Dentro de sus primeros eventos ya como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador continúa marcando la agenda, en esta ocasión al reunirse con el presidente y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes lo recibieron con un plan de austeridad administrativa para el próximo año, el cual no incluye ajustar a la baja los sueldos de sus miembros, con la salvedad de que así está establecido en la Constitución.
En las principales propuestas de AMLO en la campaña está la de disminuir el salario del presidente y de los demás funcionarios del gobierno, de tal forma que nadie ganará más que el propio presidente, quien ya anunció que no recibirá más de 108 mil pesos mensuales, 50% menos de lo que actualmente percibe el presidente Enrique Peña Nieto.
Cumplir con esta promesa va a ser más difícil de lo que parece. Por un lado, están los burócratas del gobierno federal cuyos sueldos sí pueden ser disminuidos por orden del ejecutivo, el poder legislativo tambien puede reformar las dietas de los legisladores y así lo han promovido a través de iniciativas de Morena, que por ser mayoría en ambas cámaras podrían disminuir los ingresos de diputados y senadores. Lo difícil será en el Poder Judicial y sus tribunales, organismos públicos como el INE y universidades en donde algunos rectores ganan más de 200 mil pesos mensuales, ya que son instituciones que gozan de autonomía y patrimonio propios.
Incluso la próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien perteneció a la SCJN, mencionó que la constitución establece que los sueldos de jueces y magistrados no podrán ser disminudos por la autonomía de la que goza el poder judicial.
Con todo este antecedente AMLO se reunió con el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, quien mostró un plan de ahorro para el próximo año de 5 mil millones de pesos; sin embargo, el plan no especifica si se modificarán salarios.
Andrés Manuel fue muy claro en su propuesta, una que vez que llegue al poder el 1 de diciembre, mencionó: “Yo voy a promover que ningún funcionario público gane más que el presidente, que se cumpla lo que establece el artículo 127 constitucional. Pero va a decidirlo, primero, el poder legislativo, y luego hay instancias para controversias. Yo me voy a ajustar al procedimiento legal y lo que resulte al final”, aseveró el presidente electo.
Retomando parte del discurso que emitió la semana pasada cuando le fue entregada su constancia de mayoría, mencionó que sería respetuoso de la separación de poderes y que no influirá en las decisiones que tomen los otros poderes del Estado mexicano. La división de poderes que establece nuestra carta magna, define claramente que el nuestro debe ser un federalismo colaborativo, en donde la autonomía de poderes, no debe considerarse como un obstáculo para el buen funcionamiento de la República. Sin duda, la llegada del nuevo presidente, tocará varios de los cuestionamientos que se han atribuido al poder judicial, sobre todo en la impartición de justicia, que sigue siendo una demanda de la sociedad mexicana, lo cual se manifiesta en la insatisfacción popular ante la falta de un verdadero estado de derecho.
Al elaborarse este año el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se verá qué organismos públicos se someterán a la nueva realidad política del país en materia de austeridad. El congreso será el promotor de esta demanda social y difícilmente los partidos y sus bancadas, renunciarán a la aplicación de políticas de austeridad en el poder público. Será interesante observar los debates que esto va a generar, aunque el tema del papel de los poderes del Estado mexicano, va mas allá de cuánto ganen cada uno de sus miembros. El mandato de cambio que se expresó el pasado primero de julio, también tiene que ver con qué políticas públicas se van a implementar para resolver los grandes problemas del país, independientemente de los salarios de los funcionarios. De no ser asi, la austeridad republicana, no servirá de nada.
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