La epidemia económica

“Epidemia, es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado”.

Desde el pasado mes de marzo, concretamente al inicio de la segunda mitad de dicho mes, a raíz de la aparición de los primero contagios del virus Covid 19, se suspendieron casi la totalidad de las actividades económicas, financieras, laborales, educativas, burocráticas, etcétera; en fin, se paralizó el país y solo las actividades más esenciales y las de emergencia se mantuvieron, con ciertas restricciones.

La epidemia sanitaria ha tenido alcances no previstos.

Si bien, según la Secretaria de Salud del gobierno federal de la Cuarta Transformación, por conducto de su vocero el subsecretario, Hugo López Gatell Ramírez, médico chilango; solo serían escasos tres meses, es decir, que la llamada “Jornada Nacional de Sana Distancia”, programa nacional de la Secretaría de Salud de México basado en el distanciamiento personal, una serie de medidas no farmacéuticas destinadas a la contención de la pandemia de enfermedad por coronavirus, con una duración del lunes 23 de marzo al sábado 30 de mayo, por sus propias declaraciones, no hay nada que festejar.

De hecho, según sus reportes diarios, los picos de la curva de contagios, en algunas poblaciones y ciudades, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (las tres zonas más pobladas del país) pudiesen extenderse hasta mediados del mes de agosto, en un pronóstico reservado.

Ahora bien, el pasado lunes 18 de mayo el Consejo Nacional de Salud decidió que levantaría la suspensión de actividades las empresas de los sectores automotriz, de la minería y de la construcción, aunque estaban confundidas respecto de la fecha en que podrán arrancar operaciones, luego de mensajes cruzados entre las dependencias de gobierno y el borrón de la edición matutina del Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con los protocolos que se dieron a conocer a nivel nacional para reiniciar actividades laborales y consecuentemente económicas, estos fueron impuestos por el gobierno federal: sin escuchar las necesidades y experiencia de los propios empresarios.

Tal vez sea producto de la ríspida relación que se ha dado entre el titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador y las cúpulas empresariales, cuando las segundas pidieron un plan de reactivación económica y dieron algunas sugerencias, las cuales fueron ignoradas claramente y de manera muy ríspida por el Ejecutivo federal.

Si bien, algunas empresas, instituciones y dependencias tuvieron que optar, por voluntad propia u obligados por la necesidad, por el trabajo desde casa  (home office), y mantuvieron sus actividades económicas y financieras, así como educativas, la realidad es que se requiere de la mano de obra, de no parar las líneas de producción y en el caso de los micros, pequeños y medianos empresarios, que suspendieron sus actividades, amén de los trabajadores, también requieren de apoyos financieros para reactivar sus empresas.

Los préstamos otorgados por el ejecutivo, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), solo fueron un “mejoralito”, un placebo, para la magnitud del padecimiento, para la gravedad de la situación.

Pero qué ocurre en el ámbito doméstico, en la casa, en el hogar de los mexicanos clase medieros, de la fuerza laboral y fiscalmente gravada, ahí donde una familia integrada por los padres y los hijos, que comen tres veces al día y se pagan servicios esenciales como agua, luz, drenaje, transporte; se viste, se calza, se enferman, tienen necesidades de comida, agua potable, ropa y medicamentos, todo sostenido por uno o dos sueldos, que si bien no son de salario mínimo (pues con eso no vive nadie), tampoco son de la cuantía de la gran burocracia mexicana, ahí es donde está el problema.

Hay una gran cantidad de mexicanos, hombres y mujeres, que van desde los 16 años de edad hasta casi los 70, que luchan por sobrevivir día a día, con trabajos con horarios discontinuos o con turnos de más de 8 horas laborales, quienes han perdido sus empleos o están realizando jornadas con un 50% de su salario normal, pero que prefieren ganar menos que perder definitivamente su empleo.

Según estadísticas y datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), en los dos primeros meses de 2020 se generaron 192,094 empleos formales. Desde el 18 de marzo hasta el 28 de abril se han perdido 707,055.

Ambas instituciones toman como referencia el día 18 de marzo del 2020, como la Hora Cero de la era Covid-19. Desde esa fecha, y hasta el día 10 de Mayo, se han perdido 17 mil 676 empleos por día.

Las entidades con  mayor pérdida de empleos hasta el “Día de las madres”, eran Ciudad de México, Quintana Roo y Nuevo León.

