San Juan de Guadalupe es Tierra de Nadie

Una Joya Inmobiliaria de 14 Mil Hectáreas al Sur de la Ciudad que Pretenden Arrebatarla a sus Dueños.

La Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito tiene una extensión de 14 mil 869 hectáreas, está ubicada al sur de la Ciudad de San Luis Potosí, y es, sin duda, la ampliación de la Zona Dorada de la Capital potosina. Este es el motivo del incremento en la violencia y de las pugnas entre comuneros a quienes han dividido para lograr, en un inicio, el desarrollo de dos mil hectáreas con el mismo modelo del vecino Ejido La Garita que fue creado por el empresario Carlos López Medina.

La Comunidad de San Juan de Guadalupe enfrenta en este 2019 uno de sus momentos más álgidos desde que incrementaron a 328 el padrón de comuneros en la década de los ochentas, desde entonces, es notoria la voracidad por adueñarse de ese monumental predio y venderlo, con o sin derechos.

Comuneros alertan al Gobierno del Estado sobre la violencia acrecentada a raíz del interés de grupos de desarrolladores inmobiliarios por las tierras. Este conflicto generó grupos al interior de la comunidad y uno de ellos advierte a los propietarios, que en su mayoría son de edad muy avanzada, sobre la experiencia que aún viven ejidatarios y otros dueños de La Garita, porque siguen esperando el pago de las promesas por la cesión de sus derechos sobre los terrenos.

Los inversionistas han aprovechando las necesidades de los comuneros para engañarlos con presuntos préstamos a cambio de sus tierras; sin embargo, la compleja legislación que rige sobre las comunidades en México, las confrontaciones, las demandas y contrademandas entre ellos mismos, la inseguridad en la tenencia de la tierra, la intervención de personas ajenas a la comunidad, las autoridades comunales de papel y el incremento injustificado del padrón de comuneros, impiden que cualquier proyecto avance.

La lucha por las tierras comunales ha llegado a las agresiones físicas y a la intimidación, con el propósito de crear una atmósfera de miedo para concretar la aportación de dos mil 68 hectáreas de tierras de uso común, a la empresa denominada Reserva San Luis S.A de C.V. que encabeza Carlos López Medina.

Comuneros lamentan que con engaños pretendan despojarlos de su patrimonio, además aseguran que nunca han firmado un documento y que solo usan las listas de asistencia de las asambleas para sacar «un provecho que nunca llega a la gente».

“Que cada quien haga lo que quiera con sus tierras”, propone Cayetano Jasso y lamenta como se ha descompuesto la convivencia en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y exige un pago justo por los terrenos que le corresponde y la libertad de tener en sus manos la decisión de qué hacer con sus tierras.

Le piden al gobernador Juan Manuel Carreras López que intervenga para evitar que el conflicto se salga de control, porque después de la agresión al abogado Carlos Covarrubias, quien demandó a quienes lo golpearon en la calle Zaragoza, según la querella, donde un pulmón resultó afectado, el clima sigue tenso en la comunidad.

Carlos Covarrubias aseguró que también hubo ministeriales en la golpiza que le propinaron. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado informó que la otra parte también demandó, porque presuntamente el asesor “agredió primero”.

Estas tácticas «pandilleriles» las atribuyen desde hace años a «Los Juanes Perreros», a quienes consideran «buenos para vender terrenos y para enriquecerse a costa de la Comunidad de San Juan de Guadalupe. Se aprovechan de la ignorancia de la gente. Tienen camionetones que les ha dado Carlos López Medina. Gracias a que uno fue muy tarugo, permitimos que duraran casi 27 años en el poder y conocieron al derecho y al revés el manejo de la Comunidad”, comentó Cayetano Jasso.

Baudelia Aguilar dijo, “Juan Fidel es el del colmillo más duro y mientras esté atrás de todo, no será fácil llegar a un arreglo. Es chilango y metió a todos sus hermanos y familiares en el padrón de comuneros, cuando se supone que solo era un título por familia y ahora tienen la mamá, el papá, los hijos, sus hermanos. Es el que más colmillo tiene sobre la comunidad”.

