Violencia tolerada o complicidad manifiesta

“Complicidad: Participación de una persona junto con otras en la comisión de un delito o colaboración en él sin tomar parte en su ejecución material. Relación que se establece entre las personas que participan en profundidad o con coincidencia en una acción.”

Dentro de las acciones preventivas sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus Covid 19, determinadas por el Consejo de Salubridad General y atendida por los gobiernos estatales y municipales, algunos incluso adelantados, se determinó el uso de mascarillas o “cubre bocas”.

Estas medidas sanitarias que pretenden evitar la propagación del contagio del funesto virus, en algunos lugares se tornaron voluntarias y en otros fueron de carácter obligatorio, todo dentro de la llamada “Jornada Nacional de Sana Distancia” que anuncio el Subsecretario de la Secretaria de Salud Federal, el Dr. Hugo López – Gatell Ramírez, quien en principio recomendó el “estornudo de etiqueta” como medida preventiva.

La supervisión de la aplicación de las medidas preventivas corrió a cargo a las autoridades locales de las dependencias de salud, con el auxilio de las corporaciones policiales.

Es el caso que el pasado 4 de mayo, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado occidental de Jalisco, la policía municipal detuvo al joven albañil de 30 años de edad, Giovanni López, por supuestamente no portar un cubre bocas, lo que motivo que fuese asegurado y golpeado, según registro en video filmación que circuló días después por redes sociales, y que supuestamente diera como consecuencia la perdida de la vida.

Después de un mes de sucedidos los hechos y con la participación de personas de otras entidades, y a escasos días de la llegada a esta ciudad de la ex presidenta nacional del partido Morena, instituto político creado y dirigido por el actual titular del poder ejecutivo federal; Yeidckol Polevnsky Gurwitz (antes Citlali Ibáñez Camacho), se iniciaron una serie de manifestaciones, que pretendían ser pacíficas, y en protesta de la falta de atención para que la muerte de Giovanni López, no quedase impune.

La manifestación se salió de control por, según el gobernador jalisciense Enrique Alfaro Ramírez, la intervención de personas traídas de otras entidades y plenamente identificadas con Morena.

Independientemente de los daños a varios inmuebles del gobierno jalisciense y a la infraestructura urbana de la ciudad, los manifestantes, dañaron tres patrullas de la policía estatal y les prendieron fuego; amen de incendiar, de manera cobarde y vil, a un agente de vialidad motorizado, y lesionar a otros 6 más.

De estos hechos se detuvieron a 22 varones y 2 mujeres, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades por los actos ilícitos cometidos.

Hay que resaltar que desde hace tiempo, Alfaro Ramírez sostiene una relación ríspida con López Obrador, que se ha agudizado más en los últimos meses a raíz de las acciones preventivas sanitarias de la pandemia del Covid 19, llevando a enfrentamientos verbales con el medico López Gatell Ramírez; con el titular del IMSS, Zoé Robledo; con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez; y con la Secretaria de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.

El propio día 4 de junio, por la noche, el gobernador Alfaro Ramírez publicó un video, en redes sociales, donde ofreció una disculpa por los excesos de la policía estatal cometidos al repeler la agresión al inmueble del Palacio de Gobierno e informó que se había tomado el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, y se había puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado a tres agentes policiales para la investigación del supuesto homicidio de Giovanni López.

Ahí mismo, también le pidió al Presidente de la República que contenga a su gente y a la gente de su partido de las acciones que están dañando al país, y acuso que tras las manifestaciones violentas hay intereses muy puntuales que desde la Ciudad de México, desde los “sótanos del poder”, buscan dañar al estado de Jalisco”.

Estas palabras fueron interpretadas como una acusación grave contra la dirigencia nacional de Morena, que detenta Arturo Ramírez Cuellar, ex esposo de la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, hoy esposa de López Obrador; y contra algunos integrantes del gabinete presidencial, y lógicamente contra el propio Presidente de la República.