En la capital del país, fueron 134,645 empleos. En Quintana Roo, se perdieron 86,304. En la Sultana del Norte, 59,172.

Por actividades, las mayores pérdidas de fuentes de trabajo se dieron en la construcción y en el rubro donde están servicios para empresas, personas y el hogar. En construcción hay 231,793 empleos menos que a principios de marzo. En servicios son 253,040 empleos menos.

Si a esto le aunamos que han transcurrido otros 20 días, a razón de 17,680 empleos diarios en promedio, nos arroja 353,600 empleos perdidos más, que aunado a los 707,055 nos arroja un gran total hasta finales del mes de mayo de 1,060,655 personas sin trabajo.

Ahora bien, los trabajadores que regresaron a sus actividades el pasado lunes 18 de mayo, no son lo que perdieron su empleo, son trabajadores que se mantuvieron en pausa, que recibieron sus salarios, tal vez disminuidos, pero que siguieron cotizando al IMSS, y al Infonavit, por lo que no podemos decir que se tuvo una recuperación en la planta laboral.

El gobierno federal a determinado, y así lo ha hecho saber a la Conferencia Nacional de Gobernadores en la reunión del pasado martes 26 de mayo, por voz de la Secretaria de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, que la reapertura de las actividades, que se subdividen en cuatro bloques: productivas, escolares, actividades gubernamentales y, las actividades sociales y recreativas, se regirán por el semáforo de riego que determine el Consejo de Salubridad General.

Lo anterior, trajo el descontento de algunos gobernadores pues casi en la mayoría de las entidades la curva de contagio sigue a la alza y consideran muy riesgoso abrir las actividades, que podrían desembocar en un repunte del contagio, como ya ha sucedió en otros países y llevar al colapso hospitalario que tanto se ha cuidado.

La posición del gobierno federal fue tajante y se reafirmó en la reunión virtual que sostuvo el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell Dávila, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica, por espacio casi de 6 horas, donde defendió su “Modelo Centinela”, consideró que las medidas adoptadas para afrontar la pandemia fueron las más adecuadas e incluso mencionó que ha recibido el reconocimiento de la Organización Mundial de Salud (OMS) y que nadie en el mundo, tiene las cifras seguras de cuantas muertes se han tenido por la pandemia de Covid 19.

Reiteró que será el semáforo de riesgos de la Secretaría de Salud el que va a determinar en cada entidad federativa, las actividades que pueden ser susceptibles de retomarse y lógicamente que desconocen cualquier otra apreciación de los gobiernos estatales. Por ello, algunos de los gobernadores del norte del país, es decir el llamado grupo de “Los Broncos”: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, y el grupo del Bajío: Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, han manifestado su desacuerdo y se han pronunciado por no acatar las indicaciones de la Secretaria de Salud Federal.

Existe un grupo muy grande de un poco más de 4.5 millones de micros pequeños y medianos empresarios (MIPyMES) que ven en riesgo su inversión, los empleos generados y que sus pérdidas podrían ser del orden de los 250 mil millones de pesos al término de la crisis sanitaria.

Por lo anterior, a través de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (ALAMPYME), han solicitado los siguientes apoyos para su reactivación, a saber:

1.- Ampliación del tiempo para la declaración anual y mensual de impuestos y condonación de ISR por tres meses.

2.- Condonación del pago de Impuesto sobre Nómina de tres meses en todo el país.

3.- Apoyo económico de dos salarios mínimos para los trabajadores de la institución durante el tiempo que dure el estado de contingencia.

4.- Suspensión de por lo menos tres meses del pago de los créditos hipotecarios, de capital de trabajo, comerciales y de nómina, que se tienen con los sistemas financieros de todo el país.

5.- Recursos para la reactivación económica de manera directa, después de que pase la contingencia, con recursos a fondo perdido o a través de un fondo revolvente tasa cero, que vaya desde los 30 mil hasta los 750 mil pesos, con facilidad de integración y sin tanta tramitología y burocracia administrativa que evite que el micro y pequeño empresario tenga acceso al programa.

6.-Solicitud a las empresas de telefonía, CFE y gobiernos locales para la condonación de pagos de servicios durante dos meses.

7.- Que se reactive el plan de infraestructura nacional y que micro y pequeñas empresas sean consideradas.

8.- El órgano solicita que a las organizaciones de libre afiliación y de representación de millones de micro y pequeños empresarios se les integre a las mesas de trabajo con el gobierno federal y ante la jefa de Gobierno para expresar sus inquietudes y necesidades para trabajar en conjunto para salir adelante de la pandemia y crisis económica.

