A niño ahogado

“A los gobiernos se les revisa, no se les aplaude”. Víctor Alberto Trujillo Matamoros (BROZO). Comediante, locutor, presentador de televisión, analista político, actor y actor de doblaje mexicano. 30 julio 1961

El pasado viernes 10 de enero de 2020, un menor de 11 años de edad, José Ángel N., que cursaba el sexto grado en el Colegio “Cervantes” de Torreón, Coahuila, ingresó al plantel dos pistolas, una de ellas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, disparando y dando muerte a la maestra María Assaf Medina, hiriendo a cinco estudiantes, menores de edad, y a un profesor de educación física, para posteriormente suicidarse.

Estos hechos consternaron a la sociedad de la región, del estado y de todo el país, sobre todo porque las acciones fueron previamente planeadas y ejecutadas con toda tranquilidad por parte del menor suicida.

Se han externado diversas reacciones: Que si estos actos fueron influenciados por los videos juegos que el menor veía y jugaba con asiduidad; que si los padres lo abandonaron; que si los abuelos no lo cuidaron; que si la influencia de series televisivas y del entorno social, que si los padres de familia del plantel por no aceptar, con anterioridad, la revisión de las mochilas de sus hijos, etcétera.

Al paso de los días, y toda vez que el abuelo paterno del menor, José Ángel N. N., de 58 años de edad, fue vinculado a proceso y decretada la prisión preventiva por parte del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio con sede en la ciudad de Torreón; por los posibles delitos de homicidio por omisión, al existir claras evidencias de que las armas que utilizó el menor eran de su propiedad y la menos una, le fue proporcionada al menor.

En el cateo realizado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila en el domicilio de los abuelos y particularmente en la habitación del menor, se localizaron, al menos, 20 juguetes, réplicas de armas de fuego.

La custodia del menor les pertenecía a los abuelos paternos ante la muerte de la madre y la ausencia del padre, José Ángel N, de 37 años de edad, quien hasta el mes de octubre del año próximo pasado, se encontraba recluido en el estado de Oklahoma, en el vecino país del norte, por tráfico de drogas, particularmente anfetaminas; esto según publicación de algunos medios de comunicación.

De manera casi inmediata, después del lamentable suceso, el gobierno del Estado de Coahuila, cito a la instalación del Consejo Estatal de Seguridad Pública para tomar medidas al respecto de la presencia de armas de fuego, armas punzo cortantes, drogas y otros objetos prohibidos en las escuelas de la entidad y prevenir futuros actos similares.

Los padres de familia del plantel, esos que en principio rechazaron la llamada “operación Mochila”, consistente en la revisión de las alforjas de los alumnos a la hora de entrada a las escuelas; aceptaron que se aplicara dicho operativo preventivo, realizado por los propios padres y con apoyo de las corporaciones policiales municipales. Incluso acordaron que sus hijos, alumnos de la escuela, llevasen mochilas de material transparente.

El tema dio mucho de qué hablar y de recordar casos parecidos sucedidos en la ciudad de Monterey, Nuevo León, hace algunos años; y los más recientes, efectuados en varias ciudades de los Estados Unidos de América.

Se han revivido opiniones, declaraciones, acciones, supuestos operativos y un sin número de acciones y manifestaciones, tanto en favor como en contra de las acciones preventivas en los plateles escolares, así como reuniones entre diversas autoridades educativas, de seguridad y agrupaciones de padres de familia, tratando de buscar causas, medidas y consecuencias de estos hechos.

La verdad, ahogado el niño, quieren tapar el pozo.

Veamos: No se puede generalizar un evento de estas consecuencias a todas las escuelas y colegios del país. No se puede culpar solo a los videojuegos de violencia o disparos, como los causantes de este tipo de conductas. No se puede responsabilizar a los programas televisivos que algunos niños y jóvenes ven, como la causa de conductas violentas y acciones sangrientas. No se puede considerar que por venir de una familia disfuncional sea la causa de la tragedia.

