Con una fuerte discusión entre el fiscal general del estado Federico Garza y el diputado panista Rolando Hervert, transcurrió este día la comparecencia del fiscal ante los legisladores.
El diputado panista señaló frente al fiscal que no estaba dando los resultados que los potosinos requerían, puso en duda incluso su preparación profesional para encabezar la Fiscalía, a lo que Federico Garza respondió de forma airada que sus dichos se basan en información falsa y parcial.
El fiscal fue cuestionado también por los resultados en las investigaciones de los feminicidios, la falta de confianza de la sociedad hacia la dependencia y el lento avance de las investigaciones por actos de corrupción cometidos por funcionarios, entre ellos ex diputados.
Federico Garza detalló durante sus intervenciones, que en lo que va del año se tiene registro de 11 feminicidios, de ellos se han resuelto el 64% con cinco personas detenidas y cinco órdenes de aprehensión por cumplimentar.
Diputados como Eugenio Govea, reconocieron que la Fiscalía presenta avances pero también muchos rezagos, prometió por ello trabajar para asignar más recursos a la Fiscalía el próximo año.
Por su parte Marite Hernández de Morena, reiteró que a dos años se aplicarse la alerta de género no se sabía con certeza qué acciones estaba realizando la Fiscalía para atender el asunto.
De la misma forma, el diputado Ricardo Villarreal del PAN, cuestionó que existen casos emblemáticos de feminicidios, como el de la joven estudiante de la Universidad Politécnica, que no han sido resueltos.
En lo que corresponde a los recursos de la Fiscalía, Federico Garza detalló que 720 millones de pesos se van a salarios de los trabajadores, aunque destacó que existe un déficit de personal ya que las cargas de trabajo para los ministerios públicos han aumentado.
Detalló que actualmente tienen apenas 252 ministerios públicos y 62 peritos para todo el estado. Añadió que el número de policías ministeriales tampoco es el adecuado aunque se reservó por motivos de seguridad el número exacto de elementos activos.
En relación a los casos de feminicidios, los legisladoras Marite Hernández Correa, Beatriz Benavente, Alejandra Valdés, Ricardo Villarreal y Rubén Guajardo señalaron la necesidad de implementar acciones vinculadas con la atención inmediata para evitar la violencia feminicida y atender de manera puntual la procuración de justicia.
El funcionario indicó que en lo relacionado con la Alerta Amber, se atiende con los protocolos de feminicidio la muerte violenta de mujeres, y se han realizado acciones para la atención de la violencia de género contra las mujeres, por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales; además de las acciones interinstitucionales realizadas en coordinación con otras instancias como DIF Estatal en campañas disuasivas de discriminación y atención de violencia.
Garza Herrera dijo que al 21 de mayo de 2019, se tienen contabilizados un total de 11 feminicidios, de los cuales el 64 por ciento se ha determinado y el resto se encuentra en investigación; hay 5 detenidos que están vinculados, y 5 órdenes de aprensión en relación a este tema.
Sobre el caso específico de la joven universitaria de la Politécnica, indicó que siguen las investigaciones para dar con los responsables.
Los diputados José Antonio Zapata Meráz, Rubén Guajardo Barrera y Rolando Hervert Lara cuestionaron los tiempos de atención que se brinda en la Fiscalía, ya que según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías de 2018, realizado por la organización Impunidad Cero, que analiza 23 variables con las que se forman 8 indicadores de desempeño, establece que San Luis Potosí es la séptima a nivel nacional que tiene más tiempo de espera para los denunciantes, con un promedio de 176 minutos, lo cual inhibe que la ciudadanía acuda a la presentación de estas denuncias.
El Fiscal contestó que de acuerdo a los estándares con que cuenta su dependencia, y en los que participaron organizaciones como Projusticia, los ciudadanos no tardan más de 7 minutos en ser atendidos, y se está haciendo un esfuerzo para mejorar.
