Terrorismo a la mexicana

“TERRORISMO: Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general.- Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.”

El pasado 17 de octubre del año en curso, las fuerzas armadas mexicanas, con una aparente colaboración con la Administración para el control de Drogas, DEA (Drug Enforcement Administration), realizaron un operativo en la ciudad de Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, para la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, más conocido como el “Chapo” Guzmán​, narcotraficante y criminal mexicano, líder del Cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017.

Si bien las fuerzas armadas mexicanas, lograron la captura de este delincuente, uno de los herederos de los negocios ilícitos de su padre; horas después fue liberado, gracias a una intervención armada de múltiples sicarios de distintos grupos delincuenciales con presencia en esa entidad, mediante el uso de armas de alto calibre, enfrentamientos con las fuerzas del orden y con una supuesta amenaza de dañar a inocentes, mujeres y niños, familiares de los soldados que habían realizado la detención.

Tras varias horas de terror, de incendio de automóviles y tracto camiones y con una estela de muertos, entre civiles y guardianes del orden, la liberación de Ovidio Guzmán López, s ele atribuye a la operación armada de su hermano mayor Iván Archivaldo, y a la amenaza de atentar contra la vida de civiles.

Se dice que los sicarios, ingresaron con un camión pipa cargado de combustible a la zona habitacional militar de esta ciudad, y tras rodear la pipa con mujeres, niños y personas mayores, amenazaron con hacerla explotar si no liberaban a Ovidio, toda vez que os captores de este, se encontraban atrincherados en las oficinas de la de la Fiscalía General de la Republica en esta entidad.

¿Quién tomo la decisión de la liberación de Ovidio Guzmán López, quien tiene una orden de detención con fines de extradición? ¿Está permitido que el gobierno federal mexicano negocie con “terroristas”? ¿Por qué fracasó el operativo para la detención de Guzmán López? Son algunas de las interrogantes que el grueso de la población, de la gente de a pie, de los que pagan impuestos y son económicamente productivos, se están haciendo.

Analicemos:

El Código Penal Federal en sus artículos 139, 139 Bis y 139 ter, definen la pena y la sanción económica, así como la tipificación de los delitos de terrorismo, a saber:

… se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:

  1. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.
  2. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad, cuando además:

  1. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público;
  2. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o

III.        En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.

. . .

Ahora bien, en una interpretación amplia, los actos de terrorismo aumentaron por la llamada “lucha contra el Narco”, la cual el actual gobierno federal, encabezado por el Sr López Obrador, ha dado por concluida; y ha ponderado su discurso de “Abrazos y no balazos”, o el narco se combate con un “fuchi, guacala”, o bien, con la amenaza de “acusar a los delincuentes con sus mamis y sus abuelitas”.

El problema es que la delincuencia organizada, el crimen organizado, de manera particular el narcotráfico y los cárteles (Organización ilegal que se dedica al tráfico de armas o drogas) esas amenazas son inviables y para dar risa, y han propiciado que sus acciones armadas y violentas se ponderen y se han virulentas.

Aunado a lo anterior, las indicaciones dadas a los integrantes de la recientemente creada “Guardia Nacional”, cuya aparente finalidad es garantizar la paz y la seguridad pública, de no responder a las agresiones violentas, pues “los delincuentes también son pueblo” y “las fuerzas armadas no están para agredir al pueblo”; la figura y las acciones de nuestras fuerzas castrenses han ido en demerito.

En variadas y múltiples ocasiones hemos visto videos y leídos notas donde los soldados y marinos y policías federales, han sido agredidos verbal y físicamente, con palos, piedras, botellas, escupitajos, y en varios casos, emboscadas con pérdidas de vidas humanas, sin que se tenga una respuesta donde se haga valer la premisa que le corresponde al Estado: El uso legítimo de la fuerza.

El caso de Culiacán, Sinaloa, no el primer caso que tenemos registrado, recordemos que hace unos meses en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el crimen organizado presiono a las gasolineras para que no proporcionara el combustibles a las patrullas y a los vehículos de las fuerzas armadas; pero, especialmente, el ataque que realizaron con misiles a la zona habitacional de las fuerzas armadas, donde habitan las familias de los soldados. Un ataque artero y cobarde, poniendo en riesgo la vida de niños y mujeres, de civiles que no tienen nada que ver con el problema del combate a la delincuencia.