Tampoco podemos decir que son TODOS los padres culpables de las acciones de estos menores, pues si nos basamos en datos estadísticos, concluiremos que es un porcentaje casi ínfimo del número de alumnos a nivel nacional que comenten este tipo de delitos.

Igualmente, la responsabilidad de la prevención de estos actos no es exclusiva de las autoridades educativas o las autoridades de seguridad pública, pues recordemos que las corporaciones policiales solo tienen influencia y responsabilidad sobre la vía pública.

Este es un problema donde deben intervenir, cada uno en su ámbito, tanto padres de familia,  como autoridades escolares, así como autoridades de los tres niveles de gobierno, creando, diseñando y aplicando campañas de prevención, concientización y supervisión contra las conductas delictivas, llámese el uso de armas de fuego, de armas blancas, de los efectos del consumo de drogas de abuso y hasta la permisibilidad en programas y juegos violentos, pero sobre todo, en la relación padres, hijos y maestros.

El gobierno federal a raíz de los acontecimientos suscitados en Monterrey, N.L., en enero de 2017, puso en aplicación “el operativo mochila segura” en escuelas de educación básica de la Ciudad de México, lo que motivo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, previas quejas presentadas, emitiera la Recomendación 48/2019, fechada en julio de 2019, con respecto de “Sobre la violación de los Derechos Humanos a la Educación, a la Intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez, con motivo de la aplicación de “el operativo mochila segura” en escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México”

En dicho documento se hacen una serie de recomendaciones a la Secretaría de Educación Publica del gobierno federal, a efecto del diseño y atención de protocolos de actuación y una serie de medidas, ponderando el interés superior de los niños, niños y adolescentes, de conformidad con la legislación vigente y los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.

Si bien, se concedieron plazos y términos muy claros para la aplicación de esta recomendación, tanto en escuelas públicas y privadas de todo el territorio nacional, al parecer esto quedo, como muchas otras cosas, solo en buenas intenciones.

Creemos que para evitar este tipo de eventos, la situación es más compleja que solo emitir y aceptar recomendaciones; se requiere de una participación más amplia y muy comprometida de padres de familia, personal directivo y docente, autoridades educativas y de seguridad pública; así como la intervención de grupos civiles, Organismos No Gubernamentales (ONG´s) relacionados con el tema.

Desgraciadamente, las administraciones federales, estatales y municipales, no tienen en su agenda de gobierno este tema importante, por lo que sus acciones han sido superfluas, inmediatas, temporalmente reactivas y sin un sustento a mediano y largo plazo, pues, aunque van enfocadas a preservar la integridad de la niñez escolar y de sus profesores, futuros ciudadanos y votantes, no revisten la importancia moral y política para sus proyecto inmediatos.

Incluso, la actual administración federal, tanto a lo que concierne al ejecutivo como al legislativo, pretenden acotar la existencia y continuidad de las Ong’s, cuando estas son de fundamental importancia para una mejor gobernanza y gobernabilidad en un país democrático y de estado de derecho. Si bien, un país donde la sociedad civil se involucra sustancialmente en la toma de decisiones gubernamentales se considera que la nación es esencialmente democrática, como podríamos pensar que es nuestro México.

Se requiere la implementación y operación de políticas públicas a mediano y largo plazo que, en estricto respeto a los derechos humanos, y esencialmente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tiendan a acotar o disminuir cualquier influencia perniciosa durante la vida escolar de los menores. A concientizar a los padres de familia, actuales y futuros, de la importancia del desarrollo sano de los niños y niñas; si mismo, destacar la importancia del papel que juegan los educadores en la salvaguarda y cuidado de los alumnos a su cargo, no solo durante el horario escolar, sino también detectando situaciones de riesgo que pueden darse en el hogar o en el entorno social, trabajando coordinadamente con las autoridades educativas, de asistencia sociales, de seguridad pública y de las organizaciones no gubernamentales creadas exprofeso.

