El pasado jueves, en una zona habitacional fuera de la mancha urbana de la ciudad de San Luis Potosí, conocida como Ciudad Satélite, un hombre, supuesto violador de una menor de edad y autor de un robo, fue linchado por los habitantes de este lugar y perdió la vida a causa de las lesiones que le fueron infringidas.
Esto no es nuevo en esta entidad. Con anterioridad, supuestos ladrones, violadores, malhechores, detenidos en flagrancia por los ciudadanos, han sido golpeados, lesionados, desnudados, amarrados en un árbol o poste, exhibiéndoles como castigo y para que las autoridades de seguridad procedan en su contra.
Esta reacción social, conocida de la autoridad gubernamental, y de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, no es nueva. La implantación del Sistema Penal Acusatorio, donde se pondera la presunción de inocencia y se limita la prisión preventiva, es un factor detonante de estas conductas al resultar una falacia en cuanto al castigo del delincuente y su privación de la libertad.
Por comentarios propios, los policías uniformados han dejado de trabajar con ahínco, con certeza, con ánimo y con energía. Consideran una pérdida de tiempo detener a un delincuente conocido y reincidente, que a las pocas horas es liberado porque no amerita prisión preventiva, y quien nuevamente está en la calle robando, extorsionando, atracando y burlándose de ellos.
Por otro lado, los jefes lo tratan como si fueran esclavos, seres inferiores, con malas palabras, sin dignidad ni respeto, les exigen cuotas por patrulla, por turno, por descansos que merecen, por cambios de adscripción, por todo. No reciben uniformes, no traen armas en buen estado ni cartucho, y en caso de un enfrentamiento, los ponen a disposición de la fiscalía, les retienen el sueldo y les forman expediente administrativos con probabilidad de baja en el servicio, sin derecho a reincorporarse.
En días pasados se dio una promoción de ascensos en la policía estatal dependiente de la Secretaria de Seguridad Publica, donde fueron vendidos los ascensos a personal que no lo merecía, a personal que lleva años en la oficina, en labores administrativas, sin salir al operativo ni arriesgar su integridad física ni su vida, previa entrega compensatoria en efectivo o en “favores” personales. Según denuncian en redes sociales y se comenta en los pasillos del edificio de Insurgentes 100.
Todo ello aunado a un deficiente y obsoleto sistema de emergencia 911, del cual presumen en declaraciones lelas y mediáticas, el Secretario de Seguridad Publica y el vocero de esta dependencia, que nunca contestan, no atienden, siempre están ocupados y que se justifican con supuestas llamadas de broma, de las cuales, desde hace mucho tiempo no se ha detenido o consignado a ningún bromista, pese a que tienen la tecnología para ello.
Las nulas políticas criminológicas del Estado, la nula campaña de prevención del delito, la incapacidad manifiesta de los mandos y su voracidad económica ha llevado a la entidad a ocupar los primero lugares en actos violentos robos de automóviles y hasta la posibilidad de que aquí habiten y tengan su residencia algunos medianos capos de la droga, contra la mayoría de los estados.
Sabemos que existe un titular del poder ejecutivo tipo “Oxford”, por lo gris. Que no suda ni le importa que la inseguridad llegue a las puertas de su oficina o la zona dorada de la capital, donde vienen y hacen sus compras las familias más pudientes de la entidad. Por cierto, propiedad del multimillonario Carlos Slim.
Que pregona que es una ciudad segura donde ese puede pasear sin temor, claro, rodeado de sus guardaespaldas y escoltas. Cuando se viaja en vehículo blindado, son escoltas y con apoyo logístico, podríamos decir que estamos seguros. Pero esto solo unos cuantos funcionarios y sus familias, el resto de los casi dos millones de potosinos, seguimos sufriendo de extorsiones telefónicas, robo en las casas, en los negocios, en las plazas comerciales, en la calle, sin que nadie haga nada para brindar seguridad y protección.
Que tenemos un Fiscal General que no puede poner en orden ni a sus ministerios públicos, ni mucho menos a sus mandos policiales. Que mantiene un enorme rezago en las investigaciones del sistema tradicional y en las carpetas de investigación del nuevo sistema. Donde sus subprocuradores o subfiscales son acusados de hostigamiento laboral, de prepotencia y de ignorancia.
La eficiencia de los Tribunales federales y de los abogados defensores, han puesto en ridículo, una vez sí y otra también, a los fiscales del Estado. Creemos que no son capaces de detener ni un perro de milpa.
Dice el Gobierno del Estado que la culpa es de la policía municipal. El alcalde capitalino Xavier Nava Palacios, declara que tienen una real coordinación con todas las autoridades para combatir la incidencia criminal. Pero sus policías se quejan y publican en redes sociales, la enorme corrupción que impera al interior de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, encabezados por un exmilitar con un negro historia de ineptitud y complicidad; aderezado con un Director de Vialidad con antecedentes de corrupción y con un expediente en la Comisión de Honor y Justicia de la misma corporación.