En San Luis Potosí, hace algunos meses también, un grupo delincuencial se atribuyó un fallido intento de un coche bomba, al dejar abandonada y cerrada, una camioneta Jeep Wagner, con un cilindro de gas abierto a su interior, y en el exterior, un artefacto explosivo casero, en el cofre del vehículo. De manera afortunada, solo resultaron lesionados algunos agentes policiales y forenses, pero el peligro eminente fue hacia la población en general.

El estado, en sus tres niveles de gobierno, debe aplicar todo el peso de la ley, combatir y detener, juzgar con rigor y justicia a estos individuos que solo buscan crear una psicosis de terror, con la finalidad de amedrentar tanto a los agentes del orden, a los miembros castrenses, la población en general y a la propia autoridad, para que les permitan actuar con total impunidad.

El negociar con “terroristas” solo somete a la autoridad, que a su vez, incumple su mandato y su compromiso social y legal. La población debe exigir que se brinde seguridad pública y privada, se respete el Estado de Derecho y se aplique la ley penal sin distingo y sin contra pisas, velando siempre por el respeto irrestricto de los Derechos Humanos.

No olvidemos que el cuándo una persona sale a delinquir, sea civil o servidor público, va con la firme intención de dañar a otro, y jamás, con la idea de respetar los derechos humanos de los demás.

Lo ocurrido en Culiacán, no debe quedar como otro episodio anecdótico más de la inseguridad pública, del supuesto combate al narcotráfico o el crimen organizado, se debe actuar con todo el peso del poder del estado y castigar, ejemplarmente, a los responsables.

En caso contrario, el debilitamiento del Estado, de la autoridad, de las instituciones publica de seguridad y de las propias fuerzas armadas se irá incrementando y si no, tiempo al tiempo.

Comentario 1.- El atentado sufrido por miembros de la comunidad menonita, en el estado de Sonora; pertenecientes a la familia Le Barón, donde fueron arteramente asesinados 3 mujeres y 7 menores de edad, debe ser un enérgico llamado a las autoridades, al gobierno federal y estatales, sobre el actuar del crimen organizado. No se trata de manejar la teoría de la confusión, ni que como se trata de grupos delincuenciales afines al narcotráfico, no hay nada por hacer. Si bien, algunos legisladores federales, no afines al partido MORENA, ya han pedido la destitución de Francisco Alfonso Durazo Montaño actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, no basta con una solicitud que queda en el aire, hacen falta acciones contundentes y claras, precisas y objetivas, que den confianza a la población de tener un gobierno fuerte y decidido. Ya basta de culpar a los contrarios, a los Fifís, a los conservadores, a los medios de comunicación que señalan los errores de la administración gubernamental, a los “retrogradas del progreso” y enemigos de la Cuarta Transformación; en necesario y urgente, que se devuelva la tranquilidad y la paz social a nuestro querido México. Hoy fue una familia apolítica e inocente quien sufrió los embates del crimen organizado. ¿Cuándo nos tocara a nosotros?

Comentario 2.- Mientras a nivel nacional, las cifras demuestran que se tienen un promedio de 86 homicidios diarios; las autoridades de seguridad, estatales y municipales, de este bello estado de San Luis Potosí, dan cuenta de cifras halagüeñas y de porcentajes efímeros y contraproducentes con respecto al combate de la inseguridad pública y la procuración de justicia. Yo no sorprende que los medios escritos y electrónicos, las redes sociales y otros medios de comunicación den cuenta de homicidios, feminicidios, secuestros, levantones, extorsiones, robos (en todas sus modalidades), agresiones y todo el catálogo de conductas ilícitas sancionables, todos los días. Los robos a cajeros automáticos, a cuentabientes, los asaltos con botines menores, son el pan nuestro de todos los días. El porcentaje de la cifra negra, que anteriormente era de por si elevado, un 93% de los delitos cometidos y no denunciados, se incrementa cotidianamente. De siempre y ahora con mayor razón, alentados por las declaraciones desafortunadas del titular del Poder Ejecutivo Federal, Sr. López Obrador, el gremio periodístico está sufriendo de agresiones. Los enfrentamientos verbales entre el Presiente y algunos reporteros que exigen la rendición de cuentas claras, ha permeado en los ámbitos estatales y municipales. En México, es más peligroso ser periodista, que ser combatiente en el Medio Oriente.

 

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