Un secuestro

“Un secuestro, también conocido como delito contra la libertad, es un delito que consiste en privar de la libertad de forma ilícita a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, con el objetivo de obtener un rescate o el cumplimiento de otras exigencias en perjuicio del o los secuestrados o de terceros…”.

No soy afecto en dar a conocer este tipo de situaciones, primero, por respeto a las investigaciones de las autoridades correspondientes; segundo, por respeto a las personas involucradas, víctimas de este delito, a sus familias y, tercero; para que mañana o pasado, los supuestos delincuentes aleguen violaciones al debido proceso.

Pero, en esta ocasión, la víctima y sus familias se encuentran fuera del país, las autoridades locales, estatales y federales, no tienen denuncia alguna y, aunque es un delito que se persigue de oficio, no tenemos nombres, lugares exactos ni existe investigación ministerial alguna al respecto, y tercero, no es el único caso y siguen cometiéndose los delitos en la integridad de otras personas y familias.

Aclarado lo anterior, esta es la narrativa que, vía telefónica, nos platicó un joven, de 18 años de edad, oriundo de una ranchería de un municipio de la zona media del Estado de San Luis Potosí.

Huérfano de padre y madre. Su padre, quien trabajo varios años en los Estados Unidos, en el ámbito de la construcción, un día de hace algunos 7 años, fue levantado por un grupo de personas armadas y jamás se volvió a saber de él; su madre, después de varios años de soportar un tumor canceroso en el cerebro, murió a consecuencia de la hidrocefalia; dejando en la orfandad a nuestro amigo, a quien en lo sucesivo llamaremos “G” y a su hermano, 3 años menor que él.

El caso es que sus abuelos maternos viven, desde casi dos décadas en uno de los estados de la zona centro de los Estado Unidos; si bien, son residentes, aun no cuentan con la nacionalidad americana.

Por ello, “G” decidió cruzar, ilegalmente, mediante la ayuda de un “pollero” a la Unión Americana, con la intención de llegar con sus abuelos y tener alguna oportunidad de vida, tanto para estudiar como para trabajar, y posteriormente, enviarle dinero a su hermano menor para que también pudiese emigrar, ilegalmente, a los Estados Unidos.

Consiguiendo dinero y con el apoyo de sus abuelos maternos y sus tíos por ambas líneas familiares, logra contratar los servicios de un “pollero” quien lo traslada, desde un municipio de la zona media, hasta la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí, permaneció por espacio de 3 días, en una casa de seguridad, alimentado con sopas instantáneas, sin salir, ni asomarse a la calle, por lo que desconocía la ubicación del lugar.

Posteriormente, fueron subidos a una camioneta, tipo van, y pasaron al lado americano, por el mismo puente internacional. En dicho vehículo viajan aproximadamente 15 personas, entre las cuales “G” ya había hecho amistad con otros dos jóvenes, que al igual que él, pretendían reunirse con su familia en el país vecino del Norte. El pollero lo llevaría hasta San Antonio, Texas y ahí los dejaría, para que tomaran autobuses que los llevara a sus destinos. El costo del viaje fue de aproximadamente 4,000 (cuatro mil) dólares, pagados previamente.

Es el caso, que circulando por la carretera, posterior al “Check point” de la milla 26, fueron detenido por elementos de la “Border Patrol” (patrulla fronteriza), detenidos y encarcelados.

A nuestro amigo “G” y dos de sus compañeros de viaje, se les prometió que si declaraban en contra del pollero, serian deportados a la frontera más cercana de sus lugares de origen, o en su caso, los deportarían por la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua. Lógicamente, previo el cumplimiento de la condena que les impusiera un juez y sin dinero y sin apoyo de nada.

Después de tres meses de internamiento y sin que denunciaran al pollero, que previamente los había aleccionado para que no declararan nada la respecto, ni en su contra, bajo la amenaza de perder la vida tan pronto cruzaran al lado mexicano, fueron deportados y expulsados de los Estados Unidos, por la frontera de Laredo, Texas.

Una vez en el lado mexicano, acudieron a la central camionera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde realizaron llamadas telefónicas, por cobrar, con sus familiares en México y a sus abuelos maternos, solicitándoles ayuda para trasladarse, en primera instancia a la capital de San Luis Potosí, y posteriormente al municipio de origen, en tanto resolvían su situación personal.

El caso es que estando en dicha central camionera, fueron interceptados, “G” y dos de sus compañeros de viaje” por un grupo de hombres, quienes se identificaron como policías ministeriales, y fueron subidos a unas camionetas pick up, donde les vendaron los ojos y los sacaron fuera de la zona urbana y llevados una vivienda en la zona rural.

De ahí, por medio de teléfono celulares, les pidieron se comunicaran nuevamente con su familia, en ambos países, y les solicitaran un rescate de 7,000 (siete mil) dólares, que serían pagados de la siguiente manera: 3,500 (tres mil quinientos) dólares, para mantenerlo con vida, y el resto, previa a la entrega de “G” en la ciudad de San Antonio, Texas.
Se les dio un plazo de 48 horas para que realizaran el depósito, mediante una “Money Orden” en Banco Azteca.
Después de 3 días, sus familiares depositaron la cantidad de dólares exigida, por lo que pidieron que fijaran la hora, lugar y día de la entrega de “G”.

