¿Policías Represoras en San Luis Potosí?

L Gabriel Gayosso Berman-bnPor L. Gabriel Gayosso Berman/ La Cicuta/ San Luis Potosí, S.L.P.
Nuevamente los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o sea, los policías, vuelven a ser tema de las diversas notas periodísticas, columnas, editoriales y de análisis.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en su más reciente informe de actividades, señaló que las policías preventivas, en particular la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, ha propiciado el mayor número de quejas y cuestionamientos por su reincidente violación de los Derechos fundamentales de los individuos.
Las policías municipales y la investigadora, la policía ministerial dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no se quedan atrás en cuanto a las violaciones constantes y reiteradas de las garantías de los particulares.
La muerte de un individuo en las celdas de la barandilla municipal, producida por los golpes propinados por un elemento de la policía estatal, que desquito su coraje porque el sujeto se apropió de unos limones sin pagarlos, pone en evidencia los protocolos para las detenciones y aprehensiones, así como el trabajo de los profesionistas encargados de la certificación física del detenido.
En otro caso, después de varios días de agonía, en el Hospital Central, fallece un joven del municipio de Villa de Reyes, S.L.P., por las lesiones con arma de fuego que le fueron infringidas por elementos de la policía preventiva municipal de esa demarcación.
En ambos casos, como en muchos otros, la impunidad hacia los responsables de estos homicidios, se hace patente; y la corrupción dentro de las instituciones de procuración de justicia navega viento en popa.
La propia Iglesia Católica se ha pronunciado, de manera mesurada, por atender este tipo de hechos, solicitando mayor capacitación de los elementos y atención en cuanto al desempeño de los mismos.
Por su parte, los recientes resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al respecto de la percepción de confianza hacia las instituciones de seguridad, colocan a la policía preventiva, estatal y municipales, así como a la policía ministerial, en altos porcentajes de desconfianza ciudadana.
Se sabe que en la Academia Estatal de Policía, dentro de las materias que se imparten en el curso de formación, tanto de policías como de custodios, se les da a conocer los protocolos para los aseguramientos de individuos; la importancia del respeto a los Derechos Humanos y las responsabilidades en que incurren en caso de violación de los mismos.
Se supone que en el caso de las policías municipales, sus cursos de formación son avalados por la Academia Nacional de Seguridad Publica, y en los municipios que no cuentan con estos cursos, sus elementos son capacitados en la Academia Estatal, o al menos, así lo ha declarado en varias ocasiones y foros el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Joel Melgar Arredondo.
No se puede alegar que por falta de recursos económicos las policías estén sufriendo de infraestructura, capacitación y equipamiento. Se ha publicado, y en ocasiones como si fuera un gran logro, que se han destinados grandes cantidades de dinero del erario, para apoyar la seguridad en el Estado; que se han impartido cursos de formación, capacitación, especialización y actualización, en todos los ámbitos del quehacer de las policías y los ministerios públicos.
Que se están realizando los mayores esfuerzos posibles para alcanzar los objetivos en cuanto a la aplicación de los exámenes de control de confianza, que se han dado de baja a los malos elementos que no superan estos controles, y que existe un programa de capacitación constante sobre todas las policías; eso dicen las autoridades locales.
La realidad es que los abusos se siguen cometiendo, y las muertes en manos de estos garantes de la paz social y la aplicación de la ley, se hace evidente cada vez más.
En aras de la necesidad de contar con elementos policiales suficientes para enfrentar la inseguridad producto del crimen organizado y de la delincuencia común, se ha dado cabida a individuos con la capacidad de repeler un ataque armado, de agredir con un alto grado de impunidad y sin consecuencias; de obedecer órdenes y lograr objetivos a costa de lo que sea, así sea violando la ley y el estado de derecho; pero esta no es la solución a la inseguridad e intranquilidad social.
Desgraciadamente en el desgaste mediático y social de este problemas, surgen individuos que se creen con la capacidad de opinar al respecto y dar soluciones inmediatas, desde la comodidad de un cargo público, solo por el hecho de alguna vez haber cobrado en la nómina de una dependencia de seguridad, pero sin conocimientos serios, académicos e información fidedigna del submundo policial.
Se hace necesario, que las autoridades, quienes son detentadores de la fuerza del estado, analicen y apliquen las medidas necesarias para que la impunidad y la corrupción no se hagan patente en la difícil y constante labor de otorgar seguridad a la población, de la procuración de la justicia y de la impartición de la misma; convocando a legisladores, académicos, estudiosos del sistema, personas de la sociedad y defensores de los Derechos Humanos, y de manera especial a policías operativos, para buscar soluciones y tomar determinaciones que redunden en lo más importante que tiene todo ser humano, salvaguardar su integridad física, su vida y su patrimonio.
Comentarios: La reciente catástrofe ocurrida en Chihuahua, en un espectáculo público de automotores que derivo en la muerte de varios espectadores, debería poner en alerta amarilla a las autoridades de Protección Civil, Comercio, Seguridad Pública y demás involucrados, no para elevar las cuotas voluntarias de apoyo, sino para proporcionar seguridad a los asistentes.

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