Gerardo Ramos pidió una auditoría a los “Juanes Perreros”, porque “Juan Perros” ha vendido más lotes que Juan García y nunca han reportado un peso a la comunidad. “Me acuerdo desde que era niño, que nunca ha trabajado. Juan Fidel es de la Ciudad de México y vive holgadamente de la Comunidad”, lamentó, porque además señaló que hay dueños de edad muy avanzada que se están muriendo sin disfrutar de su patrimonio y en la total miseria.

En su gira por San Luis Potosí como Presidente de la República, le entregaron un pliego petitorio a Andrés Manuel López Obrador. Le pidieron, primero.- Se instruya de inmediato una investigación sobre los actos realizados por los grupos de poder económico que encabeza Carlos López Medina, que implican corrupción, trafico de influencias, lavado de dinero e incluso delincuencia organizada.

Segundo.- Se pida al Secretario de Sedatu, Román Meyer, para que junto al Procurador Agrario Luís Rafael Hernández Palacios Falcón, conforme una comisión que investigue los actos de la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Sedatu en San Luís Potosí, respecto al tema del tráfico de influencias y tierras en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito.

Tercero.- Se solicite a la Procuraduría Agraria a efecto que se promueva la nulidad de todos los actos tendientes a la aportación de tierras a la inmobiliaria Reserva SA de CV y a los actos jurídicos que le dan sustentó y origen, como son contratos vinculados a las empresas Espacios del Horizonte SA de CV, Inmobiliaria Cañadas de Lobos y todos aquellos actos tendientes a cambiar de forma unilateral el uso de suelo de la superficie pretendida por el Ayuntamiento de San Luís Potosí.

Esta carta entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador la firman Baudelia Aguilar García, Juan García Granja, Aniceto Jasso Bravo, María Dolores Quintero López y Juan Estrada entre otros…

En noviembre de 2014, Carlos López Medina aseguró que ha trabajado con la comunidad desde el 2009 y que fue así como convino un proyecto inmobiliario con una superficie de mil 600 hectáreas de uso común.

Se pidió una entrevista con el ingeniero Carlos López Medina para solicitar detalles del proyecto que desarrollaría en la Comunidad de San Juan de Guadalupe, pero su oficina de comunicación consideró que no lo haría. Este es el documento en el que narra su participación a favor de la comunidad de San Juan de Guadalupe.

En suma, los comuneros han perdido alrededor de 5 mil 500 hectáreas entre repartos, ventas ilegales y promesas de los gobernadores en turno sobre obras de beneficio común, a cambio de terrenos. Esto es lo que opinan los comuneros sobre el conflicto:

Testimonios:

Narración histórica del conflicto:

Los bienes comunales están confirmados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto Presidencial el 24 de febrero de 1954.

En 1982, la Sociedad Inmobiliaria “Casa Blanca” ostentándose como propietaria del predio “Tumba Calzones” con una superficie de 22 hectáreas dentro del perímetro de la comunidad solicitó su exclusión, pero la autoridad agraria la consideró infundada.

La dirigencia comunal estaba encabezada por Anastasio Esquivel Jasso, Gregorio Bravo Luna y J. Luz Hernández Jasso, presidente, secretario y tesorero respectivamente.

La comunidad y la inmobiliaria firmaron el 21 de septiembre de 1982, un convenio de tres puntos avalados por Juan García Leyva, Juan Fidel Cruz Campos y Lorenzo Zavala López, Presidente, secretario y tesorero del Consejo de Vigilancia y Jorge González Verduzco por la “Inmobiliaria Casa Blanca, S.A.” como apoderado general.

Primero, para convocar a asamblea y formalizar la exclusión. Segundo, la inmobiliaria depositaría en el Cuerpo Consultivo Agrario un cheque certificado por 3 millones 500 mil pesos que sería entregado a la comunidad, contra la entrega del acta de asamblea que contenga el acuerdo. Y tercero, la Inmobiliaria “Casa Blanca” donaría 9 hectáreas a favor de la comunidad que serían escrituradas a la orden de comisariado. Este punto no se cumplió.

La solicitud de exclusión la formuló Carlos J. López Martín del Campo el 9 de octubre de 1962 y Jorge González Verduzco fungió como apoderado legal de “Casa Blanca”.