Nuestro amigo nos comenta que después de estar en la casa de seguridad de un rancho, fueron trasladados a una casa en una colonia popular, donde se percató que no había calles pavimentadas. Que una vez que sus familiares le comunicaron que habían depositado el dinero, fueron trasladados a una casa en la zona rural del país vecino del norte, después del “Check Point”, pues recuerda haber pasado nuevamente por este lugar.

Tras 8 días de estar encerrado en la casa de la zona rural, fue trasladado por la noche, hasta un lugar, que después supo era en una población aledaña a Houston, Texas, donde por fin, una mañana fue dejado en la esquina del estacionamiento de un supermercado, donde le esperaba una tía materna, quien le comentó que minutos antes, le habían entregado 3,500 (tres mil quinientos) dólares a una persona de sexo masculino, quien se identificó como del Cartel de los Zetas y le mostro una foto de “G”.

Dada su condición migratoria, y la manera en que fue internado en los Estados Unidos, sus familiares optaron por enviarlo a un estado del norte de la Unión Americana, con un familiar lejano, donde se ha dedicado a trabajar y empezar a pagar la deuda familiar por su liberación.

Hasta aquí la historia de nuestro joven personaje, quien nos confirmó, que quienes lo habían secuestrado siempre se identificaron como miembros del Cartel de los Zetas del Estado de Tamaulipas, quienes constantemente los amenazaban de muerte, pero no fueron agredidos físicamente.

Cabe señalar que lo ocurrido con “G” es un delito de talla internacional, de competencia de la Fiscalía General de la Republica, de la hoy llamada “Guardia Nacional” y de las instituciones de seguridad e inteligencia de nuestro país.

Así mismo, entre otras dependencias gubernamentales de los Estados Unidos de Norteamérica, es competencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en sus siglas en ingles).

Desgraciadamente, para la operación de estas acciones delictivas, deducimos que están coludidas autoridades corruptas de seguridad pública, de migración, de gobernación y no sabemos cuántas más, de ambos países.
Dado el número de personas que nuestro informante nos comentó, el negocio es altamente redituable y siempre existe la posibilidad de la perdida de la vida y de la integridad física.

Esta historia la hacemos pública, por las razones expuestas en un principio, pero dado los últimos acontecimientos suscitados en el estado de Tamaulipas, imaginémonos cuantas y cuantas personas han pasado por estos trances, los cuales han quedado impunes.

Esta es una manera, de las muchas que utilizan las bandas delictivas, el crimen organizado y algunas autoridades de seguridad para cometer ilícitos y adquirir grandes cantidades de dinero de manera ilegal.

Creemos que las nuevas instituciones de seguridad pública de la actual administración federal, en sus 5 años de existencia autorizados no lograran, ni remotamente, controlar o abatir este fenómeno criminal.
¿No lo cree usted?… Tiempo al tiempo.

Comentario 1.- El informe que presentó el titular del poder ejecutivo federal, el Señor Andrés Manuel López Obrador, con motivo de sus 100 días de gestión gubernamental o 100 días de gobierno, solo fue una compilación de los monólogos realizados en ese tiempo en sus llamadas “conferencias matutinas”. Nada nuevo, cifras halagüeñas que no contrastan con la realidad cotidiana. Un combate al Huachicoleo tolerado y promovido por la “Mafia en el Poder” sin que hasta el momento, funcionarios o ex funcionarios de la paraestatal Pemex, se encuentren recluidos o sentenciados.

La creación de una Guardia Nacional, con el más alto índice de homicidios dolosos en los últimos tres sexenios, en el mismo periodo. Y más y más promesas, verdades a medias y medias mentiras. Si así van hacer los próximos cinco años y 12 meses, creo que vamos pidiendo que el poder legislativo, federal y estatal, modifique la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (no la Constitución Moral Pejista – Morenista) para que se cree la figura de “Revocación de Mandato”.

Comentario 2.- Nos sorprendemos por la muerte violenta de 15 personas en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Nos horrorizamos por el secuestro y desaparición de, primeramente 19 pasajeros de un autobús en Tamaulipas. Hoy, en boca del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, conocemos de la desaparición de otras 25 personas, con lo que se hace un total de 44 personas desaparecidas en esta entidad vecina.

Pero, aquí, en San Luis Potosí, ya no nos sorprende que diariamente aparezcan uno o dos ejecutados desde hace más de un año. Que diariamente nos enteremos de linchamientos de ladrones de poca monta, mariposeros, ladrones de casas habitación, de celulares y otros objetos, que ante la incapacidad de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, la población se empieza hacer justicia por propia mano. Las declaraciones del responsable de la política interna del estado, el Secretario General de Gobierno, quien manifiesta que espera la llegada de la Guardia Nacional para que se combata la inseguridad imperante, no abonan a la psicosis de la población. Ya hubo un muerto por linchamiento, ¿esperamos cuantos más, Señor Gobernador?

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