Taxis vs plataformas digitales

“TAXI es un medio de transporte público ofrecido con tarifas reguladas que consiste en un vehículo de transporte con conductor con una autorización y una licencia, otorgada por el Estado, que ofrece servicios de transporte de una persona o un grupo pequeño de pasajeros dirigidos a igual o diferentes destinos por contrato o dinero.”

La reciente reforma a la Ley de Transporte Publico del Estado de San Luis Potosí, realizada por la LXII Legislatura, ha levantado revuelo entre la población, los líderes de opinión, los dirigentes empresariales, pero sobre todo en los usuarios de las redes sociales, que son los mismos que usan el transporte público de pasajeros en la entidad y particularmente en la zona metropolitana de la capital del Estado.

Dicha reforma, dispone que las personas que brindan servicios de transporte de pasajeros mediante las plataformas digitales existentes, entre las más populares Huber, Cabify y otras, que brindan un servicio de transporte privado, de cierto nivel, deberán de contar con unidades automotrices con un precio mínimo de 300 mil pesos, y que dichas unidades deberán ser conducidas única y exclusivamente por el propietario del vehículo.

Hay más disposiciones que deben cubrir los interesados en cubrir esta actividad, que dicho sea de paso, es cada vez más popular entre los consumidores, desplazando, al menos en algunos segmentos de los usuarios a los taxistas tradicionales.

Algunas de las ventajas que proporcionan las plataformas digitales tiene que ver, exclusivamente con las características del servicio, veamos: los vehículos que son utilizados son considerados “nuevos” es decir, con menos de 5 años de antigüedad en el mercado; como el servicio brindado es calificado por el usuario, el proveedor busca que su unidad este limpia, en buenas condiciones mecánicas y de estética; el trato es amable, muy cómodo, pues se supone que prestan un servicio “ejecutivo”; si bien el costo es algo mayor de la tarifa del taxi, este es conocido por el usuario con anterioridad al abordaje de la unidad y tiene la opción de cancelar su viaje.

Además, por cuestiones de seguridad, se prefiere porque se conoce el tipo de automóvil, quien lo conduce, el recorrido y el costo; teniendo así la opción el usuario de saber quién lo traslada y de proporcionar esta información a terceras personas o familiares.

De la calificación que hace el usuario y el propio conductor del o los pasajeros, al concluir el viaje, la aplicación digital otorga calificación o en caso contrario sanciona de inmediato a ambos personajes, con lo que se tiene una manera de evaluar y en su caso, recibir las sanciones correspondientes, incluso el cancelar el uso de la plataforma, quedando un historial.

Todo esto supeditado al uso de un Smartphone y, en la mayoría de los casos, contar con una tarjeta bancaria.

En el caso, las aplicaciones de las plataformas digitales, algunas de ellas tienen presencia en varios países, son utilizadas por millones de personas. En esta entidad, particularmente en la zona metropolitana y la zona industrial, son requeridos de manera constante, ante la imposibilidad de contar con un servicio de taxis eficiente.

Indiscutiblemente que la plataforma exige el pago de impuestos a la SHCP, por lo que el Estado recibe una parte tributaria de este servicio, si bien, no de manera directa por la actividad realizada pues los pagos de los impuestos son ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las arcas estatales reciben los gravámenes y derechos correspondientes a control vehicular y licencias de manejo.

Por otro lado, si bien, estos vehículos y conductores de las aplicaciones digitales, no tienen una autorización por parte del gobierno estatal otorgada por medio de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; también es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege el dedicarse a una actividad laboral licita, pues a la letra establece:

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.”

Ahora bien, veamos que ocurre con los taxistas, y cuando hablo de ellos me refiero a quiénes prestan el servicio al amparo de una concesión otorgada por el gobierno estatal no me refiero a los “choferes”, que según la SCT local, deben de acreditar determinado número de años desarrollando esta actividad, para hacerse acreedores a una concesión.

La mayoría de los vehículos son operados por choferes y no por el concesionario. Algunos otros, les son alquiladas las placas, para que trabajen dicha concesión, en tanto que el concesionario solo cobra una renta, y en muchos casos, de varios vehículos.

Las concesiones llegan a valer hasta más de un millón de pesos en el mercado negro.

