El que se pretende sea el negocio inmobiliario más grande en la historia de esta ciudad no logró concretarse el pasado 23 de diciembre, pero no está muerto. Sus promotores -el Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe y un grupo de importantes empresarios- harán un nuevo intento de sacarlo adelante el próximo domingo. Todo indica que no lograrán su propósito, pero no cejarán en el intento. Por lo demás, el asunto sigue oliendo mal.
En nuestra columna previa a las vacaciones (13/12/18), señalábamos el muy sospechoso dato de que un documento fundamental para la consolidación del proyecto -la opinión de la Procuraduría Agraria- solicitado el 8 de noviembre, hubiera sido tramitado en un tercio del plazo legal, en los últimos días del sexenio peñanietista, y se tuviera listo para darse a conocer a la asamblea de comuneros el domingo 23 de diciembre.
No había tal. En una actitud que, dicho coloquialmente, sólo puede interpretarse como comer ansias, los tres integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe incluyeron en el orden del día de la mencionada asamblea el punto en el que informarían a los asistentes de la opinión emitida por la Procuraduría Agraria, sin que tal documento existiera ni exista al día de hoy. En razón de ello, decidió suspenderse el evento.
La nueva asamblea convocada para dentro de tres días, incluye exactamente el mismo punto, pero todo apunta a un nuevo fiasco porque la PA sigue sin emitir su opinión.
Con todo, en tanto que se trata de un negocio cuyas perspectivas de utilidades son de varias decenas de miles de millones de pesos, resulta obvio que tanto los líderes de los comuneros como los empresarios que tienen pactado asociarse con ellos para desarrollar y comercializar una parte suculenta de sus tierras, están dispuestos a agotar hasta la más mínima posibilidad de sacar adelante el proyecto.
Como oportunamente comentamos aquí, esencialmente el prometedor negocio en ciernes consiste en que la comunidad de San Juan de Guadalupe aporte 2 mil 068 hectáreas (20 millones 680 mil metros cuadrados) a una sociedad mercantil denominada “Reserva San Luis, S.A. de C.V.), constituida por los empresarios potosinos Carlos El Chato López Medina, Manuel Muñiz Werge, Grupo Constructor 3m S.A. de C.V. (hermanos Mabhub), Manuel del Valle López, Vicente Rangel Mancilla, Marcelo de los Santos Fraga y Miguel Torres Corzo, junto con el promotor inmobiliario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.
En las condiciones actuales, este proyecto que lleva varios años cocinándose, no podrá avanzar un milímetro más si la asamblea de comuneros (328 según el censo histórico o 335 según un censo más reciente) no aprueba por mayoría calificada la aportación de las tierras que son parte de las llamadas de “uso común”, en los términos y condiciones que promueven sus dirigentes comunales, de quienes se sospecha fundadamente que han sido objeto de reiteradas “atenciones especiales” de los empresarios interesados.
Hay otro requerimiento clave que no parece estar satisfecho: el avalúo. Para efectos de una aportación de tierras comunales a una sociedad mercantil de carácter inmobiliario en la que participen socios ajenos a la comunidad, el porcentaje de participación accionaria de los comuneros estará determinado por el valor de sus tierras, el cual a su vez debe ser fijado por un avalúo hecho por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) o por alguna institución de crédito.
Lo más cercano a un avalúo válido para este asunto que se conoce es uno realizado hace más de seis años por peritos del banco BANSI, que se refiere a una superficie de 4 mil 619 hectáreas de San Juan de Guadalupe, dentro de las cuales estarían incluidas las 2 mil 068 involucradas en el proyecto de “Reserva San Luis, S.A. de C.V”. Obviamente, habría que realizar un nuevo avalúo con precios actuales y referido exclusivamente a los 20 millones 680 mil metros cuadrados en juego.
Si los empresarios proponen y los comuneros aceptan un precio estimado de los terrenos por debajo de su valor comercial real, éstos últimos habrán entrado en grave e irremontable desventaja en términos patrimoniales. No es lo mismo que la sociedad mercantil valga 100 pesos y los comuneros aporten 60 con sus terrenos, a que les digan –y ellos acepten- que su aportación es de 20 pesos porque eso valen las tierras.
Finalmente, si usted nota el extremo cuidado que el Gobierno del Estado ha tenido para no involucrarse, al menos públicamente, en todo este asunto, conocemos una posible explicación: los empresarios encabezados por El Chato López le han ofrecido al gobernador Juan Manuel Carreras que si el proyecto de “Reserva San Luis, S.A. de C.V.” prospera, ellos se hacen cargo del litigio que el Ejecutivo Estatal mantiene con los comuneros por la indemnización que estos demandan por las tierras de la Comunidad que se utilizaron para el bulevar Antonio Rocha Cordero. El reclamo es de 17 hectáreas valuadas en más de 350 millones de pesos.
También llama mucho la atención la ausencia en todo este tema del Superdelegado federal Gabino Morales. Sólo que ya hayan “platicado” con él los interesados.
NADA LES COSTABA
Como queda visto, finalmente se abandonó el esperpéntico propósito de llevar a cabo el cambio de dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional entre las Posadas, la Nochebuena y el Año Nuevo, sin ninguna razón que lo justificara.
Todo está listo para iniciar el proceso correspondiente el próximo lunes 14, cuyo propósito central es instalar al todavía Oficial Mayor de Gobierno Elías Pesina en la presidencia del Comité Directivo Estatal, en sustitución de Martín Juárez Cordova, quien el miércoles 23 estaría cumpliendo el tercero de los cuatro años para los que fue elegido.
