Atentado o pantomima

“Mi deber es no atender a los que sólo representan el deseo de un corto número de personas, sino a la voluntad nacional”. Benito Juárez García. (1806 – 1872) Benemérito de las Américas.

En días pasados, por la noche, concretamente el día 4 de febrero, el diputado local del Partido del Trabajo, Pedro Cesar Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis”, sufrió un supuesto atentado con armas de fuego, cuando a bordo de un automóvil del Congreso del Estado de San Luis Potos se trasladaba por una comunidad de la Delegación de Pozos, del municipio de la capital del Estado.

El polémico legislador, conocido por su participación con chavos banda, desadaptados sociales o pandilleros, declara que asistió a una reunión con jóvenes en la comunidad de Santa Rita de la delegación antes mencionada y que fue atacado a balazos por dos individuos a bordo de una motocicleta, para lo cual había sido alertado por sus escoltas personales, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a cargo del Policía Federal Jaime Ernesto Pineda Arteaga.

“El Mijis” es un personaje que ha dado mucho de qué hablar. Independientemente de su estrato social, desde su campaña política, solicitó apoyo de seguridad personal, pues menciona haber sido amenazado de muerte; llegando incluso a solicitar públicamente que se le permitiera portar un rifle de asalto de uso exclusivo del Ejército y las fuerzas armadas.

Pese a salir triunfante en las urnas por el efecto AMLO (Andrés Manuel López Obrador) entonces candidato de la llamada Coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, y señalar que estaba de acuerdo con los principios, doctrina y propuestas del candidato presidencial, particularmente en la “austeridad republicana”. “El Mijis” no ha dejado de percibir íntegramente su salario, bonos, compensaciones y apoyos como legislador local. No es de asombrarse, pues ninguno de los diputados locales de la mencionada Coalición lo ha hecho.

Dicho personaje ha sido nota en los medios de comunicación locales y nacionales, amén de su triunfo en las urnas, como ya lo mencionamos; solicitó los servicios de un sacerdote católico para bendecir y “exorcizar” la oficina que ocupa en el edificio del Poder Legislativo local; es uno de los diputados con más inasistencias a las sesiones del Congreso; declaró haber sido invitado por la Universidad de Harvard a dictar una conferencia magistral, cuando solo participaría en un panel, al cual no pudo asistir, porque el consulado americano le negó la visa, en atención de sus antecedentes penales. Es decir, es todo un “representante popular”.

Según algunos medios de comunicación, el Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, señaló que entre las líneas de investigación del supuesto atentado sufrido por el diputado en cuestión, se encuentra el que, de conformidad con algunas periciales previas, los disparos fueron realizados cuando el vehículo se encontraba parado, no así en circulación como lo señaló el legislador supuestamente agredido, con lo cual se desmiente su versión de los hechos.

Pero lo realmente importante no está en este y los anteriores sucesos mencionados, sino en la calidad moral y mental de nuestros legisladores.

En la pasada legislatura local, se tuvo la llamada “ecuación corrupta” donde estaban involucrados legisladores del PRI, del PVEM, del PAN y del PRD, quienes chantajeaban a los alcaldes potosinos para “blanquear” sus cuentas públicas, por medio de la Auditoria Superior del Estado, ofreciendo la categoría del “mejor alcalde de México”, previa retribución económica de determinado porcentaje de lo dispuesto indebidamente.

También existió un legislador de extracción priísta, que ahora anda desaparecido y sus cuentas bancarias y de sus empresas aseguradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por presuntos delitos de blanqueo de dinero, tráfico de hidrocarburos y evasión fiscal.

El mismo que realizó su campaña proselitista para ser legislador federal bailando con un burro o asno (Equus africanus asinus)​​ y quien se hizo famosos por sus desplantes, groserías y retos a golpes con sus compañeros legisladores y los asistentes a las sesiones legislativas.

En esta misma legislatura, se tuvo la desgracia de contar con un diputado de extracción perredista, que normalmente se encontraba en estado de ebriedad y que su frase favorita era “la autoridad soy yo”, con lo cual pretendió amedrentara policías, ciudadanos, reporteros y quien, en múltiples ocasiones, retó a golpes a sus iguales y a ciudadanos.

Pero todos, sin excepción, percibieron sueldos, apoyos, ayudas y comisiones que fueron ofensivas para la población trabajadora. Algunos hasta falsificaron firmas para sustraer indebidamente apoyos económicos y de especie, de personas fallecidas y de otras quienes nunca se dieron por enterados que su nombre, documentación y firma habían sido utilizados para sustraer dinero público.

En anteriores legislaturas, se tuvo un diputado panista que en varias ocasiones fue detenido con armamento y municiones de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contó con la protección, como casi todos ellos y hasta la actualidad, de los funcionarios del poder ejecutivo.

