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Festejo de Don Ponciano Arriaga, colegiación y certificación obligatorias

Acusando toda la potosinidad que me llena de orgullo, en esta ocasión bordearé espero de manera concreta el tópico de la Colegiación y Certificación Obligatorias, hago referencia al orgullo potosino y es propicia la ocasión para el asunto de marras, porque los abogados potosinos tenemos la singularidad de celebrar el Día del Abogado el 19 de Noviembre en honor al gran jurista liberal potosino Don Ponciano Arriaga Leija, precursor de la Defensoría de Oficio y Constituyente Mexicano. Sí, ese, el señor de bronce que se encuentra custodiando el acceso al inmueble que se ubica en la esquina de la calle de Cuauhtémoc y Tomasa Esteves, de donde tuvimos la fortuna de egresar algunos de los muchos abogados que actualmente confluimos y convivimos cotidianamente en nuestro heterogéneo Estado, las razones para celebrar son absolutamente justificadas, pero también deberá ser momento para la reflexión y el análisis de lo trabajado y lo que falta por hacer como gremio.

Fue el 18 de febrero del 2014 cuando la hoy Secretaría de la Función Pública, antes Procuradora General de la República y en ese entonces Senadora Arely Gómez González, presentó conjuntamente con los también Senadores Miguel Romo Medina, Roberto Gil Zuarth, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Camacho Solís, Enrique Burgos García y María Cristina Díaz Salazar, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias, este documento es cuando menos el tercer intento por parte de un grupo muy poderoso de abogados que ubican que el libelo en cuestión es la solución perfecta para promover un mejor control ético, desarrollo profesional y de actualización de los agremiados.

La exposición de motivos de la referida iniciativa acusa manufactura legislativa sobresaliente, es decir no obstante que la pretensión de nueva ley no solo atañe al ejercicio de los juristas sino a todos aquellos profesionistas que por su naturaleza guarden relación con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas, es decir, aquí entran médicos, contadores, ingenieros, arquitectos, etcétera, lo cierto es que el documento bien parece ajustado y realizado por y para juristas, además de que algunos profesionistas mencionados ya cuentan con certificaciones, así que probablemente la reforma no les resulte sorprendente o incomoda, el tema es que la iniciativa, de la lectura de la exposición de motivos hasta parece ser un documento generoso y bien intencionado, habla de la necesidad de contar en todo el País para los Colegios de Profesionistas con un Código de Ética Profesional y un Órgano de Control especifico, citan un criterio de la Suprema Corte respecto de las clausulas habilitantes que permiten muchísima flexibilidad legislativa, se asegura que la Ley respeta y sobre todo reglamenta de manera muy especial la garantía contenida en el artículo 5º Constitucional, se habla de la creación de un Sistema Nacional de Profesiones, de una Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales y un Registro Nacional de Actividades Profesionales, creando también en el ámbito local los Consejos Estatales de Actividad Profesional, las asociaciones y barras se denominarían Colegios de Profesionistas y se convertirían en Entes Certificadores con vigencia de operación y refrendo de cada cinco años, además en cada Entidad solo podrían existir un máximo de cinco Colegios que recibirán profesionistas ejercientes o no ejercientes para los que solo busquen la fortaleza de la unión pero no de la certificación.

Los intentos y el debate de si la iniciativa es violatoria de garantías, si el federalismo nuevamente se encuentra amenazado, si el hecho de obligar a colegiar y certificar a un profesionista no provocará una escalada en los costos que la sociedad debe pagar con motivo de honorarios, si crear organismos intermedios que decidirán quién puede y quien no ejercer libremente su profesión no degenerará en manejos discrecionales que propicien actos de corrupción, o bien, si ya se tienen documentados casos de éxito en otras partes del mundo, o si México se encuentra listo o no para ello; en conclusión hay muchísimas aristas por donde abordar el asunto, el caso es que es un tema que debe ser discutido por todos los interesados en este País, tanto profesionales como sociedad civil en general, el anhelo de contar con profesionistas con alto grado de responsabilidad, probidad, ética y experiencia técnica es un deseo generalizado, ¿Pero será ésta la ruta? Mientras todo esto sucede ya hay una asociación civil implantando un proceso para ese efecto, estoy muy contento de ser potosino, festejo y celebro el poder contar con la licencia para ejercer el más noble oficio, pero lamento que el tema sea nota nacional y de interés para muchos profesionistas y aquí no podamos abrir el debate y prepararnos para el peor de los escenarios aunque esto no suceda, está muy fresco y en ejecución el nuevo sistema penal y la discusión se fue en repartir culpas pero no en poner manos a la obra, urge centrar la atención en los temas importantes… ¡Felicidades Amigos Abogados Potosinos!

HUITZI ORTEGA PÉREZ / Tepantlahtoani / San Luis Potosí, S.L.P. / Noviembre 14 de 2017.