Bajo este tenor, el pasado viernes 5 de junio, en la capital del estado de San Luis Potosí, también se llevó a cabo una movilización pública, iniciando en el Kiosco de la plaza de armas, con unas 30 personas, entre hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, cubiertos con cubre bocas y algunos con otras prendas que les cubrían casi totalmente su cabeza. A la expectativa algunos agentes policiales de civil, informando sobre el desarrollo del evento.

Posteriormente, el grupo se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, a escasas 4 cuadras, donde se incrementó considerablemente el número de participantes, reiteramos en su mayoría jóvenes, cerrando el trafico vehicular en la Avenida Eje Vial, desde las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, sede también de la policía ministerial, hasta la calle de Los Bravo.

En este lugar y a pesar de que al interior del inmueble se encontraban personas trabajando y otras haciendo trámites, los manifestantes empezaron arrojando piedras, fierros, botellas de vidrio, y bombas molotov, lo que hace inferir que ya iban preparados para causar daños.

Ahí mismo, después de lapidar el inmueble, procedieron a causar daños a una patrulla de la Dirección General de Seguridad Publica del conurbado municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la cual también fue incendiada con una bomba molotov.

Hasta aquí, destacamos que brilla por su ausencia la Policía Metropolitana Estatal y los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la capital de Estado.

Ya enardecida la muchedumbre, se movilizaron nuevamente a la plaza de armas, causando destrozo en negocios e inmuebles particulares a su paso, acudiendo al edificio de sesiones del Congreso del Estado, tempranamente resguardado con vallas metálicas, las cuales fueron desmontadas, y a pesar de estar cerrado, irrumpieron causaron daños, pintas, desprendieron el busto del ilustre jurista Ponciano Arriaga y le prendieron fuego a varios documentos y muebles en la vía publica, por espacio de más de 90 minutos.

Casi 3 horas después de haberse iniciado la manifestación, que se tornó en una turba violenta y pandilleril, enardecida y sumamente agresiva, llegó un grupo de agentes de la Dirección General de Seguridad Publica del Estado, con equipo antimotines, para resguardar el recinto legislativo local, para ello, los rijosos ya se habían retirado, quedando solo unos cuantos inconformes dispersos por la plaza de Armas.

En el lugar hicieron acto de presencia, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, Secretario de Seguridad Pública Estatal; el Director de la Policía Estatal, Carlos Arturo Landeros Hernández; el Comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia; el comandante del Cuerpo de Bomberos metropolitanos, Adolfo Miguel Benavente Duque; y hasta el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, que daba entrevistas en la puerta de Palacio de Gobierno.

Lograron asegurar a 10 jóvenes, 7 varones y 3 mujeres, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para proceder conforme a Derecho.

Las fotografías, videos, testimonios oculares que circularon de inmediato en las redes sociales, así como las crónicas dadas a conocer por los medios de comunicación locales y nacionales escritos y electrónicos, dieron origen al rechazo de varios sectores de la sociedad y de la población; la condena de tales actos obligo al gris gobernador del estado, a emitir un comunicado de rechazo sobre estos lamentables hechos.

Desgraciadamente no todo lo que brilla es oro, el Lic. Mario Daniel Torres Humara, Juez de Control (el mismo que casi exoneró al exdiputado José Luis Romero Calzada, vinculado a proceso por el delito de peculado, tras presuntamente haber desviado recursos públicos al simular la entrega de apoyos sociales a diversos ciudadanos) consideró que los detenidos, que fueron acusados de los delitos de motín, daño a las cosas y daño a las cosas equiparado, más el agravante de exposición de peligro de la vida por el uso de explosivos, no debían de permanecer detenidos, pues consideró graves los delitos y les otorgó el beneficio de enfrentar el proceso en libertad.

Se consigan en algunos medios de  comunicación, que el Juez Torres Humara recibió “indicaciones” del propio Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovias, que minimizara la gravedad de los hechos, por petición del legislador local morenista Pedro Cesar Carrizales Becerra (a) “El Mijis”.

Cabe recordar que esta ciudad ha sido testigo de múltiples actos de vandalismo contra edificios públicos, oficinas gubernamentales, edificios históricos y muchos inmuebles particulares, incluido el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por manifestaciones de jóvenes, que dicen ser estudiantes, identificados con el instituto político MORENA, quienes dicen ser estudiantes universitarios y detentadores de las becas que el gobierno federal otorga.

