Revés de la SCJN a Código Penal que Vulnera la Libertad de Expresión en SLP

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó un artículo del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que establecía un delito para quien cometiera actos violentos o agresivos en contra de un servidor público, apeobad apor la LXI Legislatura de San Luis Potosí.

En un comunicado de prensa, SCJN informó que invalidó el artículo al considerar que violaba la libertad de expresión y el derecho a la exacta aplicación de la ley, ya que las expresiones “violentos” y “agresivos” eran tan amplias que criminalizaban expresiones protegidas por la libertad de expresión.

El Tribunal Pleno aclaró que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a la crítica, ya que por su actividad pública, están expuestos a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, sin embargo, el tipo penal era tan amplio y dejaba tantas dudas respecto a qué constituían conductas “violentas” y “agresivas” que generaba un efecto de intimidación en las personas que quisieran hacer críticas airadas o incisivas a los servidores públicos.

La SCJN manifestó que si bien es necesario contar con mecanismos que protejan a los servidores públicos cuando estén en ejercicio de sus funciones; su establecimiento debe ser cuidadoso y preciso para que no se vulneren otros derechos.

Acción de inconstitucionalidad 147/2017, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, demandando la invalidez del artículo 277 del Código Penal para dicha entidad, reformado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial local el 17 de octubre de 2017.

Como antecedente, el pasado 11 de enero del 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) promovió la Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante una reforma de ley del Código Penal, en su artículo 227 realizada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí por estimar que se vulnera o limita el derecho a la Libertad de Expresión y se violan los derechos a la Seguridad Jurídica y a la Legalidad en materia penal; ya que existe gran amplitud en los conceptos: “violentos o agresivos” utilizados en dicho artículo, lo que da como resultado que la interpretación de la norma sea vaga e imprecisa.

Se señala que fue el pasado 17 de octubre del 2017 cuando en el Periódico Oficial del Estado se publicó la reforma al Artículo 277 del delito del Código Penal que prevé los “Delitos Cometidos Contra Servidores Públicos o Agentes de la Autoridad en Ejercicio de sus Funciones” y el cual se lee: “Quien ejecute actos violentos o agresivos en contra de un servidor o funcionario público, o agente de la autoridad, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a trescientas unidades de medida de actualización, además de la que le corresponda por el delito cometido.

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