A un año de las agresiones a una joven a cargo de un funcionario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, colectivos y organizaciones alzaron la voz para pedur justicia para “Gio”, víctima de violencia familiar por un funcionario de la Quinta Sala Penal.
En redes sociales, los colectivos y organizaciones señalaron exigieron que el funcionario sea castigado conforme a la ley, puesto que noy goza de presunta complicidad de las autoridades potosinas, desprotegido y revicitimizando a la joven agredida en 2019.
“Javier cuenta con otros dos procesos penales en los cuales se dictó auto de formal prisión en su contra por los delitos de violencia familiar y lesiones en las causas penales 31/2018, donde se dictó auto de formal prisión el 14 de mayo del 2018 y el 1/2018 donde se dictó auto de formal prisión el 11 de enero de 2018”, señalan.
Agregan que el caso de Leyva sigue en la total impunidad, y por ello exigen a las autoridades potosinas que dejen de proteger potenciales feminicidas.
El próximo 28 de octubre celebrarán la audiencia por lo relacionado con el funcionario público del Poder Judicial del Estado, el cual tiene tres causas abiertas por violencia familiar.
Como antecedente, Javier fue denunciado el pasado mes de abril por ejercer violencia de género contra su ex pareja, para lo cual se llevará audiencia de este miércoles, donde pretende resarcir el daño a su víctima, ofreciendo 14 mil pesos y ante ello, los colectivos cuestionan si ese el precio de la justicia en San Luis Potosí, y lamentaron que el ex presidente del Supremo Tribunal, Juan Paulo Almazán Cue, recién ratificado como magistrado, lo siga protegiendo.