Sin embargo, la postura del gobierno federal ha sido omisa, y ha dejado que los gobiernos de los estados integrantes del pacto federal, sean los que lidien con esta situación.

Y dadas las circunstancias actuales, en los momentos en que la curva de los contagios y los fallecimientos por causa de la pandemia del Covid 19 y también por las muertes violentas atribuidas a la delincuencia organizada, siguen en ascenso en todo el país, se vislumbra, a pesar de que se inicien algunas actividades para volver a la “nueva normalidad”, una epidemia económica que nos afectara de manera sustantiva y cuyo fin no es previsible.

Tal vez pronto o dentro de algunos dos meses podremos decir que disminuyó la pandemia sanitaria, para pasar de lleno a la pandemia económica.

Si me equivoco o estoy en lo correcto, los veremos dándole tiempo al tiempo.

Comentario 1.- Las diferencias entre las empresas de producción de energía renovables o “energías limpias” con la Secretaria de Energía del gobierno federal, la zacatecana y miembro distinguida de Morena, Norma Rocío Nahle García, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano regulador coordinado en materia energética, tiene un trasfondo de estrategia política y de captación de recursos económicos en favor de la Comisión Federal de Electricidad, que dirige el ex priísta Manuel Bartlett Díaz. Se comenta que los empresarios de estas empresas que producen energía eléctrica a partir de los parques eólicos y de energía solar, no están muy de acuerdo con la política energética del Señor López Obrador, quien apuesta a la producción de hidrocarburos y la utilización de combustibles fósiles, altamente contaminantes en vez de energía renovable. Además, las reservas de la paraestatal Petróleos Mexicanos se encuentran llenas de combustóleo, un derivado del crudo que solo sirve para quemarse, por lo que, bajo el argumento de que la energía renovable se está vendiendo cara y es un buen negocio para unos cuantos, se quiso coartar su producción, para que Pemex le venda su combustóleo a CFE, para producir energía eléctrica, lógicamente cara; que al final pagaran los usuarios, es decir, todos los mexicanos. Afortunadamente, los juicios de garantías interpuestos por estas empresas ha suspendido y echado para atrás las disposiciones de la CRE. Ahora, la CFE, por conducto de su director, pretende cobrar a la alza, el uso de la red de distribución eléctrica en todo el país, y así, colocar a los empresarios en el dilema de vender la energía a un precio igual o mayor del que cuesta la producida por CFE. Al final, los amolados, como siempre, es el pueblo mexicano, los que trabajan.

Comentario 2.- En San Luis Potosí, hay más muertes por las ejecuciones de las bandas del crimen organizado que por la pandemia de Covid 19. Como siempre, “a rio revuelto, ganancias de pescadores”. Mientras que los agentes del orden realizan funciones de apoyo a las autoridades sanitarias en los filtros colocados ex profeso en la zona metropolitana, los delincuentes hacen de las suyas. Las denuncias de abusos de autoridad, de pago de comisiones por el uso de patrullas, y hasta de la comisión de delitos atribuidos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, están a la orden del día. Mientras tanto, las balaceras, tiroteos, ejecuciones, ajustes de cuentas, robos, asaltos y demás delitos, se mantienen al alza y la cifra negra de delitos no denunciados aumenta cada día. ¿Será acaso que a los mandos ya están en “el Año de Hidalgo”? o bien, ¿están demostrando lo que es un rumor a voces entre la población? que solo vinieron a llenarse los bolsillos de dinero, con las cuotas, los moches de los negocios y compras, socializando en cuanto evento, fiesta o reunión son invitados. No lo sabemos, pero lo que es cierto es que la inseguridad está a tambor batiente en toda la entidad. Y que el titular del Poder Ejecutivo local, el Güero Carreras, le molesta el tema de la seguridad pública, de la procuración de justicia y evita que lo cuestionen al respecto, argumentando que estamos mejor que en otros lados. ¿Sera este un sexenio “más y mejor” que el de su antecesor? Por lo pronto, la Secretaria estrella, la titular de los Servicios de Salud, ya anda envuelta en un aparente fraude mayúsculo, estilo Unicrer.

@GayossoB

L. GABRIEL GAYOSSO BERMAN / La Cicuta / San Luis Potosí, S.L.P / Mayo 29 de 2020.

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