Marcha el Movimiento por la Justicia Agraria. Refrendan Confianza en sus Negociadores

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  • * Este viernes 22 se reunen con funcionarios de la Subsecretaría de Infraestructura en Mazatlán, con el fin de llegar a un acuerdo sobre el monto de los avalúos para que de una vez por todas les paguen el valor de sus terrenos.

Por Luis Gómez/ El Salto, Durango.
Hoy 20 de noviembre los integrantes del Movimiento por la Justicia Agraria de Sinaloa, Durango y Nayarit realizaron una marcha pacífica desde La Victoria a El Salto en la entidad duranguense, con el fin de hacer más visibles sus demandas para el pago pronto y expedito de sus tierras ocupadas por la supercarretera Durango-Mazatlán y demás daños y perjuicios.
Alrededor de 800 campesinos de la Comunidad Chavarría Nuevo, los ejidos Pueblo Nuevo, La Victoria, San Antonio y Anexos, Chavarría’s Nuevo y Viejo, se dieron cita en el Aserradero La Victoria para iniciar un recorrido por la carretera federal para refrendar su apoyo a sus dirigentes que realizan negociaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
A su paso, dieron una explicación de los motivos de la marcha, donde se recalcó que la justicia agraria debe estar presente y que esto es una muestra de la fortaleza de los campesinos cuando emprenden una lucha, de la cual el viernes 22 de noviembre esperan resultados positivos y ya no más promesas, “ya queremos una respuesta; exigimos la fecha de pago y el monto de los avalúos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
“Los campesinos estamos en pie de lucha por un pago, justo inmediato, a valor comercial y actualizado, la reparación de daños y perjuicios, o nos veremos obligados a implementar acciones mayores que esta”, expresó José Luis Coria Quiñones, uno de los ejidatarios que se encuentra en el movimiento.
Los ejidatarios tendrán una reunión este viernes 22 en Mazatlán con funcionarios de la Subsecretaría de Infraestructura, con el fin de llegar a un acuerdo sobre el monto de los avalúos para que de una vez por todas les paguen el valor de sus terrenos y no les ocurra como ha sucedido en otros más de 500 procesos expropiatorios para carreteras que no les han pagado el precio justo por sus tierras.

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