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Las campañas electorales y su oportunidad de ser “micro-empresas fugaces”

 

Entramos hace apenas unas semanas a una época temida por buena parte de la sociedad mexicana, la cual únicamente remota su participación en las elecciones populares ejerciendo su derecho al voto; más sin embargo nunca se ataña o introduce por completo en el desarrollo de los comicios ya sean federales, estatales o en su nivel primario: el local.
Esto, tiene una justificación meramente válida y concisa, misma que se sustenta en el hecho de que en una temporada aproximada de 90 a 93 días, los medios informativos, sociales y recreativos se jactan y “forran” de publicidad política, los espacios públicos se convierten en centros de difusión y presentación de figuras públicas y la entrega masiva de dádivas en reuniones o eventos políticos incluyen en toda su existencia logotipos o infografías capaces de generar la preferencia del voto.

Como todo en una sociedad legislada y constituida por normas, para las campañas electorales o comicios también existe un régimen tanto fiscal, legal, económico, social y jurídico; puesto que para la realización de este tipo de actividades es necesaria primeramente la participación de personas físicas con pleno uso de sus derechos y debidamente inscritas ante un órgano de fiscalización, la compra-venta o renta de utilería, espacios y transporte necesarios para llevar a cabo la actividad política y por último es necesaria también la obtención de permutas, prórrogas, inscripciones y penalizaciones ente la autoridad en sus tres niveles existentes.

En términos económicos, las campañas políticas, se rigen por dos regulaciones bastante importantes, la primera es: la Interna, todos los partidos políticos, movimientos sociales u otro grupo con derecho a participar en comicios deben contar con una Comisión de Procesos Internos, esta comisión es el primer órgano regulador o filtro y se encarga de mantener al partido político al tanto de las normativas impuestas por el segundo órgano regulador. Éste segundo órgano es el externo, el general, aquel cuyas órdenes serán inapelables, dicho órgano es el Instituto Nacional Electoral INE, el INE dicta el monto total, límites inferiores y superiores dejando así en claro ¿cuánto le está permitido gastar a un partido político en el marco y desarrollo de su campaña?

El partido político debe demostrar periódicamente ante el INE, los gastos que lleva a cabo durante sus comicios por medio de comprobantes fiscales con información de su proveedor o prestador de servicios. Sin embargo, existen muchas lagunas en los reglamentos, es decir existen aún muchas formas de lucrar con la legitimidad de un partido político y lo irónico es que estas maneras de hace dinero nunca antes han sido reguladas por las normativas tanto internas del propio partido ni por aquellas que el INE impone.
Enfatizando un claro ejemplo de esto, puedo hacer referencia al proceso por el cuál cualquier persona física o moral, puede ser prestador de servicios o proveedor de insumos para la campaña política de cualquier candidato por cualquier partido u organización social. Para poder obtener este privilegio, la persona debe documentarse en regla ante el Nacional Electoral; con el fin de que el INE pueda destinar recurso de la campaña a este prestador de servicios. Sin embargo, el INE no presta atención acerca de quién o quiénes son aquellos que se están inscribiendo como proveedores o prestadores, y aquí es dónde radica la inmensa oportunidad de registrar a empresas propias de los candidatos como proveedores o prestadores de servicios para su propia campaña. Destinando así una cuantiosa y sustanciosa suma de presupuesto totalmente LEGAL destinada por el INE, a sus bolsillos propios, claro está sin afectar ni ilegitimar tampoco la regulación de procesos internos en sus partidos.

FRANCISCO ULIBARRI / En Curva / Abril 13 de 2018.