Los vehículos, que se utilizan, hasta antes de las últimas concesiones otorgadas, son unidades de cierta marca y tipo, por ser los más baratos del mercado, los más económicos en cuanto al consumo de combustible, las piezas de coalición y refracciones también se consiguen a bajo costo y de algunas veces de procedencia dudosa.

Algunos de estos vehículos superan los 5 años de antigüedad en el mercado.

Los choferes, que podemos distinguirlos en las manifestaciones, en las acciones pandilleriles cuando algunos de sus compañeros participa en accidentes de tránsito, donde normalmente agreden multitudinariamente a terceros sin importarles si son varones, mujeres o ancianos; así mismo, son los que manejan los taxis de manera imprudente, a altas velocidades, sin la misma atención hacia el pasaje; los que arrancan antes de que el pasajero baje todo su equipaje, los que se sienten galanes y se comportan de manera soez, altanera, y hasta grosera con las mujeres, particularmente las jóvenes que solicitan sus servicios de transporte.

Son los que han quedado registrados en videos, fotografías, denuncias y querellas, como participes en asaltos, robos, secuestros exprés y una gran cantidad de delitos, que en su mayoría han quedado impunes.

Los que pueden conseguir al pasajero desde una dosis de droga hasta los servicios sexuales de una damisela.

Los que han agredidos física y materialmente a otros conductores, en muchas ocasiones confundiendo a particulares como operadores de las plataformas digitales, sin tener autoridad alguna para hacerlo; los que han destruido e incendiado vehículos, ante la mirada complaciente de los inspectores de la SCT, elementos de la policía estatal y municipal e incluso policías ministeriales, quienes no proceden a pesar de la flagrancia.

Aunado a lo anterior, las quejas que se dejan ver o leer, en las redes sociales en contra de los taxistas son el pan nuestro de todos los días: que realizan recorridos más largos para que el costo del viaje aumente; que los taxímetros están arreglados para que las corridas sean más caras; que no se bañan, anda malolientes y mal vestidos, e incluso alcoholizados; que tratan a los pasajeros con groserías y maldiciones; que no quieren atender el pasaje en las horas pico; que cobran mucho mas en “dejadas” a ciertas colonias; que no devuelven los objetos olvidados en los taxis o se quedan con el cambio en caso de pagarles con un billete de alta denominación; y un sin número de denuncias que se realizan en redes sociales, pues las sanciones que pudiese aplicar la SCT estatal, si acaso llega a suceder, después de 4 o 5 años.

Incluso en la “cacería de Ubers”, realizada desde hace algunos meses, por no decir años, se ha visto y documentado como quienes hacen las “detenciones” y “persecuciones” son los mismos taxistas, ante la complacencia de los inspectores de comunicaciones, lógicamente con la anuencia del titular de la dependencia, escoltados por patrullas de la Policía Metropolitana Estatal, quienes se quedan como simple espectadores ante las agresiones verbales, físicas y materiales en contra de los conductores y vehículos supuestamente cazados.

Se considera que los integrantes de la actual legislatura, los diputados locales, realizaron las reformas a la Ley de Transporte Publica del Estado de San Luis Potosí, sin realizar foros de consulta, ni atender las opiniones de los usuarios, solo por la presión de algunos líderes del taxismo tradicional, aunado a intereses personales de algunos legisladores actuales y otros del pasado que poseen una o varios concesiones de taxis.

El descontento social no se ha hecho esperar, tanto que desde el poder ejecutivo local, se ha detenido la publicación en el Periódico Oficial del Estado de estas reformas y se ha invitado a los legisladores a realizar las consultas, foros y audiencias necesarias al respecto.

Tenemos que dejar constancia y ser sinceros al señalar que no todos los trabajadores del volantes son de la misma calaña, los hay quienes se dedican a su trabajo de manera ordenada, honesta y hasta profesional, quienes consideran que “el sol sale para todos”, que la demanda supera a la oferta y que no hay porque llegara las provocaciones y agresiones; normalmente, estas personas son los propietarios de los taxis que conducen y son los titulares de las concesiones.

