en LA BRECHA

Si hay algo tan cíclico y repetitivo en San Luis Potosí es el tema del aumento a la tarifa del transporte público y por ende el descontento generalizado de la sociedad. Aunado a eso siempre son los mismos discursos de las organizaciones civiles y estudiantiles, y las mismas promesas de permisionarios y autoridades.

Concretado el aumento que aplicará para este 2019 a partir de este martes, todos vuelven a quedar a deber: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por no obligar a los permisionarios a cumplir con la ley, los concesionarios por tratar de ahorrar miles de pesos para mejorar las unidades, aún y a costa de los usuarios, y también las organizaciones estudiantiles, quienes «tratarán de echar abajo la tarifa» y nunca concretan nada.

Y no es que se incite a tomar camiones o quemarlos como décadas atrás sucedía, sino que haya acciones legales que pudieran emprender o ejercicios de resistencia civil pacífica que mínimo obligaran a mejorar un servicio que sigue quedando mucho a deber.

Porque no sólo el usuario está a expensas de la pésima manera de conducir de los choferes, sino que ahora, en cualquier ruta y a cualquier hora del día, puede subir uno o dos sujetos y asaltar. El que pierde, como siempre, es el usuario, vaya novedad.

Resulta complicado creer que el ex secretario del Ayuntamiento de la capital, Marco Antonio Aranda, no supiera o siquiera imaginara, para hacerse a un lado a tiempo, de los malos manejos que se hacían con los programas sociales que emprendió la administración de Ricardo Gallardo Juárez con las purificadoras de agua y tortillerías.

Más allá de eso, su denuncia de presunta falsificación de su firma en los contratos para que operaran las purificadoras, demuestra que el «cochinero» heredado por la anterior administración gallardista está lejos de conocerse por completo. Y todo esto, sin un solo detenido al momento.

Es brutal la escena del niño de dos años encontrado al lado del cuerpo sin vida de su padre, ambos dentro de una camioneta en un camino de terracería en la zona del aeropuerto Ponciano Arriaga.

Son de esas historias de violencia que nos deben hacer replantear como sociedad los tiempos que estamos viviendo. Y en el caso de las autoridades, saber que urge una estrategia que de inmediato brinde resultados.

Abogados y organizaciones se preguntan qué es lo que hace mantener al gobernador a Yvett Salazar en la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. Luis Lozano vuelve a poner sobre la mesa el cuestionable trabajado de la titular de la Segam por no contemplar, cuando menos, una precontingencia ambiental cuando el pasado primero de enero tuvimos una pésima calidad del aire derivado de incendios y quema de cohetes.

Además de sembrar árboles dos o tres veces por año, no se le conoce otra acción importante a la Segam en los últimos tres años.

Además de la Secretaría de Finanzas, donde el cambio es obligado por la salida inminente de José Luis Ugalde, se habían anunciado cambios en otras dependencias, sin embargo en el radar no se detecta que la Segam sea una de ellas.

Se veía venir que el desabasto de gasolina en estados vecinos de San Luis Potosí como Jalisco, pero sobre todo Guanajuato, tuviera repercusiones para la entidad potosina. El secretario general Alejandro Leal, reconoce que se detectó que a municipios como Villa de Reyes a donde están acudiendo guanajuatenses a surtirse de combustible.

De no solucionarse pronto el conflicto, la situación podría extenderse hasta la zona metropolitana. El gobierno federal estima que en ocho días regularizará el abasto, una eternidad para quienes están enfrentando la falta de combustibles.

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