Salvo cambios imprevistos, el lunes Martín presenta su renuncia ante el Comité Ejecutivo Nacional. La decisión es que la llegada de Pesina no sea por prelación (para lo cual lo tendrían que nombrar previamente Secretario de Organización) sino por elección en el seno del Consejo Político Estatal, lo cual le dará más prestancia al relevo.
En esa perspectiva, una vez aceptada el mismo lunes la renuncia de MJC, inmediatamente después se expedirá la convocatoria respectiva, que previsiblemente abrirá un plazo de 72 horas (martes a jueves) para el registro de los interesados. Si se registra un sólo candidato, se convocaría al Consejo Político Estatal para el fin de semana siguiente, ya únicamente para formalizar la designación de Elías, quien dispondría de dos o tres días para una gira relámpago por las regiones , a fin de sostener encuentros con los liderazgos político-partidistas de cada una, a fin de planchar su llegada.
En el caso de que se registren dos o más aspirantes, por disposición estatutaria tendría que transcurrir un plazo de 30 días, destinados a las campañas internas, entre el registro y la elección. Es decir, si hay un segundo registro y cumple con los requisitos, la elección en el seno del Consejo Político Estatal sería por allá del 17 de febrero.
Aunque todo parezca favorable para Pesina, quien lleva semanas haciendo los amarres necesarios, no puede descartarse la aparición de otro u otros interesados, quienes a sabiendas de que sus posibilidades de obtener la mayoría de votos de los consejeros son mínimas, intentarán obtener el registro para negociar algunas posiciones, en especial con la amenaza de impugnar los resultados que no les favorezcan y meter el relevo partidista en litigios que pueden consumir meses.
En cuanto a la secretaria general, María del Rosario Sánchez Pozos, lo más seguro es que también se vaya, vía renuncia definitiva, aunque de hecho hace casi un año que se fue, vía licencia por tiempo indefinido. En los hechos, Chayo no despacha como secretaria general del CDE desde que se convirtió en candidata a diputada local, pero oficialmente su ausencia es temporal. Si las fuentes no me fallan, ya tiene lista su renuncia definitiva para presentarla al mismo tiempo que Martín.
Así entonces, Elías deberá ir con una compañera de fórmula que no sola permita cumplir la equidad de género sino que realmente se ponga a trabajar y ayuda en la ardua tarea de recomposición y relanzamiento que tiene el priísmo potosino por delante. Suenan algunos nombres, pero entiendo que la decisión final será tomada este fin de semana.
Por otro lado, la salida de Pesina de la Oficialía Mayor será prácticamente simultánea con la de José Luis Ugalde de la Secretaría de Finanzas, y según los agoreros palaciegos esto desencadenará una amplia serie de cambios. Puede ser, pero ya no les creo nada.
COMPRIMIDOS
Los regidores 2015-2018 del Ayuntamiento de la Capital, Ana María Palacios Rodríguez, Isaac Ramos López, María Sanjuana Balderas Andrade, Juan Carlos Torres Cedillo, Ana Cristina Silva Velázquez, Gerardo Gutiérrez Turrubiartes, Blanca Angelina Díaz Palma y Mauricio Rosales Castillo, todos del PRD excepto el último que era del PT, así como los dos síndicos, también perredistas, María de la Luz Camarillo Morquecho y Miguel Ángel Contreras, podrían ir a parar a la cárcel, junto con el ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, obviamente, por haber votado a favor –violando medidas cautelares dictadas por un juez federal- de cambiar el uso de suelo a los terrenos propiedad de RGJ en el llamado “Paseo de la Presa”. Varios de ellos argumentan que los engañó el entonces secretario general Ernesto Barajas Ábrego, pero esas excusas no sirven ante la ley.
Pero no son los únicos integrantes de la anterior administración municipal que tienen motivos para la angustia. Conforme se van clarificando algunas de las sinvergüenzadas mayores cometidas en ese ejercicio, queda claro que varios funcionarios del área de Tesorería, con su ex titular y hoy diputado local (sin fuero) Jesús Emmanuel Ramos a la cabeza, ya sintieron ñáñaras. Tanto que algunos comenzaron a tramitar amparos en los juzgados de distrito.
Y a propósito de los chicharos rellenos, pocas ladronerías más descaradas, pestilentes y burdas de cuantas se cometieron en el Ayuntamiento gallardista que la descubierta con las obras de Fray Diego de la Magdalena. Se robaron más de 100 millones de pesos, y no cuando todavía creían en la reelección sino ya cuando se habían perdido las elecciones y les entró el frenesí de “joto el que deje algo”.
No tengo razones para dudar de la versión oficial de que el perro “Miguelito” murió víctima de su propia curiosidad. Pero durante los dos o tres días que creí que había sido sacrificado por algunos anormales hijos de mala madre, lo que me quitó el sueño fue pensar que si eran aprehendidos saldrían de inmediato a seguir su juicio en libertad por obra y gracia del nuevo sistema de justicia penal y, peor aún, que si a la hora de detenerlos la policía olvidaba leerles la tarjetita con sus derechos, los acomedidos de Derechos Humanos iba a llegar corriendo a exigir su libertad por fallas en el debido proceso. ¡Su madre!
Con mis mejores deseos para todos en este año que inicia, hasta el próximo jueves.
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MEDINA / Las Nueve Esquinas / San Luis Potosí, S.L.P. / Diciembre 10 de 2019.
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