SLP, Zona de Desastre

L Gabriel Gayosso Berman-bnPor L. Gabriel Gayosso Berman/ La Cicuta/ San Luis Potosí, S.L.P.
Después de dos semanas de la visita en tierras mexicanas de los fenómenos meteorológicos “Manuel” e “Ingrid”, quienes dejaran devastadas amplias zonas de nuestro país y de manera particular, la zona huasteca de nuestro sufrido San Luis Potosí, la situación de emergencia aún no ha sido superada.
Lógicamente que los estragos sufridos por los estados de Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz; Guerrero, en específico su emblemático Acapulco, son más notorios mediáticamente que los sufridos por los 21 municipios huastecos y uno, que es Catorce, en la zona Altiplano, ya declarados por la Secretaria de Gobernación Federal como desastres naturales.
Esta declaración de la dependencia federal, permitirá que el gobierno del Estado canalice recursos extraordinarios procedentes del Fondo para Desastres (FONDEN), para apoyar a los ayuntamientos siniestrados, y se ubican principalmente en infraestructura.
Recursos que deberán ser celosa y escrupulosamente vigilados en su aplicación para que no se utilicen en promociones personales o partidistas, con miras a la próxima contienda electoral del 2015, pues, desgraciadamente, estamos acostumbrados a sacar provecho de la desgracia de nuestros coetáneos, y para muestra tenemos a un gobernador priista y una supuesta periodista peruana.
En el caso particular de nuestra entidad, los medios de comunicación han sido parcos en señalar las consecuencias de los fenómenos hidrometereológicos ocurridos; pareciera que no ha pasado nada. Que solo con los 300 y pico de millones de pesos, que señala el ejecutivo local como daños generados por “Ingrid” son los que se tendrían que aplicar para mitigar la desgracia de los potosinos afectados.
Al parecer, se espera que sea la federación quien entregue estos recursos para atender la emergencia.- En tanto, según el médico gobernante, siguen personas en los albergues en los municipios huastecos y de la zona media, los cuales requieren de apoyos en víveres, enseres de limpieza, artículos de limpieza personal y demás insumos para poder sobrevivir, independientemente de las fuentes de empleo necesarias para continuar con su vida.
Lo interesante es que resulta ofensivo lo oneroso de la ceremonia del IV informe de gobierno del ejecutivo galeno.
La renta del Centro Cultural Bicentenario, recinto habilitado para el mensaje político sobre el informe presentado; la participación de funcionarios y servidores públicos engalanados en trajes nuevos o de buena marca; un puente aéreo entre el aeropuerto y el lugar mediante helicópteros para los visitantes distinguidos, que traducido en dinero, servirían para ayudar a los damnificados y la reconstrucción de las áreas devastadas.
La disposición de elementos de la policía estatal, municipal, federal y miembros del ejército mexicano, patrullas, helicóptero, motos, radios, personal de civil y demás miembros de la logística para dar una “seguridad” a los asistentes y evitar manifestaciones de inconformidad para no incomodar al informante y su sequito, representan otro gasto excesivo.
La participación de los medios de comunicación, la publicidad mediática oficial, es decir, pagada; y la tradicional comida de agradecimiento que se ofrece al término del evento, tienen un costo elevado y sin beneficio social.
Si todo esto lo tradujéramos a metálico, a pesos y centavos, tal vez se lograría en gran medida mitigar el dolor de los potosinos en desgracia; si cada asistente al informe gubernamental llevara en equivalente lo de su día de salario, que les fue pagado y no lo devengaron, iniciando por el mismo medico gobernante y su esposa; pasando por funcionarios de primer nivel, segundones, tercerones y paleros, legisladores locales y funcionarios federales; tal vez los recursos necesarios para la reconstrucción de las zonas afectadas seria mucho menor.
Si a cada alcalde potosino, ahora que rinden sus informes de gestión, se le pidiera y exigiera que fuese con austeridad, pero no revolucionaria pues hasta acarreados llevan con la consabida torta, jugo y aportación económica; se ahorraría una buena cantidad de dinero que es producto de nuestros impuestos y derechos y que tendrían mayor beneficio atendiendo las necesidades de su demarcación municipal.
Si se exigiera la aplicación estricta de la ley, sin los errores garrafales de la Procuraduría ni las pifias de los juzgadores, y se condenara a la reparación del daño a todos los servidores públicos que en anteriores administraciones gubernamentales despilfarraron y malversaron el recurso económico, no habría necesidad de aparecer como una autoridad mendigante y despilfarradora.
Si los apoyos llegan de manera rápida, oportuna y completa a la población afectada y no se quedan en el camino, ni se utilizan con fines político electorales de caciquillos políticos locales o de funcionarios suspirantes de permanencia gubernamental; la percepción social de una administración deficiente, pusilánime y groseramente ostentosa dejaría de permear en el tejido social.
La danza de las cifras halagüeñas, de los porcentajes benéficos en el combate a la pobreza, la inseguridad, el desempleo, a la inversión privada y pública, a la atención de la salud, la educación, la cultura de la prevención y demás rubros ampliamente conocidos del discurso político, no se las cree, ni el informante ni los oyentes, menos el pueblo de a pie, de camión urbano caro y deficiente, de automovilista sufriente de baches, inseguridad y extorsión policial, integrante de familia agredida; no por el criminal, sino por la autoridad; criminalizada una y otra vez por toda la burocracia de la procuración e impartición de justicia.
No se engañe señor gobernador, señores alcaldes, señores legisladores y regidores, ni los medios de comunicación pagados creen en sus cifras, pues para la población, existe un dicho que aplican con sabiduría popular: “Hechos son amores”.
Comentarios: Ojalá que la propuesta de eliminación de la tenencia vehicular por parte de los legisladores locales no sea una llamarada de petate con tufo electorero y no se permita la creación o elevación de más impuestos, pues de por sí, su credibilidad y capacidad legislativa esta por los suelos y no requieren ayuda.

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