El 21 de septiembre de 1982 piden la exclusión de 23 hectáreas, aproximadamente que debía quedar finiquitado solamente entre 90 días a partir de la iniciativa (21 de diciembre de 1982).

Luego, celebran un convenio entre el Gobierno del Estado, el SNTE y el comisariado de bienes comunales durante el sexenio de Leopoldino Ortiz Santos. Era secretario general de gobierno, Juan Ramiro Robledo Ruiz, hoy magistrado. Por el SNTE, Raúl Solís Monreal, María del Refugio Sánchez García, Manuel Almendárez Faz y Joel Ramos Leyva, secretario general, secretaria de finanzas, secretario del trabajo y conflictos y secretario de organización, respectivamente de la Sección 52.

La dirigencia comunal estaba dirigida por Gregorio Bravo Luna, Abraham Bravo Aranda y Narciso Flores Quintero, presidente, secretario y tesorero respectivamente.

Otro punto fue la donación de 7 hectáreas al Gobierno del Estado acordaron una compensación de obras en beneficio colectivo por 340 millones de pesos.

La declinación del amparo 2077 / 87 que declara nulo el acuerdo de exclusión, emitido por el cuerpo consultivo agrario, sobre el predio “Graciano Sánchez”

De este acuerdo siguen pendientes la convocatoria para que la asamblea emita el acuerdo de donación, la compensación en obras por parte del gobierno y la convocatoria a una asamblea calificada para que emita el acuerdo.

El 22 de septiembre de 1998, el Gobierno del Estado adquiere los predios “Casa Blanca” y “La Ladrillera”, de la Inmobiliaria “Casa Blanca”, son 13 hectáreas y se compromete a entregar a la comunidad nueve hectáreas, para lograr la exclusión. A decir de los comuneros es ilegal, porque solo había 90 días para formalizar.

Jorge Mario González Verduzco formaliza la donación gratuita y condicionada al Instituto Estatal de la Vivienda, en la administración de Fernando Silva Nieto y participan David González Santos, José Luis Ugalde Montes, Carlos Félix Garrocho Rangel y Fernando Díaz de León Pedroza como Gobernador, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretario de Finanzas, Secretario de Programación y Presupuesto y de Planeación y Desarrollo y Oficial Mayor, respectivamente.

El valor de la donación es de un millón 684 mil 285 pesos, solo planteada para el pago de impuestos. Concluye el 26 de octubre de 1998 por la donación condicionada de 20 mil metros cuadrados.

El 14 de octubre del 2009, le solicitaron al entonces Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Durón Santillán sobre el estado que guardaban las denuncias penales presentadas desde noviembre del 2008 en contra de Juan García Leyva, José Luis García Granja, José Guadalupe Dávalos Jasso por el delito de despojo en agravio de María de los Angeles García Jasso. Por abuso de confianza, robo y falsificación de documentos en perjuicio de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, y por el delito de falsificación de más de 90 constancias comunales entregadas a sus familiares como a personas al núcleo agrario en perjuicio de la comunidad.

Y la denuncia penal en febrero del 2009 en contra de Juan García Leyva, Remedios García, José Merced Bravo García, Cenobia Bravo Hernández, Lucía Martina García Romero, Guillermo Díaz García, Pedro Martínez Cerda, Anselmo Menchaca Jasso, José Guadalupe Dávalos Jasso alias “El Pale” y Gabriel Jiménez por el delito de despojo cometido en perjuicio de la comunidad. Las demandas las firma el comisariado de bienes comunales Aniceto Jasso Bravo, Gilberto Angel Acosta Pitones y Alejandra Pérez López.

El 22 de marzo del 2009 se llevó a cabo la Asamblea de Formalidades Especiales convocada por Margarito Jasso Mechaca, Librado Pérez Almendárez y Enrique Bravo Menchaca, presidente, secretario y tesorero suplente del comisariado de bienes comunales, y del consejo de vigilancia Rafael Acosta Pitones, Porfirio Jasso Bravo y Víctor Rosales Juárez.

Participaron 207 comuneros de 334, significó el 61.97% y determinaron que había quórum legal.