Como coronario, el actual diputado del Partido Encuentro Social, Mario Lárraga Delgado, está acusado, pública y penalmente, de acoso sexual y laboral, por una dama que fue su compañera de trabajo y subordinada.

La cuestión es muy sencilla, cuando un candidato a legislador, local o federal, ha sido declarado electo y previo a sus toma de posesión, debería de presentar los llamados “exámenes de control de confianza”, que se les aplica a los Agentes del Ministerio Publico, hoy fiscales, a los peritos institucionales y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o policías; pues independientemente de que se convierten en servidores públicos, además, gozan de fuero, en el caso de San Luis Potosí, acotado, pero fuero al fin.

El examen de control de confianza se compone de cinco evaluaciones, contribuyen a verificar que el personal activo de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, el servicio exterior mexicano y algunas dependencias del Ejecutivo, actúe dentro del marco de conducta que dicta la normatividad institucional, así como el personal de nuevo ingreso se apegue a los principios institucionales de acuerdo al perfil de puesto.

Dichos exámenes de control de confianza consisten en un estudio socioeconómico, y una batería de pruebas psicométricas, físicas, toxicológicas, y poligráficas o de detección de mentiras.

Los exámenes deberán aplicarse previos a la toma de posesión y de manera anual, o cuando así lo determine una autoridad jurisdiccional. La calificación deberá correrá a cargo de una institución ciudadana, por ejemplo, la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos y ser públicos.

Si la Cuarta Transformación de la República encabezada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene como eje principal el combate a la corrupción y al a impunidad, así como la eficientización de los recursos públicos, la austeridad republicana, debería empezar por los propios órganos de gobierno, es decir, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y el Judicial.

Desgraciadamente, no todos son seguidores de AMLO, ni miembros de Morena, el PT o el PES, además, como dicen en mi rancho: “hágase la voluntad del Señor, en los bueyes de mi compadre”.

Si bien, existe la llamada “Ley 3 de 3”, que es una iniciativa ciudadana para que todos los funcionarios públicos de cierto nivel, presenten una declaración patrimonial, una declaración de intereses y una declaración fiscal, con la cual se pretende combatir los actos de corrupción, hasta el momento no existe un solo funcionario público sancionada por no cumplir o por declarar mentiras.

Pero esto, tarde que temprano se tendrá que aplicar. Nuestro pueblo, la ciudadanía y la población ya están cansados de tanto funcionario y servidor público corrupto, inmoral, incapacitado mental y éticamente, por lo que, esperemos que no tarde.

Tiempo al tiempo.

Comentario 1.- Sorprendió, a propios y extraños, la eficiencia mostrada por el Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el señor Jaime Ernesto Pineda Arteaga, para acudir a la base operativa de Ciudad Satélite, lugar donde acudió “El Mijis”, después del supuesto atentado. Normalmente, el señor Pineda no sale a patrullar o acude a los lugares de los hechos delictivos. Si bien, su sequito de escoltas fuertemente armados y la utilización de vehículo blindado le da una seguridad personal para resultar ileso de cualquier enfrentamiento o situación de gravedad. No es común que salga de sus oficinas de Volcán Tacana para acudir a los lugares donde se desarrollan los delitos. Bien lo señala el diputado local Verde ecologista Edgardo Hernández, tal parece que existen en San Luis Potosí ciudadanos de primera, segunda y de tercera. Mal habla de este funcionario público, muy cuestionado por su actuar sobre mantener la seguridad y paz social. Al final, ni detenidos, ni investigación, ni aporte alguno para detener, procesar o enjuiciar a los supuestos perpetradores. ¿O acaso todo es una teatro montado por “El Mijis” y Pineda Arteaga juega un papel protagónico en la pantomima?

Comentario 2.- ¿Alguien le podría decir al Presidente de San Luis Potosí, capital, que ya debe ponerse a trabajar? Luce la ciudad y sus alrededores cada día más sucia, sin iluminación, llena de baches, sin servicios públicos, sin seguridad. Ya es del dominio público, gracias a la redes sociales, de los actos de corrupción que se están efectuando en las filas de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, donde el ex militar Edgar Jiménez Arcadia, foráneo por cierto, solapa la corrupción que existe en la Dirección de Vialidad, a cargo del no menos corrupto Filemón Juárez Santana, quien ya había sido despedido de esta corporación, pero por su cercanía con Xavier Nava, alcalde capitalino, vuelve por sus fueros y con la uñas demasiado largas. Basta con circular por cualquier lado de la zona metropolitana para ver como la vialidad es un caos, los ciclistas, motociclistas y conductores hacen gala de prepotencia y abuso, sin que autoridad alguna controle la vialidad, y en caso de ser detenidos, con una “mordida” se soluciona todo. Ni los mismos agentes viales soportan ya la ambición desmedida de Jiménez Arcadia y Filemón Juárez.

GABRIEL L. GAYOSSO BERMAN / La Cicuta / San Luis Potosí, S.L.P. / Febrero 6 de 2019.