Seguridad corrupta

“La seguridad pública en México es un servicio que debe brindar el Estado, en sus tres niveles de gobierno, para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes.”

Durante muchas décadas y sexenios, el punto neurálgico de las administraciones gubernamentales, llámense federal, estatal o municipal, ha sido conservar la seguridad pública.

Ha sido y seguirá siendo un reclamo social que día a día se incrementa y ha servido para el descrédito de instituciones tan loables como el Heroico Ejército Mexicano o la Marina Armada de México; que dicho sea de paso, hasta hace unos 3 o 4 sexenios, no era su competencia la preservación de la seguridad pública.

Entendamos que, entre muchos conceptos y definiciones, de manera simple podemos decir que la seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro, su integridad física, sus bienes y su patrimonio.

Desgraciadamente, en los últimos años, y antes de la llegada de la presente administración federal, los gobiernos, a partir del sexenio presidio por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se dedicaron a combatir al crimen organizado, de manera particular, al narcotráfico, más que como una necesidad, como una exigencia de los gobierno de los Estados Unidos de América.

Así se estableció el llamado “Plan Mérida, Iniciativa Mérida o Plan México, en el año 2008, siendo un tratado internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Entre las instituciones que estaban involucradas se encuentran, por parte de los Estados Unidos de América, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI, la agencia antidrogas DEA y por parte de México: el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Los resultados fueron por todos conocidos, tanto en la capacitación, equipamiento, colaboración y operatividad entre las naciones involucradas. Hoy, creemos que erróneamente, por una decisión unilateral y de conferencia mañanera, se desconoce y desaparece esta iniciativa.

Así mismo, se declara que se “acaba la guerra contra el narco”, por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, el Sr. Andrés Manuel López Obrador, con su frase lela: “abrazos, no balazos”

Se ha desaparecido el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, órgano de inteligencia gubernamental que tenía, entre otras atribuciones, procesar la información relevante y sensible para combatir el crimen organizado, el terrorismo y toda actividad ilícita que pusiera en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz social.

Así mismo ha desaparecido la Policía Federal Preventiva, para integrarse a una nueva corporación semimilitarizada, llamada “Guardia Nacional” bajo un concepto acuñado en el siglo XIX., con lo cual se militariza la seguridad pública.

Hace algunos años, los gobierno estatales y municipales, empezaron a “reciclar” a militares en retiro o dados de baja, algunos hasta desertores, bajo la premisa de que las policías preventivas, estatales y municipales, estaban permeadas por el crimen organizado, que eran un grupo de insurrectos, delincuentes y cobardes.

Salvo muy relativos casos, los resultados fueron de lo más desastrosos: incorporación de allegados, militares sin conocimiento de la técnica policial o la deontología correspondiente, sin criterio, ignorantes de la geopolítica local o regional; neófitos de la operatividad, iletrados en el manejo de las tecnologías, desconocedores de las regiones, zonas y municipios o de las colonias de la mancha urbana; pero eso sí, ávidos de dinero, poder y ostentación.

En el caso particular de San Luis Potosí, estado y ciudad capital, así como el vecino municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, se tuvo la alternancia en la dirección de los cuerpos policiales con agentes de la Policía Federal Preventiva, con iguales o peores consecuencias que sus antecesores, con la única salvedad, de que les gusta buena vida, la “socialité”, frecuentar los restaurantes de moda, las compañías femeninas, aparecer en los medios de comunicación, ostentar el uniforme de manera pulcra y elegante, no “ensuciarse los zapatos”, pero igual de voraces, corruptos e incompetentes que sus antecesores.

El caso es que, en el ámbito estatal, la violencia se ha recrudecido en toda la entidad, a grado tal que el Director General de Seguridad Publica, el policía federal Raúl Alanís Beltrán, presentó ante el Gobernador del Estado, su renuncia al cargo, brincado la autoridad del Secretario del ramo, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, y al propio encargado de la política interna de la entidad, el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

La carta de renuncia de Alanís Beltrán no puede ser más clara y refleja con exactitud la situación real que se vive en este ramo: acusa a su compañero y mando superior Pineda Arteaga de estrategias y operativos fallidos, de engaño al titular del Ejecutivo, es decir al Gobernador; de interferencia en la corporación y deja entrever una desorganización, corrupción y desaseo en la Secretaria de Seguridad.

Aunado a las muertes violentas y sin esclarecer de agentes policiales, las denuncias de abusos de autoridad por parte de los mandos, de contubernio con la delincuencia organizada y común que asola la entidad y lógicamente, no se necesita ser muy sabio ni tan inteligente para deducir que la desavenencia entre los antes amigos, compañeros y compinches Pineda Arteaga y Alanís Beltrán, con un Leal Tovías en medio, tiene un fuerte tufo a desacuerdo económico.

El detalle es que en sustitución se ha nombrado a otro incondicional de Pineda Arteaga, Carlos Arturo Landeros Hernández, quien fungió como Coordinador Estatal de la PFP en la entidad, y posteriormente enviado a Tehuacán, Puebla, de donde sale para incorporarse al gobierno estatal potosino. O sea, que si el Gobernador Carrera López no realiza el cambio de Pineda Arteaga, las cosas seguirán igual o peor.