Que las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, y de todas las dependencias que interactúan en estos casos, apliquen políticas criminológicas perfectamente diseñadas y con un sustento legal, objetivas, viables y de largo plazo, que prevengan la realización de cualquier conducta ilegal o anómala que tienda a la violación de los elementales derechos de los menores y sobre todo a su integridad física.

La tarea no es fácil, pero si en lugar de andar legislando en favor de tal o cual tendencia partidista o política de moda momentánea, si en lugar de andar realizando acciones en países ajenos preocupados por lo que les sucede a sus habitantes; si en lugar de gobernar con ocurrencias y objetivos electoreros, nos pusiésemos “las pilas” y nos preocupáramos por nuestra niñez, tendríamos un futuro cierto hacia donde queremos llevar a nuestro país.

En conclusión, las acciones de prevención de situaciones como la ocurrida en Monterey, N.L. y en Torreón, Coah., donde intervienen menores de edad, instituciones educativas y traen como consecuencia la pérdida de vidas humanas, no deberían dejarse en el olvido, no solo para prevenir estos eventos sanguinarios en lo futuro, sino para mejorar, y en mucho, la calidad de vida de todos los conciudadanos, y si no, vamos dándole tiempo al tiempo.

Comentario 1.- Gobernar no es una sucesión de ocurrencias, de puntadas o de chistes que caen en la chunga, el desparpajo o la chacota; gobernar es tomar decisiones con el mas amplio conocimiento de causas y efectos, de motivos y resultados; de la optimización de los recursos públicos y las necesidades de la sociedad.- Así, que en un gobierno republicano, representativo y democrático como lo es nuestro querido México, como lo establece nuestra Carta Magna, la gobernanza se da entre los tres poderes de la unión, ejecutivo, legislativo y judicial, ponderando como interés mayor el bienestar de la población. Por ello, no se puede gobernar a base de ocurrencias como rifar un bien público (el avión presidencial), ni combatir la inseguridad pública y los delitos de alto impacto con “te vamos acusar con tu mama o tu abuelita”, o bien “dando abrazos y no balazos”.- No podemos estar regalando dinero público a otros países porque no tienen la infraestructura necesaria o los programas respectivos para generar empleo, seguridad pública u oportunidades de vida, cuando en nuestro país el desempleo crece, no existen medicinas para enfermedades terminales, los programas de salud pública son un fracaso y la inseguridad pública va en una espiral a la alza sin contrapeso alguno. Eso, amables lectores, no es gobernar.

Comentario 2.- Los constantes actos de inseguridad publica que se han dado últimamente en la capital del estado de San Luis potosí, tienen como un referente importante que los afectados son personas relacionadas con las instituciones de seguridad publica.- No es que esto sea algo anormal, pues el trabajo de un agente o funcionario encargado de hacer cumplir la ley, como define la ONU a los policías, es precisamente el prevenir conductas ilícitas o investigar y perseguir a los perpetradores de las mismas. No, lo curioso es que estén ocurriendo homicidios y ejecuciones contra agentes policiales en retiro o fuera de sus actividades laborales. Podríamos decir que son actos de venganza, de ajuste de cuentas, de desquite por acciones que se suscitaron con anterioridad y que en los momentos que se llevan a cabo, los policías no cuentan con la protección del uniforme, ni de las armas de fuego de cargo, ni con el apoyo de sus compañeros y corporaciones. Sea como sea, las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia deben investigar a profundad estos hechos, pues si a un policía, del nivel gubernamental que sea, le ocurren estos delitos y quedan sin esclarecerse, que podemos esperar los simples ciudadanos cuando nos roben, nos agredan, nos levanten, nos secuestren o nos priven de la vida. Toma vigencia la frase lapidaria del empresario Alejandro Martí: “Si no pueden, renuncien”.

GABRIEL GAYOSSO BERMAN / La Cicuta / San Luis Potosí, S.L.P. / Enero 22 de 2020.

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