Al cuestionamiento del diputado José Antonio Zapata sobre las investigaciones por el gasto en una fiesta que reportó la Auditoría Superior del Estado a finales de 2016, explicó que se presentó al juez de control la carpeta de investigación, y el resultado hasta el momento es una persona vinculada a proceso por el delito de peculado, y el juez dio cinco meses para la investigación complementaria; “la situación de otros cinco probables involucrados, se debe estar definiendo pronto, ya que se fueron a la duplicidad del término constitucional”, explicó.
Dijo que se están allegando diversos datos de prueba para que los casos vayan bien integrados y se pueda lograr la judicialización de los mismos, y respecto a los otros casos como el hackeo de cuentas en la Auditoría Superior del Estado y la nómina secreta, indicó que algunos de ellos se encuentran ante la autoridad judicial y otros están en integración de las carpetas de investigación por parte del agente del Ministerio Público.
En el mismo tema, la diputada Marite Hernández solicitó que los asuntos que se atiendan de manera oportuna los delitos cometidos por servidores públicos, como fueron los casos sucedidos en la Auditoría Superior del Estado para que no se dé carpetazo, para atender las demandas contra la corrupción y la impunidad.
A pregunta del diputado Edgardo Hernández Contreras, el Fiscal Garza Herrera manifestó contar con estudios en derecho, especialidad en la UNAM, experiencia como abogado y con certificación en materia de Sistema Penal Acusatorio y medios alternos de resolución de conflictos, por lo cual manifiesta contar con capacidad y cubrir los requisitos para el desempeño del cargo que ostenta, además de conocer los mecanismos para la integración de carpetas de investigación e integración de averiguaciones previas.
El legislador Hernández Contreras señaló que no debe ser ofensa para el Fiscal los hechos que dieron motivo a la comparecencia, ya que existen graves deficiencias que tiene la Fiscalía, por el coto de poder y señalamientos de todo tipo atribuibles a los vice fiscales, y la opacidad del director de la Policía Ministerial José Guadalupe Castillo Celestino.
Señaló que la ejecución de un policía municipal hace unos días, por el tipo de armas, debió ser atraído por la Fiscalía General de la República, pero debido a las deficiencias de los vice fiscales no se realizó el procedimiento, por lo cual exigió la renuncia de los funcionarios y retó a un debate público al titular.
El Fiscal General argumentó que lo que necesita San Luis Potosí es el fortalecimiento de las instituciones, como es el caso de la Fiscalía que tiene 3 años y 7 meses, por lo cual se deben consolidar los mecanismos de procuración de justicia.
La diputada Martha Barajas señaló que un punto importante que debe fortalecerse es la confianza ciudadana, la cual debe traducirse en mayor presentación de denuncias y mejorar la eficiencia administrativa; el Fiscal argumentó que con la armonización legislativa que se realizó en la pasada Legislatura, se realizó un reordenamiento en la propia institución que incluyó el acondicionamiento de instalaciones, además de la socialización y capacitación de los policías ministeriales en el Sistema de Justicia Penal, además de jóvenes en las universidades.
Agregó que con la instalación del Sistema Penal de Justicia en todo el estado, se conformaron 16 delegaciones; anteriormente se contaba con subprocuradores que manejaban hasta 17 municipios, sobre todo en zona huasteca. Actualmente, se establecen acciones para atención inmediata y precisa a la población.
El diputado Eugenio Govea destacó los motivos que dieron origen a la comparecencia del funcionario, en virtud del incremento en los casos de homicidios registrados en el estado, y sobre los niveles de procuración de justicia a nivel nacional, ya que de cada 100 delitos denunciados solamente 2 son castigados.
En cuanto al nivel de eficiencia, el Fiscal respondió que para este 2019 se cuenta con un presupuesto de 1,049 millones de pesos, de los cuales 960 millones se destinan a salarios, 50 millones de pesos se destinaron para la transición y plazas, 89 millones de pesos a servicios generales, materiales y suministros, materiales; 15 millones para transición en servicios, y 400 mil pesos para Alerta Amber.
En cuanto a personal se cuenta con 425 ministerios públicos, 28 por ciento sindicalizados, 11 por ciento honorarios, y 1.0 por ciento asimilables a salarios, lo cual se lleva un monto de 720 millones de presupuesto general.
