Consulta popular sí; simulación, no

DEMOCRACIA SÍ, DEMAGOGIA NO.

CONSULTA POPULAR SÍ, SIMULACIÓN NO.

Con gratitud para los 127 diputados federales que votaron en contra del dictamen relativo a la consulta popular y revocación de mandato.

El 14 de marzo del año en curso, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó un dictamen mediante el cual se pretenden modificar diversas disposiciones de nuestra Ley Suprema relativas a la consulta popular, así como para introducir la revocación de mandato. Por ahora me ocuparé únicamente del tema de la consulta popular. Las modificaciones constitucionales que se pretenden contravienen la forma de gobierno de una república democrática y representativa, pues no sólo socavan la autoridad de los representantes que el pueblo ha elegido sino que además pretenden que una ínfima participación ciudadana defina asuntos que afectan a toda la población y reducen la capacidad de la Suprema Corte de la Nación para vetar consultas anticonstitucionales.

Actualmente nuestra Constitución ya establece la consulta popular. En ella, se estipula que la convocatoria de la consulta debe partir del Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, o el 33 por ciento de las cámaras del Congreso de la Unión o del 2 por ciento de los ciudadanos que aparecen en el listado nominal de electores. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para evaluar la constitucionalidad de la materia de la consulta, por supuesto, antes de la convocatoria. Dispone además que el Instituto Nacional Electoral organice y efectué la consulta popular. Y por último, se excluyen de la consulta popular cuestiones como la restricción de los derechos humanos; la materia electoral; los ingresos y gastos del estado; la seguridad nacional; la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas, así como los principios consagrados en el artículo 40 de nuestra Carta Magna (que la forma de gobierno de nuestro país es una república representativa, democrática, federal y laica).

En el dictamen del 14 de marzo, aprobado por la Cámara de Diputados pero todavía no por la de senadores ni por los congresos de los estados, el porcentaje de ciudadanos empadronados que pueden presentar una petición formal para la realización de una consulta popular se reduce a la mitad, 1 por ciento. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el párrafo 2º de la fracción VIII del Artículo 35 Constitucional, si la participación el día de la consulta corresponde, al menos, al 45 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el resultado será vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales y para las autoridades competentes. El porcentaje de participación de referencia se pretende disminuirlo al 25 por ciento.

Dicho de otra manera: si 12.5 por ciento de la lista nominal más un voto aprueban la materia de la consulta, el resultado  sería obligatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales y para las autoridades competentes y, en consecuencia para más de cien millones de mexicanos. ¿Esa es la democracia participativa que el Presidente y su partido quieren imponer a los mexicanos?

La Cámara de Diputados aprobó adicionar un nuevo párrafo al actual párrafo 3º, valga la redundancia, en los siguientes términos: “Al resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá interpretar las disposiciones constitucionales en la materia conforme a lo que resulte más favorable al derecho ciudadano.” Da la impresión de que el actual Presidente y su partido pretenden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierta en figura decorativa que en automático apruebe toda materia de consulta con el argumento de “que resulte más favorable al derecho ciudadano”.

Por otra parte, el párrafo 5º de la Fracción VIII del texto vigente dispone que “La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal”. En su lugar el Presidente y su partido proponen que las consultas populares de realicen “en la fecha que se establezca en la convocatoria”.

En una república como la nuestra, los ciudadanos escogen a sus representantes por medio de elecciones populares que se realizan en periodos prestablecidos. Esta reforma no sólo abriría la puerta para el despilfarro de los recursos públicos en múltiples consultas a efectuarse durante el actual sexenio, sino que además abusaría de la consulta popular en un afán demagógico de dar legitimidad a las decisiones impulsadas por el Presidente y su partido y aprobadas por un minúsculo porcentaje de la población.

Lo anterior contraviene la forma de gobierno que adopta nuestra constitución de una república representativa tal cual está estipulada en su artículo 40. Aunque la reforma no modifica explícitamente esta particularidad de la consulta popular, el someter a la “aprobación popular” que, como ya hemos dicho, en realidad se reduce a menos del 13 por ciento del padrón, usurpa las decisiones que deben tomar los representantes que para ello fueron electos. En vez de una democracia representativa, caeríamos en una forma de gobierno autoritaria. Esperemos que el senado y los congresos de los estados no aprueben esta medida retrógrada y demagógica.

ALVARO ELÍAS LOREDO / Democracia sí; dictadura, no / San Luis Potosí, S.L.P. / junio 24 de 2019.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.




Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.