Calienta el Conflicto en San Juan de Guadalupe la Resolución del Poder Judicial de la Federación

El conflicto en la comunidad de San Juan de Guadalupe se “calienta” con la resolución del Poder Judicial de la Federación al determinar que el caso sea turnado a las autoridades judiciales de San Luis Potosí, en los reclamos sobresalen el adeudo del “Chato” López sobre nueve hectáreas que presuntamente pagará el Gobierno del Estado y el reclamo por el rechazo permanente de incorporar las tierras comunales al plan estratégico de Desarrollo Municipal de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Mexquitic de Carmona.

El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán, se declaró en incompetencia por cuestión de territorio y lo turna ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse.

En la demanda, los comuneros aseguran que el desarrollo de la ciudad de San Luis Potosí se recarga al poniente de la ciudad y esto provocó que el precio del metro cuadrado en la comunidad alcance hasta los tres mil pesos por metro cuadrado y que los “empresarios desarrolladores de vivienda”, para las clases altas, abren un enfrentamiento entre el Derecho Mercantil y el Derecho Social, porque mientras que uno busca intereses económicos, el otro tiene un planteamiento muy diferente.

En el Poder Judicial de la Federación se abrió el expediente 152/2019 con los reclamos de Aniceto Jasso Bravo, Gilberto Angel Acosta, José Cayetano Jasso Rodríguez, José Luis García Granja, Juan García Leyva y Juan José García Granja en contra de  la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Gobierno de San Luis Potosí y la Subsecretaría de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Además de la omisión de restitución de tierras, a la Sedatu le reclaman la negativa u omisión de verificar y ejecutar la restitución de tierras, vía dotación de tierras en la cantidad de cuatro mil quinientas hectáreas.

A la Procuraduría Agraria la omisión de cumplimentar y ejercer sus atribuciones respecto de la comunidad y el convenio 169 de la OIT contenidos en el reglamento interior de la Procuraduría Agraria.

Al Gobierno del Estado, el incumplimiento del cuarto acuerdo celebrado el 15 de diciembre de 2009 con el comisariado de bienes comunales.

Contra el presidente municipal de SLP destaca la sistemática negativa de incorporar las tierras comunales al plan estratégico de Desarrollo Municipal de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Mexquitic de Carmona.

Pretenden la restitución de tierras, vía dotación, en la cantidad de 4 mil hectáreas, así como el cumplimiento y ejercicio de las autoridades responsables, de respetar el convenio 169, garantizar los derechos humanos y la incorporación de sus tierras comunales al Plan Estratégico.