De la fuerza de la Fiscalía, indicó que el personal no ha sufrido cambios en el ingreso en los 3 años de la administración, se mantienen los números de ministerios públicos, aunque las cargas de trabajo han aumentado.
En cuanto al número de elementos ministeriales, el funcionario descartó dar el número completo por cuestiones de seguridad, pero al recibir la Fiscalía se tenía una disminución de la cuarta parte los policías que se tenían hace tres sexenios.
Al respecto, el diputado Govea Arcos indicó que el Congreso del Estado estará atendiendo las peticiones de la Fiscalía para atender las cuestiones presupuestales que sean necesarias, en virtud del incremento de los índices delictivos.
La diputada Alejandra Valdés solicitó se establezcan acciones conjuntas con autoridades estatales y municipales para contar con un mayor número de cámaras de videovigilancia en las calles, que permitan brindar información sobre hechos delictivos.
El diputado Mario Lárraga solicitó atención a los casos de homicidios denunciados en la zona huasteca, en específico el de Enrique Santiago Salvador, ya que se asegura se han acercado algunas pruebas pero no se han tomado en cuenta; el Fiscal manifestó que se llevan a cabo las investigaciones de acuerdo a los protocolos establecidos por el propio Sistema de Justicia Penal.
El diputado Edson Quintanar señalo la necesidad de reconstruir la confianza en la institución por parte de los ciudadanos, y recordó los homicidios del muralista Héctor Dominguez y su familia; el Fiscal dijo que el caso está en proceso, y con base en los análisis periciales que se hicieron se logró la responsabilidad del autor material y probable responsable de la comisión del delito, por lo que se definió la detención del mismo, y otra persona más que está a disposición del juez.
La diputada Paola Arreola llamó a la coordinación de esfuerzos entre todas las instancias de gobierno, en cuanto inicie operaciones la Guardia Nacional en el estado, a fin de lograr el levantamiento del tejido social, el fortalecimiento de políticas públicas en seguridad y procuración de justicia.
El diputado Rolando Hervert llamó a la atención de las denuncias por hechos con apariencia de delitos presentadas por el municipio de San Luis Potosí, así como la investigación a los hechos relacionados con los videos en los que se observa una mala conducta por parte de elementos de la policía municipal.
Respondió al diputado Rubén Guajardo, el funcionario indicó que en lo relacionado a secuestros, con el sistema de justicia penal, del año 2017 a 2019, la Fiscalía ha obtenido 16 sentencias condenatorias, destacando una por 80 años en 2018, 4 por 80 años en 2019, 9 por 50 años y 1 por 50 años, principalmente a través de Juicios Orales.
El diputado Rubén Guajardo señaló que no se han atendido los casos de denuncias por delitos electorales presentadas desde el 2016.
El diputado Oscar Vera llamó al funcionario a poner especial atención en los casos donde se realice un acuerdo reparatorio, ya que se tiene conocimiento de que algunos ministerios públicos solicitan gratificaciones a las víctimas.
A pregunta del diputado Cándido Ochoa, indicó que se cuenta con un programa para el fortalecimiento de laboratorio para la realización de pruebas, además de la realización de un procedimiento especial para la inhumación de los cuerpos que no son reclamados en un panteón forense, que pueda estar ubicado ya sea en San Luis Potosí o Soledad.
Indicó que a la fecha se cuenta con 40 cuerpos sin reclamar en servicios periciales, cuyas edades oscilan entre los 28 y 50 años, todos varones.
En cuanto a desaparecidos, en 2019 se han reportado 315 personas, 170 mujeres y 145 hombres; han sido localizadas con vida 233 personas, y quedan pendientes 41 hombres y 41 mujeres.
Como causas de desaparición se encuentran la ausencia voluntaria, maltrato familiar, adicciones y problemas de orden familiar.
Finalmente, respondió al cuestionamiento del legislador Ochoa Rojas en el sentido de que con el nuevo Sistema de Justicia Penal, no se realizan traslados de reos, ya que todas los juicios orales se llevan a cabo en los centros penitenciarios y se cuentan con túneles específicos para conducir al reo a las salas.
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