Trascendió que para participar en esta manifestación violenta, tolerada y con mucha complicidad, se estuvieron ofreciendo la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos), a  los asistentes; entregándose $2,500.00 en el punto de reunión, previa a iniciar el evento, y $2,500.00 al concluir la inconformidad, con la salvedad de no ser molestados durante, el evento.

Me pregunto: ¿Es acaso el gobierno que queremos para nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación? ¿Por qué, si se tiene previo conocimiento de la realización de este tipo de movilizaciones y se conoce a los convocantes, no se prevé para evitar este tipo de desmanes? ¿Hasta cuándo el Secretario de Seguridad, el Secretario General de Gobierno y los Directores de la Policía Estatal y Municipal, cumplirán con su obligación y mandato? ¿Debemos seguir siendo, los ciudadanos de a pie, rehenes de un grupo de vándalos pagados con el dinero del erario, producto de nuestros impuestos y derechos?

“Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”, reza la conocida frase acuñada en el siglo XVIII por el conde italiano José de Maistre, erróneamente atribuida a Maquiavelo, y más recientemente el francés André Malraux, dijo que “las gentes tienen los gobernantes que se les parecen”, por lo que este tipo de eventos no debemos dejarlos, como muchos otros en el olvido histórico, en la memoria corta de procesos electorales, o seguiremos siendo cada vez más, rehenes de unos cuantos “Titiriteros” de la política y si no me cree, vamos dándole tiempo al tiempo.

Comentario 1.- Grave es que, mientras más y más casos de contagio de coronavirus Covid 19 se dan a conocer día a día, en todo lo largo y ancho de nuestro bello estado potosino, y de  manera muy particular en la zona metropolitana de la capital y en la Huasteca sur, la titular de los Servicios de Salud del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, de origen chilango, pero avecinada por muchas décadas en Tamazunchale, S.L.P; se encuentre cuestionada por supuesto desvío de recursos, otorgamiento de contratos y negocios nada claros en el ejercicio de su desempeño. Siendo una de las cartas fuertes, políticamente hablando, para suceder al actual gobernador Carrera López, y supuestamente impulsada por el senador morenista, Primo Dothé Mata, con la anuencia de la dirigencia local del Partido Revolucionario Institucional, podría ser la primera mujer en ocupar la gubernatura potosina. Hasta el momento, ha sido la pieza clave local para darse a conocer con la pandemia actual, posesionándose en el conocimiento colectivo de la población, por lo que la campaña proselitista ya está caminando, desgraciadamente, los cuestionamientos realizados por el colectivo “Ciudadanos Observando” podría ser una piedra o una roca en el zapato de la médico en su caminar político.

Comentario 2.- Si Pitágoras no nos falla, y nuestros números son correctos, en la entidad potosina han sido más las defunciones violentas atribuidas a los conflictos del crimen organizado, que los fallecimientos del Covid 19, desde el mes de marzo hasta hoy día. La reciente aparición de dos cuerpos de personas del sexo masculino, que fueron tirados en la concurrida avenida Salvador Nava Martínez, frente a la Unidad Administrativa Municipal, entre las 07:30 y 08:00 horas, del jueves; a la hora de gran afluencia vehicular en esta vía y sin que la policía vial, las fuerzas municipales, la policía estatal o las cámaras del C5 (Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Información e Inteligencia) de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado se hayan percatado del incidente, manifiestan la incapacidad de las fuerzas de seguridad pública para entender el fenómeno criminal en la capital. Ahora, imagínese el interior del estado.  Y como ya se empiezan a mover, a pesar de la pandemia, las aguas políticas electorales, pues el tema de la paz social y la inseguridad se vuelven asuntos escabrosos y de sacarles vuelta. Así que seguiremos, como desde hace ya varios lustros, sufriendo del embate de la criminalidad.

@GayossoB

  1. GABRIEL GAYOSSO BERMAN / La Cicuta / San Luis Potosí, S.L.P / Junio 11 de 2020.
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