El vecino municipio de Soledad de Graciano Sánchez, de administración perredista – gallardista, tuvo que echar mano del militar en retiro y eterno perseguidor del alcalde real de Soledad, el diputado federal sin partido, Ricardo Gallardo Cardona; el ex director de Seguridad Pública Estatal, José Luis Urban Ocampo.
Dicen los que conocen, que así será la desesperación que impera en este municipio que tienen que reciclar al enemigo de los Gallardos, para medio enderezar el barco y que el “pollito” Gallardo Cardona, pueda seguir en la lucha política por la candidatura a la gubernatura.
La cuestión es que, ni existe coordinación, ni funciona el sistema de emergencia, la corrupción al interior es espantosa, los agentes policiales están desanimados, se siente fracasados, o están coludidos con los mismos delincuentes y no hay gobernador, pero la ciudadanía sigue aguantando.
Estas expresiones de violencia y de tomarse la justicia por propia mano, se seguirán viendo y efectuando a pesar de los llamados de los funcionarios, políticos o dirigentes.
Desgraciadamente, parece que quienes están al frente de las instituciones y dependencias, creen que los nombraron o designaron porque son el “non plus ultra” del conocimiento de su área de adscripción, por ende no se preparan, no estudian, no se actualizan, no asisten a Seminarios, Congresos, Simposios. Creen saberlo todo y como buenos chambistas, al fin así siempre se ha hecho.
La pérdida de una vida humana producto de un linchamiento social, es una expresión del fracaso de la autoridad.
Es la manifestación más clara de que el sistema de justicia, de procuración y de seguridad pública es un fiasco, una nulidad, una ruina.
Un estado, que se dice cuna de los derechos sociales, recordando a Don Ponciano Arriaga, gobernado por un Doctor en Derecho; sede de una academia federal de policía, una academia estatal, y que en la zona metropolitana, existan otras dos academias municipales de policías; que tiene una agrupación policial denominada “Policía Estatal Metropolitana”, no puede darse el lujo de que los ciudadanos tomen la justicia por propia mano y menos que la delincuencia día a día, aumente la estadística de los delitos denunciados, mientras la cifra negra se hace inimaginable.
No sé dónde están las agrupaciones de la sociedad civil, que defienden causas de animales; aquellos y aquellas que lucha por la igualdad de género; por la no violencia; de los que piden igualdad de derechos para hombres y mujeres, para ancianos y niños, para los indígenas e indocumentados, los que piden respeto por la vida. No los veo, no los escucho, no percibo su indignación por la vida de un ser humano que fue muerto por el coraje de la población ante la incapacidad de la autoridad.
No veo que le exijan a la autoridad estatal y municipal, resultados inmediatos y acciones claras, concretas y objetivas, para evitar en lo futuro estas manifestaciones, ni tampoco escucho a las autoridades dando a conocer sus políticas criminológicas de prevención del delito y eficiencia en el servicio.
Solo declaraciones mediáticas buscando culpables, justificando su ineficiencia, su abulia, su incapacidad, su ignorancia y su desvergüenza.
No quiero ser agorero, pero esto será la nueva forma de hacer justicia en lo futuro.
¿No lo cree usted?… Tiempo al tiempo.
Comentario 1.- Felicidades al Capitulo San Luis Potosí, de la Sociedad Mexicana de Criminología, por haber conseguido que esta ciudad, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y la Facultad de Derecho con sus carreras de Criminología y Derecho, sean la sede y anfitrionas del Congreso Nacional de Criminología 2019. Hacía más de dos décadas que no se tenía un evento de esta magnitud en esta entidad. Sera una excelente oportunidad para que los interesados en las políticas publica criminológicas, en la criminología y la criminalística, en el Derecho penal y en las ciencias forenses, escuchen a grandes y renombrados especialistas con los avances y estudios más recientes en el tema. Con ello son ponemos a la altura de estados como Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y el Estado de México, que han estado a la vanguardia de esta ciencias de aplicación actualizada. Al comité organizador y a los integrantes de este capítulo que tendrán la responsabilidad de ser los magníficos anfitriones que solemos ser, les deseamos mucho éxito.
Comentario 2.- Excelente noticia que los directivos nacionales de la plataforma digital UBER estén en conversaciones con los legisladores locales y funcionarios del ramo, para que este servicio se preste dentro del marco legal y con todas las de la ley. La zona metropolitana lo merece, su población también, y los señores concesionarios de vehículos de pasajeros, los taxistas, también tendrán que entender que deben de ofrecer un mejor servicio, más profesional, honesto, justo, integral. El sol sale para todos, sabemos que a los trabajadores del volante se les ha calificado como una pandilla más, por cierto demasiado violenta; que solo han servido para que sus dirigentes y patrones se llenen las bolsas de dinero u obtengan posiciones políticas en áreas de ser clientes electorales de tal o cual partido político. Ojala que se llegue a un buen acuerdo y se modifique la ley. Creemos será en beneficio de todos.
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