Si el gobierno del Estado, quiere recuperar algo de la credibilidad perdida, de la empatía que debe tener con la población, deberá solicitar a la legislatura local, que reconsidere la reforma; en todo caso, jugar a “piso parejo”; en pedir que los propios concesionarios tengan vehículos con costo superior a los 200 mil pesos; que los propios concesionarios sean los que conduzcan sus taxis, o en caso contrario, bajar sus pretensiones y exigencias, dado que las propias plataformas digitales de transportes tienen su métodos de recompensas y castigos.

Por otro lado, pedirles a los concesionarios se vuelvan competitivos en la realidad, con choferes debidamente vestidos, arreglados, con las identificaciones necesarias visibles; con la solvencia moral y legal requerida; un mejor trato para el usuario y eficientizar los procedimientos de sanción, verificación y creando estímulos a los prestadores de servicios mejor evaluados, por la misma población.

Tal vez sea mucho pedir a una burocracia adormilada y no muy honesta, a una dependencia que se ha distinguido, por años, por su poca transparencia; la cual se percibe por la sociedad, como un botín político, o el pago de favores para algunos personajes o grupos políticos partidistas.

Ojalá, por el bien de la ciudadanía, por la credibilidad y por la paz pública se tomen las decisiones correctas en favor de la población, porque a los diputados, ya de por si voraces y sin credibilidad, se les puede cobrar el favor en las urnas, y sino tiempo al tiempo.

Comentario 1.- “Éramos muchos y parió la abuela”, dice un viejo refrán al referirse que estamos mal y las cosas se ponen peor. Y es que la inseguridad en la zona huasteca esta tremenda. Los robos, en todas sus expresiones, los homicidios, las extorsiones, los levantones, los ajustes de cuentas y la violación a los Derechos Humanos, son una cosa cotidiana que afecta a la población. Particularmente, el municipio de Ciudad Valles, uno de los más afectados por la escalada de violencia, donde han ocurrido arteros asesinatos, violaciones y un sin número de ilícitos, y donde parece que las corporaciones de seguridad brillan por su ausencia. El caso es que, en un movimiento desesperado por el alcalde de este municipio huasteco, el independiente Adrián Esper Cárdenas, pidió apoyo al “Dandi” Secretario de Seguridad Publica, Jaime E. Pineda, para que le apoyara con un director de la Policía municipal de ese municipio, Desgraciadamente, la recomendación cayó en un personaje de negro historial, de dudosa probidad y honradez, de conocida participación en varios ilícitos y protección a delincuentes, pero reconocido por su preferencia al dinero fácil; cuyo nombre es Héctor Edgar Mar del Ángel. Quien desde hace años, cuando se desempeñaba como encargado de la base operativa de la DGSPE en el municipio de Cerritos, ya se le conocían sus andanzas con la delincuencia. Pero no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace su compadre y Secretario de Seguridad.

Comentario 2.- Una verdadera lástima que eventos de altura, calidad y actualidad como el XIX Congreso Nacional de Criminología, organizado por la Unidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” y la Sociedad Mexicana de Criminología, por medio de su Capitulo San Luis Potosí; el cual tuvo una magnifica asistencia y la participación de destacados conferencistas y ponentes a nivel nacional e internacional, se supeditará solo al ámbito académico. La asistencia de participantes de estados como Jalisco, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas y otros, habla de la preocupación e interés de estas entidades para conocer más y de fondo el problema criminal que les azota; la participación de personalidades de Honduras, Colombia, Chile y otros, deja la sensación de que en otras latitudes ven y enfrentan los problemas con valor, capacidad, inteligencia y conocimiento. Los grandes ausentes, diputados locales o sus asesores, quienes tienen la responsabilidad de legislar en todas las áreas del quehacer público, los mandos de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia, los mandos de las policías y lógicamente, los funcionarios públicos que detentan actualmente la responsabilidad de las distintas dependencias que inciden en el combate a la criminalidad, como el Sector Salud, Educación, Seguridad Pública y la Secretaria del Bienestar. ¿Y así queremos que la inseguridad se detenga? ¿Con funcionarios públicos municipales, estatales y federales, ignorantes de lo más elemental de la génesis criminal podremos acabar con este flagelo? Pero, la culpa es de la ciudadanía, por permitir estos servidores públicos.

  1. GABRIEL GAYOSSO BERMAN / La Cicuta / San Luis Potosí, S.L.P. / Octubre 11 de 2019.

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