En el gobierno municipal de la capital potosina, las cosas están peor. El titular de la Dirección General de Seguridad Publica, el ex militar Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, solo ha servido para evidenciar su ignorancia sobre la función policial de proximidad social. Con dos subalternos, en fuerzas municipales, un obscuro y gris Israel Vázquez García; y en Policía Vial, a un cuestionado, y anteriormente dado de baja por corrupción, Filemón Juárez Santana, solo se han incrementado las denuncias por corrupción, cohecho, abuso de autoridad, violación de Derechos Humanos y la petición de destitución de estos mandos.

Se resalta el abuso de autoridad cometido por la policía municipal en el desalojo violento de la abogada Teresa Carrizales Hernández, encargada de una oficialía del Registro Civil, con lujo de fuerza; y muy recientemente, el desalojo de unos comerciantes ambulantes de la plaza Del Carmen; ambos operativos ordenados por el ineficiente Secretario General del Ayuntamiento, el Junior perredista Sebastián Pérez García, y ejecutados personalmente por Jiménez Arcadia.

Es tanta la inconformidad generada por la actuación de estos dos funcionarios municipales, que los regidores panistas, partido que postulo al actual alcalde Xavier Nava Palacios; así como las dirigencias estatal y municipal del PAN, ha pedido la destitución de Pérez García y Jiménez Arcadia.

En tanto, los agentes viales se comportan más voraces que nunca, y los agentes de policía municipal, a quienes les han asesinado algunos compañeros, actúan con total impunidad, violencia y ataque a los Derechos Humanos de las personas detenidas o aseguradas, que están rompiendo récord en las denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Y para cerrar con broche de oro, en el conurbado municipio de Soledad de Graciano Sánchez, presidido por el alcalde títere de la “Gallardía”, el perredista – verde ecologista – morenista Gilberto Hernández Villafuerte; quien contrato al aguerrido Teniente Coronel y ex Director de la Policía Estatal, José Luis Urban Ocampo (a) “Pápago”, como la mejor opción para combatir el incremento de la criminalidad en esa demarcación, éste le ha renunciado a escasos tres meses de su nombramiento.

En tanto las ejecuciones, asaltos, robos, linchamientos, tiroteos y toda clase de incidencia criminal van en aumento de manera constante y permanente.

Se requiere, de manera urgente, un cambio de los principales mandos, la implementación de estrategias y operativos reales de prevención, combate y abatimiento de los delitos de toda índole; una verdadera coordinación y colaboración entre todas las instancias de seguridad que tienen presencia en la entidad, para diseñar y operar acciones contundentes contra la criminalidad y la presencia de grupos delincuenciales, así como la disminución de los ilícitos comunes.

Ojalá que esto se realice de ya, y no que se tengan que lamentar más muertes, ejecuciones y la implementación de la ley del más fuerte o la justicia por propia mano, sino es así, solo hay que darle tiempo al tiempo.

Comentario 1.- Tal parece que el alcalde capitalino Xavier Nava Palacios, es un munícipe “Chairo”, es decir, sigue la misma tónica de gobierno que el sr López Obrador a nivel federal. Ante una realidad de falta de servicios públicos y los pocos que funcionan lo hacen de manera deficiente, el Sr Nava Palacios vive en su burbuja de cristal, color rosa. Sólo hace falta caminar o andar de día por cualquier calle, avenida o parque público para ver la falta de limpieza, la proliferación de baches y fauna nociva; el descontrol y desorganización de la vialidad; la falta de alumbrado público, la ausencia de agentes policiales y todos aquellos servicios públicos que son obligación y compromiso de proporcionar por parte de la autoridad municipal. Xavi Nava, solo se la ha pasado culpando a las anteriores administraciones de las condiciones en las que se encuentra la ciudad y el municipio, pero no así de las reuniones en los restaurantes exclusivos y su afición a las bebidas destiladas más caras. Lo único cierto es que su futuro político día a día, se ve más gris y obscuro.

Comentario 2.- El reciente descubrimiento de una fosa clandestina en la comunidad de La Maroma, municipio de Moctezuma, en el altiplano potosino, vuelve a poner el dedo en la llaga sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado a cargo de Federico Arturo Garza Herrera, Notario Público No. 26 de esta capital. Primeramente evidencia la falta de un laboratorio de Genética Forense que debe tener la Dirección General de Servicios Periciales; la falta de capacitación y la actuación de los propios forenses, pues esta fosa clandestina atribuida a los grupos del crimen organizado, fue descubierta por integrantes de una Asociación Civil, y el levantamiento de los restos se hace de manera deficiente y rudimentaria, particularmente por la falta de recursos materiales, económicos y equipo especializado. Las investigaciones del caso, que debe desarrollar la Policía Ministerial o Investigadora, poco podrán aportar, pues lo que menos se desea es tener carpetas de investigación abiertas que queden archivadas por falta de actuaciones o elementos para poder determinar la culpabilidad de los presuntos responsables o conocer sus identidades. En caso que llegasen a identificarse los restos humanos encontrados, se duda mucho que se pueda determinar quiénes fueron los actores de tan abominables crímenes, y estos quedaran, como muchos otros, en la total impunidad.

GABRIEL GAYOSSO BERMAN / La Cicuta / Agosto 13 de 2019.

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