Más de 15 millones de pesos detectaron miembros de la directiva del Partido de la Revolución Democrática en su sede en San Luis Potosí, contra un grupo político denminado “La Gallardía”, en una auditoría a los ejercicios del 2018, 2019 y 2020.
La auditoría recaudó un total de 511 observaciones del 1 de enero del 2018, al 23 de junio del 2020, que según el PRD Nacional, bajo los conceptos de promoción al PArtido Verde Ecologista de México y del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, remodelación de baños y mantenimiento de cámaras de vigilancia, que suman 15 millones 062 mil 678.20 pesos, confirmó Arturo Prida Romero, delegado nacional con funciones de presidente.
Arturo Prida Romero confirmó que la dirección nacional extraordinaria, intervino política, financiera y administrativamente al PRD de San Luis, 14 operaciones que ascienden a 427 mil 400 pesos y ese mismo, día el coordinador nacional de patrimonio y finanzas del PRD acudió a la entidad potosina a realizar el proceso de entrega-recepción, asentando acta que “las cuentas se encontraban en cero”.
La Dirección Estatal Extraordinaria determinó realizar una auditoría a las finanzas del partido durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020 ante la presunción de diversas irregularidades en el manejo control y operaciones y además, señaló como presuntos responsables a los miembros de “la gallardía”.
Prida Romero precisó que registraron tres mil 252 operaciones, que corresponden a 28 millones 479 mil 160.40 pesos, sin embargo, agunas operaciones están sub registradas en el sistema integral de fiscalización del INE; pero se detectaron operaciones irregulares con financiamiento público por un monto total de 15 millones 062 mil 678.20 que corresponden a 511 observaciones, detalladas en partidos políticos, servicios menores, asesorías y pagos a medios de comunicación.
“Se presume que son operaciones irregulares con financiamiento público porque no existe evidencia plena de la prestación de servicios o recepción de los bienes en los expedientes de partido; porque los expedientes no cuentan con la documentación completa, póliza, contrato, factura, documentos legales del proveedor y evidencia; en la mayoría de las operaciones los precios se encuentran por fuera del valor de mercado; diversas empresas realizan servicios fuera del objeto establecido en sus actas constitutivas y registro como proveedores del INE y sus registros también ante el SAT”, dijo Arturo Prida.
Finalmente Arturo Prida Romero adelantó que informarán a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, además, no descartó que en un futuro preparen denuncias penales y en materia civil, ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien resulte responsable.
