El Color Rojo del Acoso Sexual

Por L. Gabriel Gayosso Berman/ La Cicuta/ San Luis Potosí, S.L.P.
Acoso sexual y abuso de autoridad en agravio de dos mujeres menores de edad indocumentadas, es el supuesto motivo de la separación del Delegado del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, Alberto Rojo Zavaleta, y que se ha propagado mediáticamente como un grito desgarrador de una sociedad agraviada, sin una determinación clara de la culpabilidad o de la inocencia del supuesto infractor.
Una serie de supuestos, confusiones, percepciones, apreciaciones y conclusiones a priori se han dado en este caso que, en el transcurso de la semana, han llenado los espacios informativos locales, y algunos nacionales, junto con la remoción de su homólogo en el vecino estado de Aguascalientes, Francisco Guzmán Herrera, por presuntas irregularidades.
En el caso particular de nuestra entidad, ha tomado dimensiones de escándalo, no sé si por la doble moral pueblerina, si por la importancia del profesionista y político afectado, si por lo sensible del conflicto por el aparente agravio a menores y sus repercusiones internacionales, o por una revancha política y fuego amigo dentro del partido donde milita y tiene presencia Rojo Zavaleta.
Pero veamos, dijo un ciego. Alberto Rojo Zavaleta, quien fuera regidor priísta en la pasada administración municipal encabezada por su correligionaria Victoria Amparo Labastida Aguirre, fue uno de los más agresivos e incisivo críticos de su compañera alcaldesa, denunciando públicamente una serie de irregularidades, desvíos de recursos y conductas irresponsables de la munícipe y sus más cercanos colaboradores.
Estas acciones le hicieron cargar con la crítica y descalificación de muchos de sus compañeros partidarios, de algunos personajes de la cúpula del poder político local municipal y estatal, y el malestar de algunos otros en la capital del país.
No obstante ello, Rojo Zavaleta se desempeñó como representante del Partido Revolucionario Institucional ante las diversas instancias electorales locales y federales en el pasado proceso, que permitió conservar la alcaldía capitalina en favor de este instituto político, bajo la coalición “Alianza por San Luis”, entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, en la figura del ex rector  Mario García Valdez, así como algunas diputaciones locales impugnadas y varios ayuntamientos en disputa jurisdiccional.
La llegada de Alberto Rojo a la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración, se da luego de la destitución de la panista Elodia Gutiérrez Estrada, a quien se le acusó de “prácticas irregulares, violación de los derechos de los migrantes y sostener vínculos con la delincuencia organizada”.
La panista, ex diputada federal, fungió durante casi 10 años en este cargo, y lógicamente, se crearon  acuerdos políticos y económicos con el personal que labora en esta institución y con algunos personajes de no muy claros negocios.
Es pertinente aclarar que la culpabilidad o inocencia de Alberto Rojo en este caso, está en manos de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales federales, pero es de llamar poderosamente la atención la “ola informativa”, como lo señala el propio ex delegado, que sobre el asunto se ha dado y el linchamiento mediático que se ha orquestado, dejando en la duda si esto no proviene del propio palacio grande o del edificio de la avenida Luis Donaldo Colosio.
Según las declaraciones del cónsul general de Honduras en San Luis Potosí, Osmar Adán Cárcamo Iglesias, el recibió una denuncia anónima sobre dos mujeres hondureñas, menores de edad, supuestamente retenidas en la estación migratoria del INM en San Luis Potosí y procedió a darles el apoyo a sus connacionales, sin poder determinar la veracidad de los supuestos hechos, lo cual es responsabilidad de las autoridades mexicanas, solicitando la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es de todos sabido, que las acciones y atribuciones del Instituto Nacional de Migración cobran una especial relevancia en cuanto al tráfico y trata de personas, ilícitos con fines de explotación sexual y laboral, narcotráfico y sobre todo con actividades de delincuencia organizada, y que San Luis Potosí, es parte de la ruta del migrante que pretende accesar a los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que lo vuelve un punto importante en la práctica, continuidad y ejecución de estas acciones ilícitas.
No podemos soslayar que la delegación estatal de INM durante un buen tiempo, solo ha tenido presencia pública cuando se implementa el Operativo Paisano, pero el demás período, pareciera que no existe, y que solo es una dependencia de ornamento, en tanto que es un rumor de todos conocidos que inmigrantes, generalmente mujeres de origen centroamericano, laboran en condiciones graves en casas de masajes, table dance, bares o ejercen la prostitución en la vía pública, en tanto que muchos varones se les ha conocido por cometer robos, allanamientos, asaltos a transeúntes, y por colaborar con el crimen organizado.
También reconocemos que los migrantes sufren de agresiones, discriminación, abusos, extorciones y muerte. Recordemos el caso de las narco fosas localizadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, con más de 250 cadáveres, muchos ellos de migrantes  indocumentados, y donde esta dependencia, y particularmente la delegación regional de San Luis Potosí, hizo mutis a pesar de que en la gran mayoría de los casos, esta entidad fue el paso obligado de estas personas.
Reiteramos, no juzgamos la actuación de Alberto Rojo Zavaleta con motivo de las supuestos abusos a menores; pero creemos que al frente de la Delegación del Instituto de Migración pisó algunos callos; que desplazo a los poderes facticos que tenían el control del tráfico de migrantes y la trata de personas, donde es probable estén involucrados muchos  e importantes personajes de la vida pública, política y económica de nuestra entidad.
Mucho sabe y conoce el funcionario destituido. Tiene con que defenderse y tema para hablar. Que ha sido masacrado mediáticamente nadie lo niega. Pero en su momento, dará mucho que decir, toda vez que, tanto su llegada como ahora su salida, tienen un alto ingrediente político, que puede ponerle sal, pimienta y picante al próximo proceso electoral del 2015.
Por lo pronto, es el tema de la semana, y el escozor de los nuevos delegados federales, quienes, como lo menciona el dicho popular  “Cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar”, deben hacer una verdadera evaluación de sus colaboradores y no caer en las trampas que sus mismos subalternos y algunos externos, podrían ponerles.
Comentarios: Que el alcalde capitalino, ex rector y licenciado en derecho, Mario García Valdez, avale las declaraciones de su compañero regidor Luis Gerardo Aldaco Ortega, de someter a los trabajadores de la Dirección de Comercio a exámenes de control de confianza, que consisten en toxicológicos, médicos, poligráficos y de conocimiento, es bueno. Demuestran su pleno conocimiento de los Principios Generales de Derecho.- ¿Qué pensarán sus catedráticos, compañeros y maestros de la Facultad de Derecho?