Sin Rastro 17 Cadáveres Humanos Donados a la UASLP: investigación Desaparición Silenciosa

En México casi mil cadáveres donados a universidades no cuentan con documentos que permitan identificarlos ni rastrear su paradero final. Desaparecen sin verdad ni justicia.

Por Luis Alonso Pérez / Connectas.

Al menos 17 cadáveres están perdidos en San Luis Potosí. Fueron donados durante las dos décadas pasadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para fines didácticos o de divulgación científica, pero no existen documentos oficiales que permitan conocer el proceso de entrega de los cadáveres de personas no identificadas a las facultades de Medicina y los detalles sobre su disposición final.

La investigación nacional Donaciones de Cadáveres: una desaparición silenciosa, desarrollada por Emeequis, en colaboración con CONNECTAS y el International Center for Journalists, detectó un total de 969 irregularidades en los procesos de entrega-recepción de cuerpos humanos a 18 universidades estatales del país, incluyendo la UASLP.

Mientras que la Fiscalía General del Estado respondió a una solicitud de información pública que, entre 2000 y 2019 la entonces Procuraduría donó 21 cadáveres, la UASLP entregó un oficio que contenía el registro numérico de cuatro cadáveres recibidos por el Servicio Médico Forense durante ese mismo periodo.

Ninguna de las dos respuestas, remitidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se respaldan con documentos de entrega-recepción de cadáveres.

Ni la Fiscalía ni la Universidad presentaron copias del formato SSA-06-005 de la Secretaría de Salud, que debe tramitarse y archivarse cuando una institución va a trasladar o disponer de un cadáver, o para notificar su inhumación o incineración.

El director de Servicios Periciales de la FGE, Jesús Nieto Cid del Prado, respondió que solo cuentan con datos numéricos anuales, “toda vez que no tenemos ningún documento de solicitud o antecedentes de esos datos”.

El Artículo 82 del Reglamento de la Ley General de Salud (LGS) en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, establece que, cuando las instituciones educativas obtengan cadáveres para investigación o docencia, por parte del Ministerio Público, deberán presentar una autorización del depósito en favor de la institución, firmada por el agente del Ministerio Público con el que se entienda la diligencia.

Además de violar la LGS y su reglamento en la materia, la falta de documentos concordantes entre ambas instituciones violenta la cadena de custodia de los cadáveres estabecida en los protocolos forenses. Como consecuencia, imposibilita que el familiar de una persona desaparecida pueda dar seguimiento, desde que el cuerpo sin vida fue recogido por el Servicio Médico Forense, hasta que fue donado, y su disposición final, ya sea en un crematorio o en la fosa de un panteón.

La investigación nacional Donaciones de Cadáveres: una desaparición silenciosa, realizada por EMEEQUIS, en colaboración con Connectas y el International Center for Journalists reveló que esta situación no es exclusiva de San Luis Potosí, ya que en 18 estados del país prevalece una falta generalizada de archivos sobre la entrega, resguardo o disposición final de los cuerpos humanos donados a universidades estatales, así como discrepancias sistemáticas en las cifras reportadas por las fiscalías y los centros de estudios superiores, tanto públicos como privados.

En distintos estados se registraron casos como el de Gemma, una joven veracruzana que fue secuestrada y su padre investiga si su cuerpo fue donado a una escuela privada. De “Octavio”, únicamente apareció su pierna en una universidad en Baja California. A “Javier” y José Luis sus familias aún los buscan con desesperación en facultades de Medicina de Coahuila y Jalisco.

Todas ellas, forman parte de una trama de dos décadas, que se ha convertido en un nuevo tipo de #DesapariciónSilenciosa.

Otra irregularidad detectada en San Luis Potosí es el empleo de procedimientos químicos para la preservación de cadáveres que podría impedir el análisis de su material genético y truncar la posibilidad de identificar a la persona, como el formol o polietilenglicol, sustancia comúnmente conocida como carbowax.

Por ello, el apartado 2.6.1 del Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense expedido por la PGR indica que “no es recomendable el análisis de tejidos blandos conservados en formol ya que dicho compuesto modifica el ADN”.

Todos los cadáveres tienen derechos y deben ser tutelados por el Estado. Se llama “derecho a la disposición del cuerpo” y está contemplado en la Ley General de Salud, explica Aida San Vicente, catedrática de la Facultad de Derecho, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Considera que México cuenta con un marco legal sólido en materia de donación de cadáveres, con lineamientos y procedimientos claros para preservar la cadena de custodia.

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