En la sesión se leyó sobre los intentos de despojo de algunos sujetos, como es el caso de Nicolás Zapata Hernández, quien a toda costa intenta quedarse con 590 hectáreas en la “Cañada del Lobo” y que no ha sido posible defender porque quienes se desempeñaron como presidentes del comisariado de bienes comunales han retenido documentación legal e histórica de interés para la comunidad.

En el sexto punto los asambleístas reclamaron dos lotes por cada comunero, uno de 20×30 metros y otro de 10×20 metros, que en total suman 800 metros de superficie para cada comunero titular. Estos no los otorgaron porque es el sitio donde precisamente se construyeron la Universidad San Pablo, el edificio de la Canaco y demás.

Para resolver el conflicto, acordaron con 181 votos a favor, 9 en contra y 26 abstenciones, la lotificación de “La Campana”, de tal manera que cada comunero recibiría un lote de 600 metros cuadrados, “dejando a salvo las parcelas y las posesiones de superficies mayores”. En total serían 328 lotes.

El 15 de diciembre de 2009 se reunieron en palacio de gobierno los representantes de la comunidad, Aniceto Jasso Bravo, Alejandra Pérez López, Gregorio Bravo Luna, Margarito Jasso Menchaca y Juan Socorro Leyva Flores con la Subsecretaria de Gobernación del Gobierno del Estado, Yolanda Eugenia González Hernández, Alejandra Orantes Ferrétiz de la Promotora del Estado, Jorge Luis Rangel Aguirre del CEA, José Luis Martín del Campo de Conagua y Cuauhtémoc Ortega Ruiz del Ayuntamiento de la Capital.

Ahí se acordaron siete puntos: que la Procuraduría General de Justicia en el Estado respondería a las demandas presentadas. Que dieran respuesta respecto de las condiciones que guarda el pozo que fue perforado en terrenos de la comunidad con el que usufructa José Cabrero Cabrera. Que el Gobierno del Estado inicie con el procedimiento para la expropiación e indemnización de los predios que ocupa el Libramiento Rocha Cordero.

El Gobierno de Estado se compromete a cumplir con la escrituración de dos hectáreas a favor de la comunidad y la donación de dos hectáreas y media al núcleo agrario en el “Cerro de la Campana” a cambio de que la comunidad reconozca en asamblea la propiedad de la Promotora del Estado sobre los predios La Ladrillera y Casa Blanca y los dictámenes de exclusión.

El compromiso de la comunidad de desistirse de las demandas sobre los predios de Casa Blanca y La Ladrillera en el caso del predio La Tiendita que le permita rescatar las 24 hectáreas que detenta María del Socorro Abud, en el caso, la comunidad renunciaría a cualquier reclamo sobre la colonia Graciano Sánchez.

Que el Gobierno del Estado se comprometiera a intervenir ante el Sifide para obtener créditos refaccionarios, agrícolas e industriales.

Y el compromiso de la comunidad a incluir en el orden del día la convocatoria para la asamblea de formalidades especiales, el perfeccionamiento de la donación de las siete hectáreas y la declinación del amparo 2077/92.

El 7 de septiembre del 2011, los representantes de la comunidad le exigieron al Secretario General de Gobierno, Marco Antonio Aranda Martínez recordar los mismos acuerdos expuestos y la respuesta del gobernador Fernando Toranzo Fernández, en el sentido de que “las tierras que no puedan ser reintegradas, serán pagadas”.

Sin embargo, la construcción de la Universidad San Pablo en la superficie de traslape, señalado por el Registro Agrario Nacional, al certificar los bienes comunales, así como los señalamientos de la titular de la Promotora del Estado de que los reclamos de los comuneros son infundados le pidieron que exponga la convocatoria y el acta de asamblea de formalidades especiales que contenga el acuerdo de asambleístas dándole a la Promotora las siete hectáreas.

Que hagan legar la sentencia del Tribunal Agrario donde señale que el convenio de exclusión del predio “Casa Blanca” es cosa juzgada a cambio de declinar a todo lo que se reclama y de enviar una disculpa publica y además harán un reconocimiento público a los funcionarios que con leales y eficaces servicios evitaron que el patrimonio del estado fuera atracado por la comunidad.

Pliego petitorio al Presidente Andrés Manuel López Obrador:

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