La Seguridad Privada

L Gabriel Gayosso Berman 250xPor Gabriel L. Gayosso Berman/ La Cicuta/ San Luis Potosí, S.L.P.
En el primer trimestre del año 2012, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de San Luis Potosí, promulgó la Ley de Servicios de Seguridad Privada para el Estado; ordenamiento que se pensó vendría a regular a los prestadores, personal operativo y operatividad de la prestación de las modalidades de seguridad proporcionada por particulares en la Entidad.
El mencionado ordenamiento tiene como sustento la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, que fue promulgada en el mismo periodo de sesiones de la mencionada legislatura.
Ambas legislaciones se encuentran vigentes y han sido reformadas, modificadas o adicionadas en este corto periodo de vida legislativa.
Es el caso, de que desde el año de 1997, se creó un Reglamento en materia de Servicios de Seguridad Privada, (ahora convertido en Ley, pues esta es una copia vil, burda y refrita de este reglamento adicionado con artículos de la reglamentación federal en la materia), pues esta actividad comercial y laboral empezaba a tomar auge a nivel nacional y San Luis Potosí  no era la excepción.
Actualmente se encuentran, un buen número de empresas de seguridad privada, autorizadas por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, para prestar o brindar sus servicios en la entidad, amén de las empresas que cuentan con la autorización de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, y que les permite también laborar en este estado.
La situación es que de conformidad con Ley Federal de Seguridad Privada, el personal de las empresas del rubro deben de “Abstenerse de utilizar en su denominación, razón social, papelería, documentación, vehículos y demás elementos de identificación, colores o insignias que pudieran causar confusión con los utilizados por los cuerpos de seguridad pública, las Fuerzas Armadas u otras autoridades”. . . ., así como: “Utilizar uniformes y elementos de identificación del personal operativo que se distingan de los utilizados por las instituciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas; ajustando el modelo, colores o insignias de los uniformes que utilicen sus elementos operativos, a las especificaciones que señale el Reglamento”. Lo anterior, tiene su aplicación en la Ley local de Seguridad Privada, en la fracción IV del artículo 35.
La situación es que existen una gran cantidad de vigilantes o guardias, que están prestando servicios con uniformes tipo policiales, parecidos o iguales a los usados por las corporaciones de seguridad, sin que sean molestados por autoridad alguna.
Por experiencia personal, he constatado que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, supervisan de manera exhaustiva a los empresarios locales, exigiendo el cumplimiento IRRESTRICTO de la legislación, so pena de imponer multas económica excesivas o en caso de reincidencia, proceder a la cancelación de la autorización, enviándolos a la clandestinidad.
Pero no ocurre lo mismo con las empresas, legales o “patito”, foráneas, a quienes impunemente se les permite que violen la ley local, prestando servicios con uniformes iguales a los de las policías y en algunos casos, utilizando radiofrecuencias sin autorización, y claves propias de las corporaciones.
Para muestra, los guardias de algunas tiendas departamentales de conocida plaza comercial en el poniente de la ciudad capital, propiedad de un grupo empresarial del hombre más rico del mundo.
Lugar donde se han cometido asaltos, robos y demás ilícitos patrimoniales, así como el abandono de vehículos con armamento prohibido, sin que la Secretaria de Seguridad Publica o alguno de sus órganos, moleste a tan finos personajes, quienes además, no cuentan con un registro de estas personas y desconocen si están debidamente capacitados, certificados e inscritos en los aplicativos que se tienen ordenados.
A los empresarios potosinos, incluso se les esta exigiendo la aplicación de exámenes de polígrafo y registro de voces de sus vigilantes, amenazándolos de que en caso de incumplimiento se procederá con todo el rigor de la ley y la fuerza pública, en tanto que, al personal de las empresas que laboran en la zona industrial o el aeropuerto no se les molesta, a pesar que se conoce que no cuentan con la autorización local respectiva para prestar sus servicios en este estado.
Tal parece que en este sentido y con esta administración, parecemos “Candil de la calle y obscuridad de la casa”, pues a quien invierte, capacita, registra, da empleo, paga impuestos, genera actividad comercial y arriesga su capital en su tierra, se le castiga persigue y amenaza, en tanto que quienes violan la ley, contratan a personal de dudosos antecedentes ministeriales o penales, no cubren perfiles psicológicos, médicos o toxicológicos, ni de capacitación, se les protege y exonera de toda obligación.
Señor medico gobernante e integrantes del gabinete de seguridad, no den declaraciones de números que no se cree ni el más iluso de los discapacitados mentales (con todo respeto para estos últimos), pónganse a trabajar, apliquen la ley sin distingos, que el poder económico y político no los sobrepase y sea preponderante a la seguridad de los potosinos, apoyen a los empresarios locales y exijan que los foráneos se apeguen a la Ley, cumplan con su trabajo o recuerden la frase de Alejandro Martí.
Comentarios: En corto, nos comentaron que el galeno gobernante al ser cuestionado y solicitarle acabara con la inseguridad en la zona huasteca por los recientes hechos sangrientos, dijo “No puedo”, “No puedo”, “además estoy amenazado”. Si eso es lo que responde la primera autoridad del Estado, que podemos esperar nosotros, simple vulgo.

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