Piden Especialistas Acelerar Creación de Comisión Nacional Anticorrupción

Por Armando Gallegos/ Villahermosa, Tabasco.
Especialistas en la materia coincidieron en la necesidad de agilizar la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que contenga amplios poderes para combatir la corrupción, acción por la que se pagan anualmente 32 mil millones de pesos y es considerada como el tercer problema más importante del país.
Al continuar los trabajos del Foro Internacional para Prevenir la Corrupción, este martes se presentó el panel magistral Prácticas y lecciones para la prevención de la corrupción en el ámbito nacional, en el que participaron los especialistas Vanessa Díaz Rodríguez, Carlos Reta Martínez y José Juan Sánchez González.
En el segundo y último día de actividades del encuentro nacional e internacional, el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Juan Sánchez González, explicó que según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, en el año 2010 se realizaron 200 millones de actos de corrupción a nivel nacional, con un costo promedio de 165 pesos por cada acción.
Detalló que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ubica a la corrupción como el tercer problema más importante en el país, sólo detrás de la inseguridad y delincuencia, y el desempleo, y delante de la pobreza, el mal desempeño del gobierno, y la mala atención en centros de salud y hospitales.
Sánchez González se pronunció por atacar a este flagelo con mejores prácticas, como salarios públicos adecuados; servicio profesional de carrera; un sistema pertinente de sanción; un marco regulatorio simplificado y efectivo; lealtad del servidor público a la Constitución; y la eliminación de monopolios públicos y privados, entre otros.
Dijo que además se debe fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con mayores atribuciones y recursos para fiscalizar adecuadamente al Poder Ejecutivo; pasar del control preventivo al control sancionatorio, ya que se detecta la corrupción pero no se sanciona; y la prevención de la corrupción no es tarea de un gobierno, pues se trata de una política de Estado, permanente y sin excepciones.
El consejero del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Carlos Reta Martínez, opinó que la corrupción y la desigualdad son de los problemas más graves del mundo. “La corrupción ha detenido el crecimiento económico de muchos países y obstaculiza el desarrollo de millones de personas, sobre todo de las que cuentan con menores recursos económicos”, aseguró el panelista.
Consideró que a nivel global, ese flagelo ha invadido muchos sectores de los gobiernos, así como a poderes judiciales y partidos políticos. En muchos países sus poblaciones señalan a esas tres áreas como las más corruptas, por lo que es ahí donde se debe trabajar con mayor prontitud y eficacia, añadió.
El también catedrático de la UNAM destacó que en los últimos 30 años, el Estado mexicano ha implementado distintos esfuerzos por atacar a la corrupción, pero por desgracia esta acción no se han reflejado con buenos resultados, ya que la población sigue percibiendo una mala actuación de los funcionarios públicos, principalmente.
En tanto Vanessa Díaz Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, presentó el programa Acceso a la Información 2.0, donde señaló que el derecho a ser informado incluye facultades de recibir información objetiva, oportuna, veraz, completa y con carácter universal.
Indicó que el Acceso a la Información 2.0 es una oportunidad de cambio en el sistema tradicional de gobernar; implica fomentar la máxima transparencia en la actividad de los gobiernos, así como la colaboración y la apertura de la participación ciudadana a todos los procesos de decisión y control, otorgándole esto a los países gobiernos más efectivos, transparentes y relevantes para nuestras sociedades.
Díaz Rodríguez indicó que en América Latina el programa no ha logrado insertarse por completo en la agenda de políticas públicas de países como Uruguay, Chile, Colombia, Brasil y Argentina, aunque ya presentan avances importantes.