabajo en la zona industrial. Los constantes accidentes viales vienen causando elevadas pérdidas de horas hombre, quebrantos económicos, incluso pérdidas de vida.

El aplazamiento en la construcción la Ciudad Universitaria les niega la oportunidad a miles de jóvenes que ven frustrados sus sueños, por estar rebasado el cupo en la Universidad.

El dinámico disparo de precios en el mercado del suelo urbano, hace inaccesible la vivienda a los ciudadanos de limitado poder adquisitivo.

El desdén, disimulo o omisión del gobierno por regularizar los asentamientos humanos localizaos en las colonias General I. Martínez, La Apostólica, Peñas Amarillas, Prados Satélite I y II, Bellas Lomas, Silos, Colonia Magisterial y Gracianos Sánchez.

Poner el bien de los ciudadanos por encima del propio. Atender las necesidades del estado y no servir al apetito de algunos en perjuicio  del derecho de los demás.

Se introduce discordia y sedición entre la ciudadanía al considerar los intereses de unos cuantos y descuidar el resto: Platón.